Israel y la reforma judicial
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LA NACION
Israel lleva más de tres meses de multitudinarias movilizaciones contra la reforma impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu que busca modificar el sistema judicial y concentrar poder en el Ejecutivo. Amplios sectores, incluyendo expresidentes, militares e intelectuales, han calificado la iniciativa como un intento de cambio de régimen o, incluso, de golpe de Estado judicial, según varios opositores.
El exministro de Defensa, Yoav Gallant, cesado en sus funciones por sus pedidos de suspensión de la controvertida reforma judicial, ha subrayado que la iniciativa dejaba expuesta la seguridad del Estado, dado que militares en actividad y reservistas habían expresado su oposición.
Al respecto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha manifestado que “estamos ante una situación grave, que acarreará consecuencias políticas, económicas, sociales y de seguridad”, tras reclamar sin éxito un pacto para evitar el progreso de la cuestionada reforma. “Un acuerdo total es imposible, pero un amplio acuerdo en cuestiones legales es a lo que debemos aspirar en este momento crítico. La democracia israelí es la base fundacional de nuestro Estado”.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, subrayó que Israel precisa consensos para hacer cambios tan importantes como el que plantea la reforma judicial. “La genialidad de la democracia estadounidense y la democracia israelí es que ambas se basan en instituciones sólidas, controles y equilibrios, y un poder judicial independiente”. Agregó también que “construir el consenso para cambios fundamentales es realmente importante para garantizar que la gente los adopte para que puedan sostenerse”. Líderes de Francia y Alemania manifestaron asimismo su preocupación por el avance de la reforma.
Entre otras cuestiones, los cambios contemplan modificar la composición del comité que elige a los jueces, dando mayoría a los representantes gubernamentales. Además, propone que la Corte Suprema no pueda revisar ni anular leyes por mayoría simple; pero, por otro lado, sí daría al Parlamento israelí la potestad de anular fallos de la Corte Suprema por mayoría simple cuando estos afecten a leyes aprobadas por el Parlamento.
También modifica la actual relación de poder, inclinando la balanza a favor de los poderes Ejecutivo y Legislativo en detrimento del Judicial; una maniobra similar a la que han intentado otros gobiernos, como el polaco o el húngaro en Europa, y cuyo objetivo es subordinar al Poder Ejecutivo las instancias judiciales que fiscalizan la actividad política.
Tras masivas manifestaciones en varias ciudades del país y una huelga general que incluso paralizó el mayor aeropuerto, Netanyahu cedió y anunció que postergará su controvertida propuesta para reformar la Justicia. Sin embargo, el anuncio no aplacó los ánimos.
La reforma judicial y la eliminación de los contrapesos entre los diferentes poderes son algunos de los peligros que debilitan aún más a las democracias occidentales. La reforma de Netanyahu puede deslizar a Israel por una pendiente autoritaria. Su postergación en busca de consensos es una buena noticia cuando se trata de preservar la estabilidad, la seguridad y la democracia.
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