La doble vara del Presidente y su ataque a las instituciones
A su indebida intromisión en defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Alberto Fernández sumó vergonzosas críticas contra el jefe de los fiscales
- 4 minutos de lectura'
LA NACION
Si hay alguien que no podría criticar a otros por actuar con una doble vara es precisamente el presidente Alberto Fernández, por cuanto durante años y hasta no hace mucho sostuvo con vehemencia posiciones que hoy ha borrado con el codo.
Consideró en su momento que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado, pero ahora asegura que no cabe otra hipótesis que la del suicidio; sostuvo que el acuerdo entre el gobierno de Cristina Kirchner y el de Irán solo buscó encubrir a los acusados del atentado contra la AMIA, pero no tardó en desdecirse una vez que fue ungido candidato presidencial; del mismo modo, pareció no dudar cuando, a fines de 2014, escribió en las páginas de LA NACION que “por muy progresistas que suenen sus palabras, Cristina debería ser intelectualmente más honesta”, pero hoy defiende su honestidad y su inocencia.
El compendio de contradicciones de Alberto Fernández podría resultar interminable. Por eso no puede menos que indignar que le atribuya públicamente un “doble estándar” al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, a quien acusó de no haber tenido el mismo “celo” que hoy cuando el presidente era Mauricio Macri.
Las lamentables críticas del primer mandatario al jefe de los fiscales se produjeron luego de que Casal defendiera la labor de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes solicitaron una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner en la causa Vialidad, donde la vicepresidenta es acusada de liderar una asociación ilícita que direccionó obras públicas en favor de empresas de Lázaro Báez.
Los juicios del Presidente sobre la labor de jueces y fiscales son un capítulo más de la desvergonzada embestida oficial para controlar al Poder Judicial
Casal le envió una carta al Presidente luego de que este atacara al fiscal Luciani y formulara una tan lamentable como macabra comparación entre este y Nisman. En esa misiva, el procurador general sostuvo que los dichos del primer mandatario constituían “una clara perturbación” en el ejercicio de las funciones de los fiscales de la causa Vialidad. “Esas expresiones –consideró Casal– no solo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma institución también debe velar (artículo 120 de la Constitución nacional), y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”.
La altura e independencia con que el procurador general de la Nación salió al cruce de la prepotencia del titular del Poder Ejecutivo demuestran una vez más su compromiso e idoneidad moral para ocupar el cargo, que ejerce interinamente desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
Al igual que Cristina Kirchner, Alberto Fernández habló de una “persecución judicial y mediática” contra la vicepresidenta y consideró que el juicio por la causa Vialidad era “un disparate”, en abierta violación del artículo 109 de la Constitución, por cuanto este señala que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
El jefe del Estado no puede desconocer que precisamente esa disposición constitucional lo sitúa en un lugar diferente al de cualquier ciudadano, por lo que no puede esgrimir que sus cuestionamientos públicos a la labor de la Justicia en la citada causa hacen a la libertad de expresión.
Los desafortunados juicios del Presidente sobre la labor de jueces y fiscales son un capítulo más de la desvergonzada embestida del oficialismo para controlar al Poder Judicial. Tras el fracaso de la iniciativa de reforma judicial y del proyecto para modificar la forma de nombramiento del titular del Ministerio Público sin una mayoría calificada del Senado, tendientes ambos a colonizar la Justicia, el kirchnerismo sigue recurriendo a la artera presión sobre magistrados y fiscales para conseguir impunidad en las causas por escándalos de corrupción. Un indicador más del autoritarismo que anida en una coalición gobernante a la que poco importan los principios esenciales de la república.
LA NACION
Conforme a los criterios de
Conocé más
Tipo de trabajo:
opinión
