Intendentes contra la reforma política
La insistencia en la reelección indefinida por parte de jefes comunales bonaerenses es propia de autoritarios gobiernos feudales
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LA NACION
La sana alternancia en el poder vuelve a estar en riesgo como consecuencia de la embestida que retomaron numerosos intendentes bonaerenses para que se derogue o modifique una ley de 2016 que les impide competir por un tercer período consecutivo al frente de sus municipios.
El quincho de la residencia de Olivos, en presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur; Sergio Massa; el canciller Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo de Pedro, Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta y Jorge Ferraresi, fue anteanoche testigo de las renovadas gestiones de más de treinta intendentes de la primera y la tercera sección electoral para lograr sus reelecciones. El tema fue planteado abiertamente y el propio Axel Kicillof habría recibido sus aplausos al destacar el valor de “que la gente elija”. Una vez más, entre gallos, medianoche y asados, nuestros gobernantes diseñan las maniobras para apartarse de las leyes que rigen la vida republicana.
Alberto Fernández volvió a apañar la nefasta estrategia de perpetuación de funcionarios
Como ya ocurrió a fines del año pasado, Alberto Fernández volvió a apañar esa nefasta estrategia de perpetuación de funcionarios en cargos públicos. En esta oportunidad, el aval presidencial llegó en un contexto diferente. Es que algunos intendentes del Frente de Todos que lograron recuperar votos y acortar diferencias con la triunfante coalición Juntos, se sienten ahora fortalecidos para volver con el embate y así se lo hicieron saber al jefe del Estado. En total, son 95 los intendentes bonaerenses de distintas fuerzas políticas que deben dejar sus cargos en diciembre de 2023.
En la anterior intentona, quienes aspiraban a sacar más provecho de una eventual derogación del impedimento de la reelección consecutiva eran los dirigentes de La Cámpora, pues sentían que iban a poder ubicar a sus candidatos en las intendencias o llenar con nombres propios los concejos deliberantes para, de ese modo, condicionar la eventual gestión de un no camporista al frente de una comuna. Hoy la situación es otra: si hay una facción que ha perdido apoyo electoral en las dos elecciones de este año es la que lidera Máximo Kirchner. Los viejos barones del conurbano y los que vieron su poder amenazado como consecuencia de la mala imagen y gestión de La Cámpora, sienten que nada le deben. Asumen que la recuperación de votos desde las PASO ha sido producto de su “esfuerzo” solitario –básicamente clientelista y prebendario– y que deben ser recompensados políticamente por eso.
Por el trabajo de recuperación clientelista y prebendaria de votos, muchos intendentes pretenden ser recompensados políticamente
“Cuando un intendente es elegido dos o tres veces es porque los vecinos lo votan y quieren que siga siendo intendente. Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular”, sostuvo errónea y engañosamente Alberto Fernández hace exactamente un año, durante un acto público. Lo mismo les dice ahora en privado a quienes pugnan por lograr que deje de regir el artículo de la ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, a instancias del Poder Ejecutivo y con el aval del massismo en la Legislatura provincial, que dispone que tanto diputados y senadores como intendentes, concejales y consejeros escolares duren cuatro años en sus funciones y que podrán ser reelegidos en forma consecutiva solo por un período de igual duración, debiendo dejar pasar un intervalo antes de volver a competir electoralmente por el mismo cargo. Además, la ley determinó taxativamente que el mandato en curso al momento de la sanción se computa como el primero de esos dos períodos.
Los que pugnan para que se considere como primer período de sus gobiernos el iniciado en 2019 sostienen que ninguna ley puede ser retroactiva y que, por tanto, no cuentan las gestiones sucesivas comenzadas con anterioridad.
Recurrir al nepotismo es otra condenable forma que muchos autócratas han hallado para perpetuarse
Entre quienes fueron elegidos en 2015 y hoy están imposibilitados de presentarse para competir nuevamente de forma inmediata figuran el actual jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), y el ministro de Infraestructura provincial, Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). A ellos se les suman ministros nacionales como Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), que vienen de ser jefes comunales en Hurlingham y San Martín, respectivamente. Gustavo Menéndez (Merlo), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Alejandro Granados (Ezeiza) están igualmente imposibilitados.
Está claro que, de modificarse la ley, también resultarían “beneficiados” jefes comunales de otros partidos que vienen gobernando desde hace más de un período, por lo que resulta interesante ver qué posición adoptarán frente a esta ilegal arremetida que confirma el nulo valor que muchos políticos asignan a los procesos democráticos que habilitan que un gobierno de un determinado signo político sea sucedido por otro de ideología contraria. Quien más crudamente se sinceró al respecto fue Emilio Pérsico, dirigente piquetero, exmontonero, fundador de la agrupación Quebracho y actual secretario de Economía Social, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante un acto realizado en el estadio de Nueva Chicago, en octubre pasado, al que concurrió el Presidente, sostuvo: “Esta democracia de la alternancia no camina, quiero que el movimiento popular gobierne 20 años”.
Es de esperar que predomine la cordura en la Legislatura y que el Poder Judicial rechace estas aberraciones
Insistir en las reelecciones indefinidas, propias de autoritarios gobiernos feudales, a la luz de las tristes experiencias por todos conocidas sigue siendo un objetivo prioritario para muchos dirigentes que incluso han recurrido a la Justicia para que se les reconozca su supuesto derecho a perpetuarse en el poder. Valga decir que muchas veces el Poder Judicial se ha pronunciado en contra de esas infames estrategias. Gerardo Zamora, quien había quedado judicialmente imposibilitado de seguir como gobernador de Santiago del Estero, logró imponer a su esposa para que lo sucediera, tras lo cual ha vuelto a gobernar la provincia y acaba de obtener una nueva reelección. Recurrir al nepotismo es otra de las condenables formas que muchos autócratas han hallado para perpetuarse en los cargos junto con sus familias.
Es de esperar que predomine la cordura en la Legislatura, que el Poder Judicial rechace semejantes aberraciones y que, como ciudadanos, defendamos el sistema representativo republicano que fija nuestra Constitución. La sana alternancia debe continuar garantizada. Las demandas ciudadanas se alzan contra quienes solo pretenden enquistarse en el poder en beneficio propio, cada vez más alejados de servir al bien común.
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