Juicio a exjefes de las FARC
LA NACION
En una decisión histórica, la Justicia Especial de Paz (JEP) de Colombia acusó a ocho exjefes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por secuestro y crímenes de guerra durante el conflicto armado.
La JEP, un tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, determinó que los ocho miembros del secretariado de las FARC tuvieron responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados.
Según Ingrid Betancourt, dirigente política a quien las FARC mantuvieron secuestrada por más de seis años, la referida imputación "es un hito" y reclamó que se imponga la pena máxima a los acusados. Se trata de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; Julián Gallo; Pablo Catatumbo; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel; Juan Hermildo Cabrera; Pastor Alape, y Rodrigo Granda. Todos deberán responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos.
El secuestro indiscriminado fue una estrategia ordenada desde las máximas instancias de las FARC como "parte de una política que convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor del intercambio por el dinero que tenían y que podían reportar a la organización", sostuvo el tribunal, que rechazó las pretensiones de los acusados con las que buscaban justificar sus atroces delitos y les dio plazo de 30 días –que vence a fines del corriente mes– para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados. Si reconocen su participación, recibirán sanciones alternativas, que contemplan restricciones efectivas de la libertad hasta por ocho años. Si, por el contrario, se negaran a asumir su responsabilidad, se expondrán a la apertura de un juicio criminal que los podría llevar a prisión por 20 años.
La imputación de la JEP al antiguo secretariado de la guerrilla constituye un procedimiento que aporta verdad y reparación a las víctimas, toda vez que obliga a los exjefes guerrilleros a revelar todo lo ocurrido con los secuestrados y a entregar información sobre su paradero a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de manera de poner fin a la agonía de las familias y a este aberrante capítulo del conflicto armado en Colombia.
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