Inteligencia estatal: no caer en errores garrafales

Hace décadas que la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la histórica ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ha dejado de cumplir las funciones claves para las que fue creada. Las razones son el resultado de un conjunto de decisiones garrafales que tomaron administraciones democráticas de todos los colores políticos.

En momentos en que está por asumir un nuevo gobierno, vemos con preocupación la tendencia a repetir esos errores que han quitado toda operatividad y prestigio a los organismos de inteligencia, generando mecanismos que atentan contra el correcto funcionamiento republicano y desarrollando acciones violatorias de las libertades individuales.

Entre esos garrafales errores figuran los siguientes:

* Conducción. Poner al frente de la agencia a amigos o “personas de extrema confianza” que carecen del más mínimo conocimiento en la materia ha sido una práctica muy común. Esto lleva a los máximos responsables a cometer equivocaciones graves y a rodearse de viejas figuras de “la casa” que los toman como rehenes al no comprender la mecánica. Ocurrió con el banquero Fernando de Santibañes durante la presidencia de Fernando de la Rúa; con el chofer José Francisco Larcher, de los Kirchner; con el escribano Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de espiar ilegalmente a medio centenar de políticos oficialistas y opositores, sindicalistas y periodistas, en el gobierno de Macri, y con la fiscal Cristina Caamaño, con Alberto Fernández.

Diseño institucional. La mayoría de las democracias dividen la instancia política que tiene como responsabilidad la supervisión y el control del sistema de inteligencia, de las propias agencias que deben realizar esas actividades. De esa manera, quien reporta al presidente establece prioridades y controla la actuación de los responsables de esas instituciones es una persona de su confianza, y quienes dirigen las agencias operativamente son profesionales especializados. En el país, el máximo responsable de la AFI cumple ambos roles, confundiendo misiones y funciones que son del Estado con intereses de gobierno o particulares. Resulta imperioso crear una secretaría de inteligencia que dependa del presidente o del jefe de Gabinete y que la conducción de las agencias que proveen la inteligencia esté a cargo de profesionales idóneos con carreras probadamente exitosas.

* Misiones y funciones. El objetivo fundamental de las agencias de inteligencia es producir información que sea crucial para el presidente y otros representantes claves del Estado para preservar la seguridad nacional y la integridad territorial. Cada agencia tiene su especificidad: por ejemplo, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (Diniem) se focaliza en las amenazas militares; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Dinicri), en el crimen organizado, y la AFI genera vínculos internacionales que previenen actos terroristas. El problema ocurre cuando se usan esos recursos para meterse en la vida privada de las personas, intimidar a los enemigos del gobierno de turno, corromper y/o extorsionar a miembros de otras instituciones públicas.

* Cuadros profesionales. Formar agentes de inteligencia lleva tiempo, esfuerzo y dinero. Cuando se ocupan esos puestos por favores políticos se destruyen carreras por decisiones arbitrarias, se paga mal o se quitan los incentivos para sumarse y pertenecer a estas instituciones. Se pierde así el capital más importante que tienen estas instituciones: el humano.

* Destrucción de la confianza con agencias internacionales. Parte del éxito de las acciones de inteligencia se basa en la cooperación internacional. Para que esa confianza se sostenga son claves la reciprocidad, el secreto de las fuentes, la seriedad en el accionar, la celeridad en la reacción y la calidad de la información compartida. Cuando se carece de medios, profesionales idóneos, tecnología adecuada y analistas capaces de procesar la información, esa confianza se rompe y expone al país a mayores amenazas.

* Uso de los instrumentos. Estos deben tener chequeos institucionales para evitar que no se desvirtúen. Para dar dos ejemplos comunes: la interceptación de información por parte de un criminal o de un terrorista puede ser crucial para evitar un atentado o un asesinato. Ello requiere de supervisión judicial para evitar el uso espurio de esa herramienta y para que cualquier restricción o intervención sobre una libertad individual sea controlada. Con ese fin se han perfeccionado en el mundo los mecanismos de control judicial y parlamentario que dan tranquilidad frente a potenciales excesos. Aquí, en cambio, no solo se hacen esas interceptaciones con el fin de extorsionar a individuos, empresas y dirigentes de todo tipo, sino que se desvirtuaron los mecanismos de control, que terminan siendo utilizados para persecuciones de opositores y ocultación. Algo parecido ocurre con los gastos reservados propios de la agencias de inteligencia: recursos que deben ser focalizados en fortalecer la acción secreta de los agentes se destinan a corromper periodistas, políticos y jueces, entre otros.

Es clave que el nuevo gobierno seleccione autoridades idóneas, cuyo foco sea recuperar las capacidades claves de inteligencia para preservar la seguridad y los intereses de la Nación. Urge realizar las numerosas reformas estructurales que se prometen, junto a una ley de inteligencia que separe las funciones operativas o de Estado del control y dirección política; que clarifique las funciones y misiones de cada agencia; promueva la coordinación, perfeccione tanto las herramientas como los mecanismos de control, potencie la carrera profesional de sus agentes permitiéndoles llegar hasta la más alta autoridad y que vuelva a reconstruir confianza con otras agencias. Se espera, en definitiva, que el nuevo presidente tome decisiones apropiadas que nos den mayor seguridad a todos los argentinos.

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