La Corte, frente al juego sucio de la política
Resultan tan escandalosas como lamentables las reacciones de cierta dirigencia cuando la mayor autoridad judicial le ordena dejar de violar la Constitución
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LA NACION
No son casos aislados, sino parte de una burda estrategia destinada a perpetuarse en el poder. Eso los lleva a defender lo indefendible, a violar las leyes a la espera de que no se note y, cuando la Justicia les descubre el juego y les pone límites, rápidamente adoptan el papel de falsas víctimas. En ese contexto deben leerse las tan airadas como grotescas reacciones del Presidente y del gobernador bonaerense, entre otros representantes del oficialismo, respecto de los dos fallos de anteayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante los cuales suspendió los procesos electorales en San Juan y Tucumán, originalmente previstos para el próximo domingo.
Según Alberto Fernández, esa decisión del máximo tribunal del país, última garantía e intérprete de la Constitución, “deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces”. Conforme los dichos de Axel Kicillof, “cuatro tipos que no fueron elegidos no pueden llevarse puesto un proceso electoral”. La falta de racionalidad y el exceso de ignorancia institucional que los caracterizan nos exime de mayores comentarios.
Si bien la Corte no se pronunció anteayer sobre el fondo de la cuestión, decidió dar a ambas provincias un plazo de cinco días para su descargo, lo cual impide de hecho la realización de los comicios del domingo, por cuanto el tema debe seguir siendo analizado luego por el alto tribunal.
Ambos fallos resultan sumamente importantes porque, entre otros puntos de relevancia, la Corte asume que en estos casos no se trata de un conflicto provincial en el que no se vería obligada a intervenir, como provocadora y engañosamente ha querido hacer notar el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Por el contrario, dejan en claro que, si bien nuestro texto constitucional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal, en ambos amparos se ha denunciado la afectación de expresas disposiciones de la Constitución nacional “que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno que las provincias se obligan a respetar”.
En el caso de Sergio Uñac, quien se postulaba para un nuevo mandato al frente del Poder Ejecutivo sanjuanino, el artículo 175 de la Constitución provincial dispone que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. Pues bien, Uñac resultó elegido vicegobernador para el período 2011-2015, fue gobernador entre 2015-2019 y lo sigue siendo para el tramo 2019-2023. Ocupó, entonces de manera íntegra y consecutiva, tres períodos de gobierno, lo que implica que está inhabilitado constitucionalmente para presentarse a competir por uno más de forma inmediata.
Precisamente, los denunciantes sostuvieron en su pedido de amparo ante la Corte que el hecho de que el Tribunal Electoral de San Juan haya habilitado a Uñac para una nueva candidatura “desconoce el límite constitucional establecido, violando el principio republicano de gobierno contemplado en la Constitución nacional que exige la periodicidad en los cargos públicos”.
La estrategia de Juan Manzur en Tucumán resulta también tan escandalosa como reveladora de la vergonzante sumisión de buena parte de los poderes judiciales provinciales al gobierno de turno.
La Constitución de Tucumán dispone que los comicios no pueden realizarse con una antelación mayor a dos meses de la culminación de los mandatos. No obstante, la provincia –habilitada por una escandalosa sentencia de la disciplinada y obsecuente Justicia local– había llamado a votar el próximo domingo faltando cinco meses y medio. Además, el actual gobernador Manzur, que va por su segundo mandato consecutivo, pretendía presentarse como candidato a vicegobernador en un enroque de cargos con Osvaldo Jaldo, y habiendo sido, inmediatamente antes de estos dos períodos, vicegobernador también en dos oportunidades junto a José Alperovich. El artículo 90 de la Constitución provincial prohíbe expresamente semejante dislate.
Otro punto de enorme trascendencia de los fallos de la Corte radica en que expone dos antecedentes de peso de su propia jurisprudencia, cuando prohibió similares maniobras en otros distritos con idénticos fines.
Se trata de aquella tosca intentona del caudillo feudal Gerardo Zamora en Santiago del Estero, cuando también quiso forzar las leyes para perpetuarse en el poder y la Corte se lo prohibió. Es harto conocida la nefasta salida que encontró Zamora para seguir digitando los hilos del poder de la provincia: en su reemplazo, nominó candidata a su esposa, de modo de que todo siguiera “quedando en casa”.
En otra sentencia, la Corte declaró que Alberto Weretilneck, quien había sido elegido vicegobernador en 2011 y gobernador en 2015, estaba inhabilitado por la Constitución de Río Negro para ser candidato a gobernador para el período que comenzó el 10 de diciembre de 2019. En aquella oportunidad, el máximo tribunal consideró que esa situación presentaba “una identidad casi absoluta” con la que se había producido en 2013 con Zamora en Santiago del Estero.
“La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar –en algunos casos hasta hacerlos desaparecer– los principios republicanos que establece nuestra Constitución”, sostuvo de forma contundente la Corte en fundamentos de su jurisprudencia.
Celebramos que se hayan vuelto a poner las cosas en su justo punto suspendiendo dos procesos electorales viciados de ilegalidad.
Como hemos venido diciendo desde estas columnas, habilitar a estos personeros de la sucia política a salirse con la suya, violando las leyes, abriría las puertas a muchos otros inescrupulosos para invocar lo resuelto en su propio beneficio y a espaldas de los castigados ciudadanos, saturados de los abusos del poder.
Que nuestro Presidente afirme que “se trata de una clara intromisión en el proceso democrático” confirma cuán subvertidos están los valores para el oficialismo. Lo resuelto por la Corte Suprema no hace más que defender el sano devenir democrático que quienes nos gobiernan se empecinan en pisotear.
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