Jubilar a desocupados, otra locura populista
La burda matemática con la que el Gobierno financia su febril asistencialismo electoralista subestima a los ciudadanos que piden trabajo y no dádivas
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Una vez más, la Argentina va a contramano del mundo, que eleva las edades jubilatorias en función del aumento de la expectativa de vida. El Gobierno anunció ayer oficialmente que se podrán jubilar de manera anticipada las personas que cuentan con los 30 años de aportes requeridos legalmente, les falten cinco años de edad o menos para jubilarse y que se encontraban desocupadas al 30 de junio último. Una medida que, sin lugar a dudas, responde a la necesidad imperiosa del oficialismo de seguir con su festival populista. Se trata de otra febril maniobra en busca de votos para intentar revertir en noviembre los resultados de las PASO.
Esta evidente desesperación electoralista subestima la inteligencia de los votantes, hartos ya de asistir a una fiesta de subsidios, bonos y dádivas que en ningún caso contempla la solución de los problemas de fondo, pero que compromete peligrosamente el futuro del país.
La medida anunciada, que reflota la Prestación Anticipada por Desempleo, de 2005, tendrá vigencia mientras dure el actual mandato gubernamental. Dispone que las mujeres podrán acceder a la jubilación anticipada desde los 55 años y que los hombres podrán solicitarla a partir de los 60. Accederán al 50 o el 80% del haber que les correspondería y pasarían a cobrar el 100% recién cuando alcancen la edad jubilatoria.
Con una economía quebrada y un sistema previsional insostenible, acaba de imponerse una nueva aberración. Baste recordar las moratorias para no aportantes que sumaron cerca de cuatro millones de personas durante la anterior gestión kirchnerista que, lejos de favorecer al conjunto de los jubilados, llevó a muchos a cobrar el haber mínimo.
Hoy la situación es aún peor. Según detalló el economista Jorge Colina, “el sistema previsional terminó 2020 con un déficit de 2,5% del PBI, que lo paga el Tesoro. La Argentina no tiene más dinero y terminará financiando [la jubilación anticipada] con emisión. El problema lo va a tener el gobierno que asuma en 2023″. Queda clara la mirada cortoplacista y el impulso irrefrenable del Gobierno por “patear” desaguisados siempre para adelante.
En la práctica, los analistas estiman que los beneficiarios reales de la medida rondarían las 30.000 personas, hombres en un 90%, un universo limitado que no tenga otro ingreso ni pensiones contributivas ni subsidios. Mientras tanto, con palabras grandilocuentes y efectistas, pretenden ocultar que cinco millones de jubilados que cobran 25.000 pesos mensuales no cubren ni la tercera parte de sus necesidades básicas.
Además del dispendio económico, de las dificultades para el financiamiento y del desincentivo para trabajar en blanco, la medida adoptada plantea una flagrante discriminación para quienes ya cuentan con esa cantidad de años contributivos sin alcanzar la edad legal para jubilarse, por lo que siguen aportando al sistema con su trabajo.
Ese nuevo “beneficio”, que se suma a la entrega que el Gobierno hizo ayer de las primeras Jubilaciones por Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado para mujeres de todo el país que hayan criado hijos, choca además con la fuerte ralentización de altas jubilatorias durante la larga cuarentena que padecimos. No se les pagó, o se lo hizo con más de un año de demora, a quienes tramitaron el beneficio cumpliendo acabadamente con todos los requisitos. En 2020, se jubilaron 120.390 personas, un número inferior a la mitad del promedio anual de nuevos jubilados (248.384) de los tres años previos. Eso fue parte del ajuste fiscal dispuesto por la administración de Alberto Fernández, con el que se afectó el gasto previsional. La otra parte del ajuste fue la actualización insuficiente de los haberes.
Apelar a la caja de la Anses una vez más para hacer política es tan burdo y básico como insostenible y explosivo, pues cada vez hay más gente para jubilarse y menos aportantes.
Hoy hay menos aportantes asalariados al sistema que hace una década, según datos de la Secretaría de Seguridad Social sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores a la AFIP.
El porcentaje de personas mayores de 65 años, en tanto, pasó del 20% al 31% en las últimas cuatro décadas y crecerá hasta el 58% hacia 2060, conforme proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
En el caso del número de jubilaciones y pensiones, se duplicó en los últimos 15 años por efecto de las moratorias: pasó de 3,16 millones en 2005 a 6,76 millones en el primer trimestre de 2021, mientras que un 50% de la población trabaja en negro y no podrá acceder a una jubilación a futuro.
El cuentapropismo refleja las tasas más altas sin aportes, un hecho directamente asociado a la pobreza y a una economía de subsistencia.
En tan dramático contexto, los parches populistas agravan la situación y dilatan la necesaria e impostergable reforma del sistema previsional. Seguir gobernando con este tipo de disparatados decretos es desatender las preocupaciones ciudadanas y priorizar el plan de impunidad que el Gobierno busca sostener a cualquier precio, hipotecando millonariamente nuestro ya precario futuro. El 14 de noviembre los argentinos tendremos la oportunidad de colocar dentro del sobre el valor que le asignamos a nuestra dignidad. Que no nos traten de comprar ni confundir. Nada nos saldrá más caro que aquello que el Gobierno nos ofrece gratis.