La causa cuadernos, hoy
Empresarios que admitieron haber pagado coimas intentan adaptar sus confesiones al paladar de los funcionarios del kirchnerismo involucrados
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LA NACION
Los empresarios involucrados hacen sus cálculos en medio de la vida procesal de la causa cuadernos. A tres años y medio de aquel octubre de confesiones, ahora todos vuelven a medir sus palabras, revisan sus estrategias y se desdicen sin siquiera ruborizarse.
Además del paso del tiempo, lo que cambió es el vértice del poder. El espacio político acusado de la más impresionante trama de corrupción de toda la historia de la Argentina es ahora gobierno. Ese nuevo escenario conllevó múltiples consecuencias, la principal es que el kirchnerismo ha vuelto a detentar el monopolio del miedo. Los empresarios, que alguna vez le tuvieron temor a la Justicia, ahora vuelven a temerle al oficialismo.
Este movimiento que parece menor es, sin embargo, muy significativo. Los supuestos arrepentidos de entonces, con poco apego a la verdad y lejos de afligirse, tratan de hacer una alquimia discursiva para no ser tan asertivos. Nadie quiere hacer enojar al león. O a la leona…
Aquellos retornos confesados de agosto de 2018 son ahora “aportes de campaña” que no se asentaron en los registros electorales. El desapego a la verdad es tan flagrante como el desprecio a la Justicia y a la ciudadanía.
Además, hay un hecho que no les pasa inadvertido. La burguesía kirchnerista o el capitalismo de amigos –Cristóbal López, Fabián de Sousa, Lázaro Báez o Gerardo Ferreyra, por caso– se han refugiado en la estrategia judicial de la persecución y el apego a los dichos más rancios de la defensa de Cristina Kirchner.
Báez obtuvo su arresto domiciliario; Ferreyra se ilusiona con un futuro mejor, y López y de Sousa han recuperado posiciones, reactivando sus negocios y hasta con adjudicaciones o pagos del Estado que los premia.
Tomemos por caso a CPC, la constructora de Cristóbal López, que fue beneficiada hace pocos días con el otorgamiento de un contrato para construir un tramo de mejoras en la ruta 5, entre Mercedes y Suipacha, por 3900 millones de pesos.
“¿Por qué decir la verdad si se premia a los que mintieron?”, se preguntan algunos de los empresarios prebendarios que conocen pocos negocios fuera de la mano cómplice del Estado.
Tratan de hacer una alquimia discursiva. Nadie quiere enojar al león. O a la leona
La trama corrupta fue descripta por varios de los protagonistas. Carlos Wagner, durante diez años presidente de la Cámara de la Construcción –recordada como la Cámara Argentina de la Corrupción– en los primeros gobiernos kirchneristas, contó con detalles de orfebre cómo se cartelizaban, cómo se dividían las obras y cuánto dinero devolvían a los funcionarios. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, ante una llamada a licitación, los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para acordar el ganador”, relató el empresario.
Pero ahí no quedaron los detalles. Wagner dijo que el porcentaje del anticipo financiero era de entre el 10 y el 20 por ciento del total de la obra: “Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno”. Finalmente completó: “Roberto Baratta disponía quién iba a recaudar; lo mismo el ingeniero [José] López. Ambos disponían qué persona pasaba a retirar el dinero y por dónde. Eso se mantuvo en el tiempo, siempre fue así”. Recordemos que Baratta fue, entre 2003 y 2015, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal. Ricardo Jaime fue su secretario de Transporte, hasta que renunció acorralado por otras denuncias de corrupción que terminaron por llevarlo a la cárcel
Debajo de esa completa confesión de Wagner, que ahora intentaría modificar, hubo decenas de pruebas que confirmaban los dichos. Sin ir más lejos, su sucesor en la presidencia de la controvertida Cámara, el empresario Juan Chediak, declaró que pagaba personalmente en el departamento de De Vido, o que llevaba el dinero y lo dejaba en el baño de su despacho en el ministerio, el mismo lugar en que se encontraron los fajos de dólares de Felisa Miceli.
Años atrás, en épocas de Cambiemos en el poder, en una entrevista radial al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, Chediak, afirmó: “Cristina, De Vido y José López sabían perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras”.
Hace poco tiempo compareció, sin embargo, en el caso de obra pública. “¿Usted pudo establecer privilegios en favor de algún tipo de empresa en particular?”, se le preguntó. “No, preferencias, no”, dijo el ahora desmemoriado constructor, que varias veces apeló al trillado pretexto de su dificultad para recordar cosas que muchos magistrados, que prefieren pasar por tontos antes que hacer respetar la ley –y su investidura–, aceptan sin chistar.
Decenas de empresarios, sin embargo, contaron cómo, dónde y a quién pagaban sobornos. Entre ellos, Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux; Ángel Calcaterra, primo del expresidente Macri; Aldo Roggio, de Metrovías; o Gabriel Romero, de Emepa, Ferrovías y la Hidrovía. Este último fue muy preciso: dijo que pagó 600.000 dólares para renovar la concesión del dragado. La actual vicepresidenta le juró venganza y hoy fue desplazado de aquella jugosa concesión.
Ernesto Clarens, el financista cercano a la familia Kirchner y al fallecido banquero Jorge Brito, entregó un listado con los nombres y los montos que cada empresario al que se le adjudicaba una obra habría de pagar. Contó que Vialidad Nacional le mandaba los listados de los pagos que hacía y que su trabajo consistía en llamar a cada uno y pedirles el porcentaje correspondiente.
Docenas de constructores confirmaron ese sistema corrupto de recaudación. ¿Cuántos de esos empresarios recalcularán sus dichos? Pronto, algunos o muchos de ellos esgrimirán que no pagaban coimas, sino que le abonaban a un gestor oficioso, Ernesto Clarens, que les tramitaba sus pagos en Vialidad. ¿Por qué? Porque la coartada legal consiste en que, al no haber funcionarios públicos implicados, no hay delito.
Intentarán contribuir a la farsa con sus dichos ahora adulterados al paladar del kirchnerismo gobernante. A algunos de ellos jamás les importó la verdad y siempre midieron sus palabras. Antes lo hicieron impregnados por el temor a la Justicia. Ahora, actúan influidos por el miedo a Cristina Kirchner y seducidos por los negocios y las recompensas que ser fieles a la mentira les promete una vez más. La verdad, tarde o temprano, siempre se impone. Deberían saberlo estos empresarios al mirarse al espejo.
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