La desaparición de Julio López y los límites del relato
Es inconcebible que un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos su principal bandera no haya esclarecido un crimen que cumple 7 años
Se han cumplido siete años de la inexplicada desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para asistir a los alegatos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad al ex comisario Miguel Etchecolatz. Pero López nunca pudo llegar a la audiencia en la Municipalidad de La Plata, donde se desarrollaba el juicio en el que había declarado como testigo en su calidad de ex detenido y desaparecido durante el último régimen militar.
Se sospecha que tras salir de su casa, este ex albañil fue secuestrado, convirtiéndose así, por segunda vez en su vida, en un desaparecido, con el agravante de que su segunda desaparición ocurrió en plena democracia.
Pese al tiempo transcurrido, poco y nada se sabe de este siniestro hecho que muestra la más absoluta indiferencia del Gobierno ante un episodio gravísimo de violación de los derechos humanos y reincidencia en las repudiables prácticas de la represión ilegal. Bajo la fachada de un falso compromiso, el kirchnerismo se limita exclusivamente a promover el enjuiciamiento de los represores que actuaron durante el gobierno militar. Los derechos humanos del pasado reciente y del presente parecen serle indiferentes.
Eso puede advertirse, por ejemplo, en los nulos avances registrados en la investigación de las voladuras de la AMIA, ocurrida en 1994, y de la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1995. En el caso de la AMIA se ha verificado como agravante el vergonzoso acuerdo firmado con Irán a raíz de una decisión inconsulta del Gobierno que no resiste el menor análisis.
De haber sido genuino el compromiso kirchnerista en favor de la defensa de los derechos humanos, el Gobierno habría puesto toda su voluntad y habría empleado todos los recursos estatales necesarios para mover cielo y tierra en procura de la aparición con vida de López o, en el peor de los casos, del hallazgo de su cuerpo, al tiempo que se identificaba y se sometía a proceso a los autores.
En cambio, estos siete años transcurridos muestran a las claras cuán hueco es el discurso oficial y cuán cobarde, oportunista y sesgada es su puesta en práctica, al arremeter exclusivamente contra los represores del proceso militar. Hacerlo contra los secuestradores y asesinos de López, quienes están en actividad, requiere una dosis de valentía y decisión.
Con motivo del séptimo aniversario del hecho impune, los organismos defensores de los derechos humanos denunciaron la existencia de "una trama extensa de complicidades" que impide el avance de la causa, a cargo del juez Manuel Blanco, y en la que no existen procesados ni detenidos.
La Unidad Fiscal Federal que investiga crímenes vinculados con el terrorismo difundió un informe en el que subrayó los constantes inconvenientes que han rodeado la causa, como un permanente ir y venir de las fuerzas de seguridad que participan o participaron en el caso, y la escasa colaboración del Ministerio de Defensa y del Ejército, que retrasan desde hace meses el envío de nueva información que les fue requerida. Los fiscales de la unidad también remarcaron la falta de personal asignado para la pesquisa y reclamaron la incorporación de una nueva fuerza de seguridad a la investigación que llevan a cabo las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria.
Salta a la vista que esa serie de trabas muestra ya no la indiferencia del Gobierno sino la voluntad de impedir el avance de la investigación. El por qué es un misterio, y a la sombra de este misterio cobran especial envergadura los recientes dichos de Myriam Bregman, abogada de López, al sostener que el oficialismo gobernante "maneja a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y a la Policía Federal", organismos que "han tratado de que las pruebas se vayan disolviendo en el tiempo o directamente dirigirlas hacia otro lado."
Mientras la desaparición de López permanezca impune, el mensaje sobre qué suerte pueden correr quienes se atrevan a testificar en juicios por delitos graves de cualquier clase mantendrá una siniestra vigencia.
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