Justicia: politizadas e interesadas objeciones

Cuando comenzaron a conocerse los nombres de quienes acompañarían al nuevo presidente en responsabilidades ministeriales, el de Marcela Losardo fue recibido con gran beneplácito en la comunidad jurídica. Se trata de una profesional de larga trayectoria, que mantiene un diálogo fluido con todos los sectores y que porta un mensaje de convivencia y superación de las penosas consecuencias que la triste y famosa "grieta" ha dejado en Comodoro Py.

Sin embargo, este auspicioso impulso se vio bien pronto frenado por una serie de señales que nos indican que, lamentablemente, los viejos fantasmas de la intolerancia y los ataques contra la independencia judicial se han instalado nuevamente entre nosotros, a tal punto que dirigentes de la oposición denuncian un plan kirchnerista para someter a la Justicia. Hay datos claros y contundentes de que se pretende ir en ese sentido, entre ellos, el proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, la constante mención a un lawfare inexistente y la derogación del decreto sobre protección de testigos.

En esa dirección también se inscribe la designación de Juan Martín Mena como secretario de Justicia, quien debería ser automáticamente descalificado por su implicancia en los oscuros manejos que llevaron a la firma del tratado con Irán, los que le valieron el dictado de un procesamiento y su juzgamiento en un juicio oral aún pendiente de concreción. La mínima prudencia aconsejaba no traer a la función pública a quien enfrenta tan grave imputación, por lo menos hasta que la Justicia dicte su veredicto. A ello se une su pasado como activo agente de la AFI, ex-SIDE, en una época en que el organismo enfrenta serios y graves reproches.

También la designación del fiscal Félix Crous al frente de la Oficina Anticorrupción responde abiertamente a la incondicional adscripción del funcionario a los postulados del kirchnerismo y de su agrupación afín, Justicia Legítima, tal como él mismo lo ha admitido públicamente al expresar que adhiere a esa ideología.

Resulta alarmante además que, escondida detrás de amenazas de recortes de haberes jubilatorios, el Gobierno despliegue otra deplorable estrategia, consistente en provocar una catarata de renuncias de magistrados independientes y probos para poder ubicar en sus puestos a jueces afines.

En el mismo preocupante contexto debe considerarse una tan insistente como injustificada campaña lanzada desde ciertos sectores, objetando los traslados de los jueces de cámara del fuero criminal y correccional federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Se trata de magistrados de larga e intachable trayectoria en la Justicia Federal, que desde hacía años venían desempeñándose como jueces de tribunales orales federales, con rango de jueces de cámara, designados con acuerdo del Senado y observando todos los requisitos legales. Su traslado a la Cámara Federal cumplió todas las exigencias normativas: se trataba de magistrados designados con respaldo senatorial para el mismo fuero y la misma jerarquía, tenían la antigüedad necesaria, existía una vacante en el puesto al cual se los trasladaría, no se había llamado a concurso para cubrirlo y ellos consentían el traslado dispuesto. Su situación no difiere de muchos otros casos de traslados cumplidos desde la creación del Consejo de la Magistratura (más de 60), 23 de ellos paradójicamente concretados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero tan interesada como curiosamente las voces detractoras se refieren únicamente a estos dos traslados y guardan silencio respecto de los anteriores. Es más, tampoco nada dicen de antecedentes que sí ofrecieron en su momento serias objeciones, como cuando en 2015 se aprobó por una ajustada mayoría del Consejo de la Magistratura el traslado de una jueza federal de primera instancia de Oberá, Misiones, al Juzgado Federal de Posadas, que tenía una competencia material diferente, por incluir una competencia electoral específica de la que el juzgado de Oberá carecía.

Respecto de los jueces Bruglia y Bertuzzi, cabe aclarar que la Magistratura aprobó los traslados con amplias mayorías, superiores a las mínimas requeridas para su validez, y partió de este organismo el pedido al Poder Ejecutivo para el nombramiento en el cargo que había quedado vacante.

En el caso concreto de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital, la existencia durante un tiempo de cuatro vacantes en un tribunal cuya composición es de seis miembros explica que se echara mano de un mecanismo como es el traslado de magistrados para evitar el riesgo de que aquel colapsara por falta de jueces aptos para resolver.

Por si ello fuera poco, la Corte Suprema dictó en abril de 2018 una acordada destinada a aclarar la situación de aquellos jueces que habían sido objeto de traslados y que, en razón de una acordada previa de la Corte de ese mismo año, había suscitado dudas en cuanto a la validez general del régimen de traslados.

La acordada así dictada, a petición de estos organismos, dejó absolutamente en claro que en los casos de pases de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía, con igual o similar competencia material, en tanto cuenten con la aceptación del magistrado respectivo, "no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación". Esa misma acordada reservó para traslados diferentes a estos, por ejemplo los de jueces de un tribunal nacional a uno del orden federal, la indicación de que los jueces así designados debían cesar en su nuevo cargo una vez que se concluya con su cobertura por el procedimiento que indica la Constitución. Y fue solo en función de estos pases objetados por la Corte (no los de los jueces Bruglia y Bertuzzi) que el alto tribunal hizo notar que el mecanismo de traslado de jueces era un sistema de marcada excepcionalidad. Incluso, el antecedente del traslado de Bruglia fue citado por el Ministerio de Justicia al requerir de la Corte precisiones en cuanto a su validez, y así lo hizo notar la acordada citada al pronunciarse en favor de su legitimidad.

Debemos concluir entonces sin esfuerzo que, simulando una inexistente objeción institucional, lo que en realidad se busca es apartar de sus cargos a quienes han dictado pronunciamientos que confirmaron fallos contrarios a Cristina Kirchner o sus seguidores, procurando obtener dos codiciadas vacantes en el tribunal que, nada más y nada menos, ejerce el control de la actuación de los 12 jueces federales de esta ciudad.

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