La defensa del público es su libre elección

La decisión del gobierno nacional de intervenir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual confirma lo que se venía sospechando desde hace más de una década: ese organismo, creado durante el gobierno de Cristina Kirchner, no solo tenía como objetivo el control y el intento de sometimiento de los medios independientes a los designios gubernamentales, sino también ser otra guarida donde ubicar amigos del poder para dilapidar fondos públicos en actividades innecesarias cuando no reñidas con la ley.

La actual intervención se fundamenta, además, en otro procedimiento cuestionado: la titular de la Defensoría, Miriam Lewin, quien mantuvo su cargo hasta junio pasado, designó a su sucesora elevando su estatus de directora a secretaria, aunque no estaba habilitada para hacerlo. Se trata de María Celeste Conde, de estrecho vínculo con el nefasto extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabbatella, actual presidente del Comité de la Cuenca del Río Reconquista en el gobierno de Axel Kicillof.

El trámite legal de sucesión, que Lewin incumplió, determina que la titular de la Defensoría del Público debe ser designada por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Previamente, se tienen que publicar el nombre y los antecedentes del candidato para habilitar un período de observaciones e impugnaciones, lo que no ocurrió.

La decisión de la intervención del organismo se adoptó a partir de un pedido de los diputados de Pro Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, entre otros. En él se da cuenta, además, de que se gastan 235 millones de pesos mensuales solo en sueldos de 140 empleados, que en su mayoría fueron promovidos a planta permanente con las categorías más altas. Las fuertes críticas giran también en la escasa actividad de la Defensoría, que, entre enero y junio de este año, gastó 1300 millones de pesos principalmente para compras y contrataciones que incluyen el alquiler de dos edificios, servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento, además de monitoreo de medios.

Según el presupuesto actual, la Defensoría del Público tiene prevista y disponible la ejecución de 2575 millones de pesos, los que, divididos por 140 empleados, dan un promedio de 18 millones por cada uno.

Desde estas columnas, en un editorial que titulamos “Avance del Estado sobre los contenidos periodísticos”, dábamos cuenta ya en 2013 de otro punto clave por su gravedad institucional: la preocupante intromisión del poder público en la transmisión de mensajes mediante el control de la agenda de temas de los medios, una tarea por demás afín al kirchnerismo, no solo por medio de esta Defensoría, sino también mediante el uso de cualquier herramienta que se le presentara para intentar ejercer todo tipo de ilegal intervención en una actividad en la que el Estado nada tiene que hacer.

Relatábamos allí como ejemplo que la defensora del Público había inaugurado su cargo tratando de satisfacer una demanda de vecinos de Jujuy, inquietos porque la prensa no trataba los efectos que podría tener sobre su salud la utilización de un compuesto químico en los transformadores eléctricos. La entonces funcionaria se dirigió a Radio Nacional de Jujuy y a Radio Nacional para gestionar la cobertura periodística del caso. Lo que pretendía ser mostrado como una vocación humanitaria cruzó una barrera nunca antes violada: hacer que el Estado ejerciera un control sobre los contenidos que merecían o no ser comunicados en la prensa; es decir, que el Estado estableciera una censura que, en aquel caso, sirvió no para prohibir, sino para promover una información.

Apenas publicado el editorial, sin la menor vergüenza, el organismo salió al cruce diciendo que LA NACION veía amenazas donde en realidad había protección de derechos, que solo cumplía con proteger derechos de un público al que había que prestarle atención. ¿Y por qué no pedirles a los Estados por la cobertura de esos derechos basados en el análisis y cuidado que les compete respecto de cualquier actividad eventualmente perjudicial para la salud de la población? Una pregunta que, evidentemente, el supuesto “Estado presente” no solo nunca quiso responder, sino que siempre buscó la forma de tercerizar pese a que era su propia responsabilidad. Kirchnerismo explícito.

Once años después, la dudosa actividad de esa dependencia deriva en su intervención. En los fundamentos de esa medida, que se extenderá por 180 días, el Gobierno también carga contra la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio), puesto en marcha en 2020, ya durante el espantoso gobierno de Alberto Fernández, cuando se sospecha que ese organismo generó “un incremento en la contratación de personal, gastos operativos, financiamiento de manuales y publicaciones” de dudosa eficacia, y que se dedicó a estigmatizar y perseguir a periodistas por sus opiniones contrarias a las políticas de gobierno, que se preocupó por controlar lo que se decía en redes sociales y contratar a asesores militantes, llegándose a utilizar partidas abultadísimas de dineros públicos en objetivos no autorizados. Todos fines espurios, cuando no ilegales.

La historia con el kirchnerismo resultó siempre circular: crear una dependencia para sacar de ella provecho político o monetario en favor de amigos del poder. Es hora de terminar con estas aberraciones que se jactan de reconocer derechos que terminan en beneficio exclusivo de determinados grupos, en claro y abierto desmedro de los verdaderos derechos del conjunto de la ciudadanía. Y de castigar con toda la fuerza de la ley a los responsables de semejantes irresponsabilidades.