La crisis política peruana
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El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta una nueva investigación. Es la sexta desde que asumió el poder, ligada a una sospecha de corrupción en la adjudicación de dos obras públicas, que gira en torno a su cuñada. El Ministerio Público indicó que la nueva pesquisa involucra al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quien antes estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda.
Según la tesis fiscal, Alvarado coordinaba de manera ilegal, con conocimiento del mandatario, la adjudicación de obras de infraestructura a empresas de conocidos de Castillo. Específicamente, a una compañía en la que trabajaba la cuñada del jefe del Estado, Yenifer Paredes, detenida en Lima.
Tras más de un año de haber asumido Castillo, además de las investigaciones judiciales que se le abrieron, ha afrontado dos intentos de destitución en el Congreso, que no llegaron a obtener los votos necesarios para separarlo del cargo. Es un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo bastante particular, pues el presidente peruano cuenta con un índice de desaprobación del 70% en la opinión pública, en tanto el Parlamento tiene el 81% de desaprobación.
La fiscalía considera que hay indicios de que Castillo encabeza una organización criminal que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales, pues tiene inmunidad hasta fin de su mandato, en 2026. El presidente peruano defendió su gestión en un mensaje al país, aunque admitió haber cometido errores y atribuyó la ofensiva judicial a una campaña mediática para destituirlo.
Para agravar aún más la crisis, los dirigentes de Perú Libre, el partido marxista que llevó a Castillo al poder, pidieron al gobernante renunciar de manera indeclinable a su militancia tras acusarlo de implantar un programa neoliberal perdedor y promover la fractura interna de su bancada, que en las elecciones de 2021 resultó la más votada, con 37 legisladores, de los que hoy solo quedan 16.
A la par del derrumbe político, Perú está soportando una fuerte alza de precios, entre otros, ha subido el valor de los combustibles y de los alimentos, situación que golpea a una población con un 30% de pobreza.
Como en muchos otros países del continente, el costo y calidad de vida aumentaron considerablemente, pero no así el sueldo de los peruanos, frustrados e inquietos ante las dificultades que enfrenta el gobierno.
Su gestión no se ha caracterizado por aciertos ni por haber podido darle coherencia y eficiencia a la administración pública. A cambio, ha demostrado un alto grado de improvisación y falta de conocimiento. Mientras la oposición intensifica sus demandas para que renuncie o, al menos, considere plantear un adelanto de las elecciones, la crisis sigue golpeando fuertemente a los peruanos, quienes demandan gobernantes capaces y honestos para resolverla, así como el retorno a la senda de estabilidad democrática que ponga fin a la crispación política y a la conflictividad entre los poderes del Estado.
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