La equivocada estatización de la empresa Impsa
El Estado se ha mostrado tradicionalmente ineficiente para gestionar empresas y resulta impensable que pueda ser diferente en esta ocasión
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Días atrás, con la asistencia del presidente de la Nación y gran parte de su gabinete, y con la presencia del gobernador de Mendoza, se realizó un acto para festejar la estatización de la empresa Impsa (antes Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA). La importancia dada al evento puso en evidencia el deseo del gobierno nacional de asignarle carácter emblemático. Fue una decisión que, sin duda, se encuadra en la línea del pensamiento oficial. Por lo contrario, la participación de la provincia de Mendoza en el capital de la empresa estatizada y la presencia de su gobernador, el radical Rodolfo Suárez, solo se entiende como una concesión política localista sin un contrapeso ideológico firme. Resulta contradictoria con la opinión unánime tomada por la oposición en el caso Vicentin.
Impsa ha sido una empresa destacada en la metalurgia aplicada a elementos electromecánicos altamente sofisticados. Diseña y fabrica componentes y turbinas para la generación de energía hidráulica, nuclear y eólica. Ha competido en esas áreas con grandes fabricantes internacionales. Debe reconocérseles un importante mérito a sus profesionales, sus técnicos y trabajadores especializados, liderados hasta la pérdida del control de la empresa por el ingeniero Enrique Pescarmona.
Esta valoración no es razón suficiente para estar de acuerdo con el paso dado hacia el control estatal de la empresa mediante su capitalización por los gobiernos nacional y mendocino. Además de crear un precedente nocivo y repetir experiencias fracasadas, probablemente esta será la vía más eficaz para perder la excelencia técnica lograda.
En nuestro país, el Estado se ha mostrado ineficiente para gestionar empresas en actividades aun menos exigentes. Difícil, sino imposible, es imaginar un manejo eficiente en una industria de capital intensivo que desarrolla tecnología de alto nivel. Es una empresa que opera en una actividad que debe asegurar a sus clientes la provisión de componentes de grandes proyectos en sectores críticos y el cumplimiento en calidad y tiempo.
Sería conveniente una venta de las participaciones estatales en Impsa para devolver a los contribuyentes el dinero aportado sin su anuencia y evitar que sean necesarios más aportes en el futuro
El quebranto de Impsa no fue consecuencia de fallas técnicas en su producción, sino de la caída en la insolvencia de una de sus filiales del exterior que estaba avalada por la compañía madre. Eso ocurrió en 2015 al hacerse incobrables los certificados de una importante entrega de equipos. Hubo errores en la evaluación del riesgo de cobranza, una falla grave en empresas con ventas concentradas en pocos clientes, pero que sería subsanable con mejor administración. En 2017 Impsa logró un acuerdo preventivo extraconcursal (APE) por el cual consiguió reducir una deuda de algo más de 1100 millones de dólares a aproximadamente la mitad. Los accionistas retuvieron el 35% del capital y un fideicomiso de los acreedores privados se quedó con el 65% restante.
Siendo necesario reducir aún más el endeudamiento y reforzar el capital de trabajo, Impsa continuó analizando y negociando alternativas, hasta que finalmente obtuvo un acuerdo con el gobierno nacional y el provincial. Se emitieron acciones que fueron suscriptas por ambos con una inyección en la empresa de 1767,2 millones de pesos. El capital accionario quedó distribuido de la siguiente manera: Estado nacional, 63,7%; Estado provincial, 21,2%; fideicomiso de acreedores, 9,8%, y fideicomiso familiar, 5,3%. El control, por lo tanto, es estatal.
El procedimiento de concursos y quiebras es el aplicado universalmente para subsanar la caída en falencia de una empresa. Cuando la empresa es recuperable, los acreedores acuerdan reestructurar sus créditos o aparecen inversores idóneos para comprarla o capitalizarla. La ley de concursos en la Argentina ha ido incorporando mejoras en sus sucesivas modificaciones que facilitan el proceso de dar ingreso a empresarios eficientes, sin ninguna aplicación de fondos públicos. La comprobación de la factibilidad de la empresa concursada es justamente la solución de su falencia sin recurrir a salvatajes gubernamentales. Sería a todas luces conveniente una venta de las participaciones estatales en Impsa, no solo con el fin de devolver a los contribuyentes el dinero aportado sin su anuencia, sino también para evitar que sean necesarios más aportes en el futuro y que se pierdan la calidad técnica y la competitividad de la compañía.
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