Juicio a la impunidad del poder
Las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género incrementaron en un 50% los llamados a la línea 144
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La violencia es noticia y mucho más cuando desde la esfera privada salta a la pública, potenciada por el morbo y la cuota de voyeurismo social, que tantas veces no sabe de límites. Si la han sufrido figuras públicas, como una ex primera dama, no es difícil imaginar cómo no habrán de padecerla miles de mujeres más que no tienen a quién recurrir para pedir protección. Se registran más de 2500 víctimas de femicidio en una década en la Argentina y 78 en lo que va del año hasta abril.
A partir de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, los llamados a la línea 144 aumentaron en un 50%, una sororidad doliente, protagonista de inconfesables situaciones en las que el poder del otro las somete intramuros.
En junio pasado, José Alperovich, denunciado por abusar sexualmente de su sobrina, fue condenado por el juez federal Juan Ramos Padilla a 16 años de prisión. No le bastaron sus millones ni su poder construido en años de feudalismo para silenciar a su víctima y exempleada, quien lo acusó de nueve abusos sexuales en un contexto de violencia laboral y de género. Casi cinco años de instancias procesales transcurrieron, incluidos peritajes psicológicos que confirmaron un “trauma cristalizado” en la psiquis de la joven. En estos días se conocieron los contundentes fundamentos de esta tan histórica como ejemplificadora sentencia, mientras él cumple prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza.
Apenas un mes después de la condena al exgobernador tucumano, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de Fernando Espinoza, quien transita el cuarto mandato al frente del mayor municipio bonaerense, La Matanza. Descartada la idea de que había sido víctima de una operación política para desacreditarlo, acusado de abuso sexual contra su exsecretaria privada Melody Rakauskas, en 2021, justo antes de las elecciones legislativas de ese año, tampoco tuvo éxito en sus esfuerzos por lograr que la víctima retirara su denuncia. Incurrió para esto en desobediencia de una orden judicial que le prohibía acercarse a ella.
En su afán por desacreditar a la denunciante, cuestionando la credibilidad de su relato y su salud mental, Espinoza apeló ante la Cámara del Crimen, lo cual frena, por ahora, el pedido de la querella de ir directamente al juicio oral.
Espinoza sumó incluso otra denuncia por haber utilizado recursos públicos para seducir a su entonces secretaria, a quien le habría dado un contrato “en negro”, además de haber utilizado custodios y autos oficiales en sus visitas privadas a la joven. Esta denuncia por los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y/o malversación de caudales, presentada por el excandidato a intendente Eduardo Creus (JxC), involucró también a otros. Requirió asimismo el secuestro de todos los legajos de personal y los celulares del principal acusado y de Claudio Lentini, jefe de Gabinete, y Gustavo Oscar Cilia, empresario amigo de Espinoza y expareja de la denunciante.
“Existe semiplena prueba sobre su culpabilidad”, afirmó la diputada Silvana Giudici (Pro), quien se hacía eco de un reclamo mayoritario para que Espinoza fuera apartado del cargo hasta tanto se resolviera la causa. Lejos de esto, Espinoza contó y cuenta con el silencio cómplice, cuando no la adhesión expresa, de la dirigencia peronista, incluido el gobernador Axel Kicillof, que, lejos de soltarle la mano como ocurrió con Alperovich cuando cayó en desgracia, parecen todavía asegurarle un aliviador blindaje. En la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria se negó a acompañar un repudio a Espinoza, abroquelado detrás de oscuros negocios y presiones.
Confirmando que una imagen vale más que mil palabras, el rostro golpeado de la expareja de Alberto Fernández bastó para que muchos apoyaran su denuncia y defenestraran a su agresor. Pocos conocen el rostro de Melody Rakauskas. La violencia tiene denominadores comunes y cómo se paran los maltratadores en la escena depende también del alcance de sus fuerzas para resistir la reprobación. A Fernández, al igual que a Alperovich, le soltaron la mano. Por alguna secreta razón que seguramente la historia eventualmente permitirá develar, no ocurre lo mismo con Espinoza. Y la situación revictimiza a la víctima, mientras el proceso judicial avanza, cuando en el entorno todos juegan a que aquí no ha pasado nada y sonríen para la foto.
Causas como las de Alperovich, Espinoza o Fernández afloran a la superficie por la relevancia de sus protagonistas. Hay muchas más que involucran a funcionarios. Por ejemplo, Héctor “Chabay” Ruiz, cinco veces intendente de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero; José Soloaga (UP), quien ejerce su tercer mandato al frente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco (Santa Cruz), denunciado por abuso sexual simple contra Macarena Barrionuevo, una joven que, en 2017, realizaba un trámite en la comuna y a quien Soloaga le habría propuesto sexo a cambio de otorgarle la parcela fiscal, y más recientemente, Mauro Rojas, extesorero de la Municipalidad de Hurlingham.
El Observatorio Lucía Pérez, un espacio autogestivo contra la violencia patriarcal, registra hasta hoy a 531 funcionarios de distinta filiación política, de los tres poderes del Estado, así como representantes de las fuerzas de seguridad y eclesiásticos, denunciados en los últimos cuatro años.
Una condena que recae sobre un pez gordo merece ser amplificada pues aumenta su poder ejemplificador y alienta a denunciar. El valor que se necesita para enfrentar a los poderosos, sea en territorios feudales o en pagos chicos, es enorme y se deben arbitrar los medios para que las causas puedan prosperar cuando lo ameriten, sin que los amigos del poder hagan de las suyas en favor de la impunidad. Prisión e inhabilitación de por vida para la función pública es lo menos que debe corresponderles. La condena social hará el resto.
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