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Jueces mediáticos
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Los recientes y muy publicitados allanamientos contra personas, bancos, empresas y hasta cajas de seguridad, dispuestos por los magistrados María R. Servini de Cubría y Norberto Oyharbide, han ganado difusión y estado público con una completa desaprensión por el buen nombre, el honor y los sentimientos de las personas afectadas, que bien pueden no estar vinculadas con los delitos investigados.
No se sabe por qué vía los datos de los clientes del Banco General de Negocios llegaron a los distintos medios periodísticos. Lo concreto es que los nombres de un importante número de personas han sido vinculados a posibles delitos y que se ha hecho conocer públicamente el monto de sus depósitos. Todo ello puede ocasionar un grave daño moral a quienes en definitiva resulten inocentes del cargo que se les imputa.
La relación de los particulares con los bancos es, en principio, una cuestión personal y privada. No olvidemos que durante mucho tiempo el secreto bancario fue prácticamente inviolable. Si un juez requiere datos acerca de los clientes de un banco y sus operaciones, esta información no puede serle negada, pero debe ser puesta a muy buen resguardo por el juzgado hasta tanto se tenga un conocimiento preciso de los hechos en cuestión. De este modo, cuando se difunda la información estará vinculada a la situación real de las personas involucradas y no a especulaciones que pueden carecer de fundamento. La difusión de una lista cuyos integrantes fueron distorsivamente calificados de "ricos y famosos" fue, además, inconveniente. En un momento de crisis y de delicada conflictividad social, presentar sin fundamento a una parte de la sociedad que comete presuntos delitos en perjuicio de los demás habitantes puede atentar contra la paz social y puede contribuir a recrear falsos antagonismos y resentimientos.
Otros perjuicios recientes -provocados también por vía judicial- fueron los múltiples allanamientos originados por el supuesto envío al extranjero de una suma del orden de 20.000 millones de dólares estadounidenses en billetes, a cuyo fin, de acuerdo con afirmaciones periodísticas, se habrían utilizado 358 camiones transportadores de caudales. Para cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de lo que significan estas sumas en billetes, el riesgo que genera su transporte físico y cómo se suele hacer la transferencia de cantidades de esa importancia, las hipótesis que dieron lugar a los allanamientos carecen de todo sustento. Antes de tomar estas medidas de fuerza, gran parte de la información pudo obtenerse a través de organismos oficiales como el Banco Central de la República Argentina y la Aduana, lo cual habría evitado sensacionalismos que nada aportan.
En momentos como los que vive el país, con los ánimos fuertemente sensibilizados por los acontecimientos que son de conocimiento público, deben extremarse los cuidados para no estigmatizar personas, actividades o instituciones. Por más que en ocasiones algunas de ellas puedan ser merecedoras de graves reproches éticos o legales, el hecho no invalida la institución ni descalifica necesariamente el sistema. Ni todos los banqueros son perversos ni todos los jueces corruptos, como parece desprenderse de ciertas protestas indiscriminadas o de determinada prensa sensacionalista e irresponsable.
Tampoco ha sido prudente que el primer magistrado haya expresado públicamente que le importa "un comino" que puedan "caerse" uno o dos bancos. La afirmación no puede dejar de sorprender si se tiene en cuenta que proviene del presidente de la Nación y si se considera que la quiebra de esas instituciones supondría la desaparición de muchos puestos de trabajo y la pérdida de millones de pesos de propiedad de los depositantes.
Parece poco probable que el afán por huir del incómodo corralito bancario pueda ser considerado delito de subversión económica. Por otra parte, es un hecho incuestionable que hoy la economía de la Argentina se encuentra en gran parte subvertida, y que la causa de esa subversión no radica en que algunos ahorristas hayan podido escapar a tiempo a las restricciones que se fueron imponiendo. La fuga del "corral" es una consecuencia de la economía desquiciada, no su causa.
Los verdaderos responsables de la subversión económica que actualmente padecemos han sido las sucesivas autoridades nacionales, provinciales y municipales que endeudaron a sus administraciones mucho más allá de sus posibilidades de pago. Las causas del actual descalabro deben buscarse en las contrataciones de "ñoquis" y asesores tan caros como prescindibles, en el otorgamiento de jubilaciones de privilegio o pensiones graciables a quienes no las merecen, en los sueldos y dietas fuera de toda proporción con nuestra realidad y en todas las otras formas de corrupción que se instauraron en las últimas décadas, todo lo cual ha hecho de nuestra Argentina un país "insustentable".
Si en el curso de la investigación han aparecido otros delitos, es bueno que se los investigue hasta sus últimas consecuencias, pero siempre guardando el recato y la prudencia de la que debe hacer gala un magistrado. El juez debe ser inflexible en la búsqueda de los culpables, pero debe tener igual empeño en proteger a los eventuales inocentes. Se debe recordar siempre que la presunción de inocencia ampara a todas las personas hasta tanto se dicte sentencia que en forma definitiva establezca lo contrario.
Tanto la Justicia como buena parte de la banca están llamadas a reformarse seriamente en la República. Hemos presenciado la morosidad, la politización y la pérdida de credibilidad de la primera y la incontinencia y voracidad de la segunda, que se ha ido autolimitando en su función social de impulsora del desarrollo.
Es de desear que los jueces sean enérgicos, pero prudentes y sobrios. Y es de esperar que actúen en toda circunstancia con la seguridad de que si observan el rigor y el equilibrio debidos la comunidad sabrá recompensarlos con el reconocimiento que reserva a sus mejores ciudadanos, que no siempre son los que promueven los procesos más resonantes o los episodios más escandalosos.
