La economía de la impunidad

La historia universal ha dado muchos ejemplos de fracasos económicos debidos a ideologías erróneas o teorías mal implementadas. Pero es una verdadera rareza encontrar un país que haya sometido todo su potencial productivo al interés individual de una persona, como es el caso argentino.

Para lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner se han adoptado políticas contrarias al más elemental sentido común, buscando ganar votos en el corto plazo, aunque conduzcan a un dramático desenlace final.

¿De qué vale que los economistas que ocupan altos cargos en el gabinete de Alberto Fernández conozcan las teorías del librecambio y del proteccionismo, o las de las ventajas comparativas y competitivas, si, en definitiva, todos esos debates serán zanjados en La Plata, en función de encuestas realizadas en el conurbano?

¿De qué vale que hayan estudiado a Colbert, a Adam Smith, a David Ricardo, a Michael Porter, a Heckscher-Olin, a Paul Krugman o a Joseph Stiglitz, si el objetivo no es el bien común, sino la impunidad de la vicepresidenta? Con todos los libros quemados, solo deben escuchar sus encendidos discursos, leer sus incansables labios y seguir sus picantes tweets.

Sin ingreso de capitales, la única forma sustentable de obtener divisas para alimentar las necesidades de la producción, de la salud, del transporte y de tantos servicios que requieren importaciones, es exportar más. Sin embargo, salvo por los commodities, que aumentaron sus precios –no así su cantidad–, se exporta cada vez menos por decisión política.

La emisión electoralista presiona sobre los precios, incluyendo el dólar, unidad de cuenta y reserva de valor en la Argentina. Para llegar hasta las elecciones sin un estallido inflacionario, se ha endurecido el cepo cambiario. Como consecuencia, la “brecha” alienta la fuga de capitales y las importaciones, mientras reprime las exportaciones. Festival de pesos y festival de bonos para la victoria, aunque se ahogue la industria y se aumente la pobreza.

Desde hace décadas, la Argentina se encuentra cooptada por factores de poder que obstaculizan su competitividad y la sumergen en una autarquía asfixiante. Por más que se declarara la voluntad de promover las exportaciones, ese objetivo no podrá lograrse, por las mismas razones que impiden gobernar con sentido común. Ser competitivo exige librar una batalla contra intereses creados, creados o sostenidos precisamente por quienes hoy nos gobiernan.

Cuando se habla de “promoción” de exportaciones, nunca se propone bajar el riesgo país, el costo laboral o la presión impositiva

A la inversa de México, que ha desarrollado “factorías” exportadoras para vender barato a los estadounidenses, en la Argentina el kirchnerismo ha alentado “factorías” importadoras de Tierra del Fuego, que demandan divisas, para vender caro a los argentinos

Detrás de los altos costos que descolocan al país en los mercados mundiales, se encuentran gobernadores, sindicatos, empresarios y políticos, con quienes el Gobierno ha hecho un pacto implícito de mutua y cómplice colaboración. Pues todo costo para alguno implica un ingreso para otro. Todo costo tiene un dueño, con derechos adquiridos. Son esos los únicos derechos de propiedad que en la Argentina se respetan a rajatabla.

Las empresas requieren bajas tasas para modernizar sus plantas, su logística y sus sistemas. Con un riesgo país de 1600 puntos, eso es imposible. ¿Y cómo bajar el riesgo país, cuando se reniega del capitalismo, se desconocen los derechos de propiedad, se descree de la división de poderes, se atenta contra la independencia de la Justicia y el gobierno se alinea con China, Rusia, Cuba, Venezuela, Irán y Nicaragua?

¿Cómo bajar el riesgo país cuando Axel Kiciloff, ministro de Economía de facto, descree de la seguridad jurídica y desdeña el “clima de negocios”? ; ¿cuando Carlos Heller, comunista in pectore, preside la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados y es ahora tercer candidato del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires? Indudablemente, el riesgo seguirá aumentando, nunca bajando.

En cuanto a los costos laborales, son de tal magnitud que un tercio de los asalariados trabaja “en negro”. Los aportes compulsivos a gremios, la industria del juicio, la inflexibilidad en las tareas y los costos logísticos son abusos sectoriales que los mercados externos no están dispuestos a sufragar. ¿Cómo curar esas distrofias sin enfrentarse al sindicalismo y a quienes viven de crear rentables conflictos donde no los hay? Hugo Moyano y Héctor Recalde son cancerberos de esas conquistas del desempleo y la exclusión.

La Argentina tiene la mayor presión fiscal de América Latina, superando el promedio mundial. No se trata de una cuestión técnica que puedan solucionar los expertos. Es el resultado de un esquema netamente político. Jubilaciones sin aportes, festival de subsidios económicos y planes sociales, empleo público en Nación, provincias y municipios, explican la imposibilidad de este gobierno de reducirla sin perder su base de sustentación. Presión fiscal, para alivio judicial. Más impuestos, para la impunidad.

Por eso, cuando se habla de “promoción” de exportaciones, nunca se propone bajar el riesgo país, reducir el costo laboral o disminuir la presión impositiva. Promover las exportaciones, para el populismo, solo implica devaluar la moneda u otorgar subsidios que compensen esas distorsiones, pero sin tocarlas. Trasladan a la población los costos que no se quiere recortar, para mantener apoyos corporativos que aseguren la impunidad.

Mientras la política económica y la política exterior de la República Argentina sigan condicionadas por los objetivos personales de la vicepresidenta, el país estará cada vez más aislado y más pobre. Sin inversiones, sin integración al mundo, sin crecimiento. Sin presente para los padres, ni futuro para sus hijos. El precio de la impunidad lo pagamos todos.

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