Jubilaciones de privilegio en un país en ruinas
Se pagan fortunas en haberes mensuales a un puñado de exfuncionarios y a algunos herederos; quienes deberían dar el ejemplo hacen todo lo contrario
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LA NACION
Con descarado apuro y evidente desparpajo, el expresidente Alberto Fernández y el actual funcionario del gobierno nacional Daniel Scioli se apuraron en gestionar el cobro de sus jubilaciones de privilegio. Tales arremetidas suceden en momentos en que nuestro país se encuentra inmerso en una de las peores crisis económicas de su historia y en la que el grueso de los jubilados recibe una paga ínfima comparada con las abultadas sumas que reclaman quienes, precisamente, degradaron los haberes previsionales de la amplia mayoría de beneficiarios como producto de las pésimas políticas que instrumentaron. La pérdida de poder adquisitivo para la clase pasiva fue del 81% tan solo durante la gestión del gobierno precedente.
Con el pago mensual de unos 13 millones de pesos a Alberto Fernández (ya se le aprobó el cobro de 32 millones de pesos en concepto de retroactivo), más el que cobrará Scioli este mes (de alrededor de 17 millones), el Estado abonará mensualmente unos 158 millones de pesos a expresidentes, exvicepresidentes, viudas y una hija de un exmandatario, es decir, el equivalente a 833 jubilaciones mínimas concentradas en apenas un puñado de personas.
Según datos oficiales correspondientes al mes último, proporcionados por la abogada Silvina Martínez en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado a la Anses, cobran tales haberes de privilegio Cristina Kirchner (28,1 millones de pesos mensuales en bruto entre su jubilación y la ilegal pensión que recibe de su exesposo y expresidente Néstor Kirchner. Cabe destacar que esos 28 millones equivalen hoy a 147 jubilaciones mínimas, de 190.141 pesos cada una), Daniel Scioli (17,5 millones), Mauricio Macri (13,5 millones), Adolfo Rodríguez Saá (12,9 millones, a pesar de haber sido presidente durante tan solo una semana), Zulema Yoma (11,1 como exesposa de Carlos Menem), Gabriela Michetti y Julio Cobos (9,8 y 9,7 millones, respectivamente, por haber sido vicepresidentes), Amalia Guido (9,5 millones como hija de José María Guido), Inés Pertiné (9,4 millones como exesposa de Fernando de la Rúa), Bety Andrés (8,7 millones como exesposa de Roberto Levingston), Amado Boudou (8,2 millones, estando condenado judicialmente en el caso Ciccone) y María Estela Martínez de Perón (7 millones de pesos).
Lo llamativo de esos números de por sí disparatados teniendo en cuenta la situación general es que, comparados los montos de las jubilaciones de privilegio de abril con los de febrero pasado cuando la Anses había respondido otro pedido de acceso a la información pública realizado por LA NACION, esos ingresos se duplicaron.
La diputada porteña Graciela Ocaña encabezó un reclamo oficial y una campaña tendiente a evitar que se le pague a Alberto Fernández la jubilación de privilegio por no residir en el país, por contar con más de 100 denuncias penales y por haber dado sobradas muestras de conducta antiética, como la desidia demostrada durante la pandemia, celebrando fiestas a escondidas en la quinta de Olivos mientras regía el encierro obligatorio para el resto de los ciudadanos. En ninguno de los dos pedidos de acceso a la información referidos la Anses incluyó el ingreso jubilatorio del último expresidente. No obstante, si se considera que quien lo antecedió en el cargo gana 13,5 millones por mes, su haber debe rondar ese monto.
En el caso de Scioli, quien había dado de baja su jubilación de privilegio en 2022 para acceder a un cargo en el último gobierno kirchnerista, volvió a reclamarla ahora que es secretario ad honorem de Turismo, Deportes y Ambiente del actual gobierno nacional. Ante el pedido de información pública de Ocaña, se le respondió que legalmente le corresponde a Scioli cobrarla. Podrá ser legal, pero resulta poco o nada ético ese reclamo cuando hay declarada una emergencia económica y la mitad de los ciudadanos se encuentra bajo la línea de pobreza.
Como se sabe, el gobierno de Javier Milei ha enviado un proyecto al Congreso para derogar esos tan irritantes como exorbitantes privilegios. En apoyo de esa decisión, Ocaña solicitó que, además, se adopte algún tipo de medidas respecto de quienes hoy cobran esos suculentos haberes, pues “resulta inconcebible –dijo– que las capas más encumbradas del país sigan disfrutando de sus prerrogativas, las que se mantienen incólumes en detrimento de los más necesitados. No solo resulta una afrenta al más elemental sentido de solidaridad, alteridad y colaboración, sino que conculca lisa y llanamente la igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución nacional, que no admite en nuestra tierra prerrogativas de sangre ni de nacimiento ni fueros personales ni títulos de nobleza”. Por esa razón, encabezó una petición en la plataforma Change.org, que obtuvo hasta ayer unas 59.000 firmas y que está siendo girada como proyecto de ley al Poder Ejecutivo, al ministro de Economía y a los jefes de bloque en el Congreso Nacional.
Esa iniciativa propone que los actuales expresidentes y exvicepresidentes cobren en efectivo solo la máxima jubilación prevista por la Anses, que actualmente ronda 1,2 millones de pesos y que, para evitar eventuales demandas por derechos adquiridos, la diferencia con la pensión vitalicia se pague con bonos previsionales a 30 años, a los que denomina Bonos Previsionales de Privilegio, que serán escriturales, libremente transmisibles y cotizables en bolsas y mercados de valores del país.
También la extitular del PAMI pidió el mes pasado a la Oficina Anticorrupción que arbitre los medios para intervenir como querellante en una causa judicial iniciada en 2021 contra la camporista exdirectora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” al haber desistido de apelar en el caso de la doble jubilación de privilegio de Cristina Kirchner. Esos beneficios habían sido aprobados en tiempo récord en 2015, cuando Alicia Kirchner era ministra de Desarrollo Social. Un año después, su sucesora en el cargo, Carolina Stanley, resolvió que debía optar por una de las dos. Cristina Kirchner decidió judicializar entonces el tema y, en un trámite amañado, obtuvo el aval de un juez subrogante de la Seguridad Social.
En momentos en que la amplísima mayoría de ciudadanos están atravesando situaciones críticas, haciendo un esfuerzo enorme para intentar salir del profundo abismo en el que el kirchnerismo sumió al país, resulta escandalosa la actitud de algunos representantes de la dirigencia política, decididos a mantener sus enormes privilegios.
Es de esperar que, además de limitar estos abusos, se deroguen hacia adelante esos privilegios, se decida una reforma seria y equitativa del sistema previsional, y que el Estado cumpla lo que ordenan las sentencias respecto de los cobros retroactivos que se les deben a tantísimos jubilados que llevan años de angustiosa espera.
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