Irán, basta de ejecuciones
Tras la muerte del implacable presidente iraní, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero ocurrido en mayo pasado, 61 millones de votantes en elecciones anticipadas dieron ganador a Masoud Pezeshkian, un reformista y defensor de las minorías étnicas del país. El nuevo mandatario prometió mejorar los lazos con el mundo promoviendo una política exterior pragmática y suavizando las restricciones sociales en el país.
Sin embargo, noticias recientes sobre las ejecuciones de ciudadanos iraníes no muestran cambios respecto de las políticas represivas que se venían aplicando en el territorio islámico. La ONG Iran Human Rights alertó que al menos 249 personas fueron ejecutadas en los últimos seis meses. Las penas capitales aplicadas tras las elecciones de hace dos meses ya suman 87. La altísima tasa de ejecuciones, solo superada por China, totalizó 853 víctimas en 2023, más de la mitad por delitos asociados con drogas.
El último de los incidentes ocurrió hace pocos días cuando guardias penitenciarios golpearon a reclusas de la sección femenina de la prisión de Evin, en Teherán, entre ellas, la premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, quienes protestaban contra una serie de ejecuciones de prisioneros detenidos en el levantamiento Mujer Vida Libertad de 2022.
Gholamreza Rasaei, de 34 años e integrante de la minoría kurda, fue uno de los manifestantes sometido a tortura y malos tratos durante su detención, condenado más tarde a muerte en un simulacro de juicio. Pero no fue el único: la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció que en solo dos días las autoridades iraníes ejecutaron a 29 personas condenadas por asesinato, abusos sexuales o portación de droga, 26 de ellas de manera grupal, un hecho sin precedentes en años recientes. En los procesos se violaron las garantías de juicio justo y se mantuvo desinformadas a las familias y a los abogados de las víctimas.
Estas ejecuciones dejan al descubierto el nivel de corrupción que anida en el sistema de justicia penal de Irán y pone de relieve la determinación de las autoridades de hacer de la pena de muerte una herramienta de represión política que infunda miedo en la población. También disipa cualquier ilusión de progreso en el respeto a los derechos humanos a raíz de la asunción del nuevo presidente.
La pena de muerte afecta sobre todo a las personas pobres y vulnerables, que a menudo desconocen sus derechos y no pueden costearse representación letrada independiente. Las familias de las personas que son ejecutadas suelen sufrir las terribles consecuencias de perder a su pilar económico y encontrarse fuertemente endeudadas por los gastos judiciales.
Es de esperar que la moderación que se le atribuye al presidente iraní, quien se ha manifestado contrario a la obligación del uso del velo, que rechaza la policía moral del régimen y aboga por mejorar la relaciones con Occidente, ponga de una buena vez fin a las atroces ejecuciones que han sido moneda corriente en ese país durante los últimos años.
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