Juez Bento, una mancha que afecta a toda la Justicia
Un Estado no puede tolerar la corrupción entre los magistrados ni permitir que estos dicten sentencias cuando están procesados por hechos escandalosos
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LA NACION
A partir de las recientes incorporaciones de nuevos miembros titulares al Consejo de la Magistratura, creado con la reforma constitucional de 1994 para contribuir a mejorar la calidad de los integrantes del Poder Judicial, se perciben algunos atisbos de cambio.
En los últimos tiempos, hemos asistido a distintos casos de exjueces con escandalosas conductas, como el del fallecido Norberto Oyarbide y el de Rodolfo Canicoba Corral, que lograron evitar sus enjuiciamientos gracias a sus conexiones políticas. Y más recientemente hemos asistido a maniobras dilatorias en la investigación penal contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficiar a presos en causas por contrabando, narcotráfico y trata de personas.
Abren favorables expectativas las noticias sobre la posible remoción de las trabas burocráticas que por un año y medio impidieron la suspensión y eventual destitución de este juez federal mendocino, con prisión preventiva ordenada por el juez Eduardo Puigdéngolas y confirmada por la Cámara Federal. Estas demoras, en las que tuvo que ver el consejero en representación de los magistrados Alberto Lugones, permitieron que el mamarrachesco Bento llegara al colmo de postularse al concurso para cubrir una vacante en la Cámara de Casación Federal Penal de Mendoza.
Esta vergonzosa situación llevó en abril último al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Manuel Pizarro, a solicitar al Consejo de la Magistratura que, mientras se tramite la suspensión del juez Bento, se autorice el traslado de su juzgado a otro edificio habida cuenta del impacto institucional y mediático de su permanencia, los problemas de convivencia con los otros magistrados y la afectación del prestigio de la Justicia.
En las causas que se tramitan ya hay treinta imputados; entre ellos, abogados y oficiales de la policía, la esposa del juez, Marta Isabel Boiza –suspendida como prosecretaria administrativa del juzgado federal 3 de Mendoza–, y sus dos hijos. Además, se detectaron inconsistencias en el cotejo de las declaraciones juradas de Bento.
Las pericias, realizadas por profesionales de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, elevados al consejero Pablo Tonelli, a cargo de la acusación en el Consejo de la Magistratura, son otra prueba concluyente que muestra la degradación a la que el partidismo faccioso y cómplice ha llevado a parte de la Justicia, pero que empaña a todo el Poder Judicial.
Uno de los problemas institucionales de la Argentina es el trapiche en la designación de jueces federales. En opinión de los gobernadores feudales y patrimonialistas, una buena Justicia es la que tolera o es cómplice de sus demasías institucionales y sus corrupciones. Es demasiado extensa la lista de los que acceden a esos cargos sin acreditar en antecedentes y exámenes la solvencia necesaria. No es un secreto que en esas negociaciones los gobernadores buscan hacer designar a amigos de la política para garantizarse protección e impunidad.
En el escandaloso caso de Bento, se ha cruzado un límite peligroso. Las actuaciones judiciales indican que se está protegiendo a un delincuente contumaz, cómplice de narcotraficantes, que no dudó en encarcelar y hacer torturar, con acusaciones falsas, a personas que se negaban a pagarle sobornos.
Esto revela la vergonzosa catadura moral del magistrado y sus protectores, sean ellos afines en la política partidaria o integren un cuerpo como el Consejo de la Magistratura.
Un Estado puede tolerar muchos defectos en su dirigencia, pero debe ser muy exigente con quienes integran el Poder Judicial, pues a ellos les cabe decidir sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los ciudadanos.
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