Inexplicable suspensión de la ley de economía del conocimiento

El 20 del mes pasado, el Gobierno resolvió suspender la aplicación de la tan esperada como celebrada ley de economía del conocimiento, que debía haber entrado en vigor el 1º de enero último. Lo hizo mediante la derogación de una resolución de la ex-Secretaría de Emprendedores y Pymes, que reglamentaba la ley. Acto seguido, el 29 de ese mes, el Gobierno, con el propósito de modificarla, incluyó su tratamiento en las actuales sesiones extraordinarias.

Resulta preocupante e inexplicable la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo, que ya está causando daño: inversiones que se suspendieron, o que se fueron a alguno de los tantos países con regímenes similares, y planes de expansión que se cancelaron. Pérdida de divisas y de generación de empleo, y un golpe muy duro a las empresas que ya estaban inscriptas en la ley de software, en su gran mayoría pymes, a las que se les suspendieron los seis meses de transición con que contaban y hoy se hallan sin beneficio alguno, con contratos en marcha.

También, pérdida de confianza, sobre todo porque ratifica la mirada crítica que existe sobre la tendencia de la Argentina a no respetar las reglas y los marcos normativos, máxime cuando la ley había sido aprobada por unanimidad hace pocos meses y entre los cambios que se están barajando se encuentra eliminar la estabilidad fiscal.

Los argumentos resultan tan poco atendibles como forzados. Es cierto que la ley de solidaridad social y reactivación productiva había generado una discordancia en la aplicación de uno de los beneficios (sobre contribuciones patronales) que necesitaba ser corregido. Pero ese problema había sido advertido por los diputados de la oposición en el recinto; incluso se propuso un texto alternativo dentro del mismo proyecto de solidaridad para evitar afectar la ley, lo cual fue terminantemente rechazado por el oficialismo.

Más allá de algunas mejoras, como la de capacitación, que es bienvenida, el resto de los argumentos parecieran ser falaces y, en el fondo, esconder prejuicios ideológicos, intereses de algunos sectores y una fuerte vocación de dotar de mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo.

El segundo argumento que se esgrime es la preocupación por el supuesto elevado costo fiscal del régimen; por ende, se pretende poner un tope al beneficio de las empresas grandes mediante un sistema de cupo fiscal. Según diversas estimaciones, el costo fiscal estimado rondaba los 10.000 millones de pesos (poco más de 100 millones de dólares), que, comparado con lo que el sector ya genera (más de 6000 millones de dólares anuales de exportaciones, con balanza comercial positiva y 420.000 empleos registrados), y sumado al potencial de crecimiento proyectado, parece un costo insignificante. Habría que esforzarse mucho para encontrar otro régimen tan eficiente, con más razón tratándose de un sector tan estratégico para el futuro de nuestro país.

Llama la atención, además, que cuando el actual gobierno era oposición se dedicó a fustigar permanentemente al gobierno anterior para acusarlo de desfinanciar la economía del conocimiento, incluso en el debate parlamentario de aprobación de la ley.

¿Cuánto se ahorraría el Estado de esos 10.000 millones con el cupo fiscal? ¿Vale realmente la pena? ¿No podría recortarse en otro lado, como, por ejemplo, en evitar agrandar el Estado con nuevos organismos, más personal, flotas de autos y demás gastos innecesarios?

Los principales países del mundo, y la mayoría de los de nuestra región, están apostando fuerte a la economía del conocimiento, con regímenes de fomento (tanto o más agresivos que el nuestro) o con programas de financiamiento de startups de cientos o miles de millones de dólares. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es una guerra tecnológica y del conocimiento. ¿Cuál va a ser la apuesta de la Argentina?

¿Qué sentido tendría limitar el crecimiento de las empresas grandes o extranjeras? ¿Acaso no generan empleo y divisas? ¿O será ideológico el motivo? Otro sinsentido.

La promoción de la economía del conocimiento, con regímenes como el nuestro, la hace, por supuesto, Estados Unidos, pero también la China comunista, Israel, Estonia, Corea del Sur, Singapur, Bielorrusia, Chile y Brasil, entre muchos otros países. Sin ideologías de por medio ni prejuicios sobre las empresas grandes o extranjeras. En cualquier caso, ¿quién manejaría el cupo y con qué prioridades? ¿El Poder Ejecutivo?

Relacionado con el límite a los beneficios para empresas grandes, el tercer argumento para cambiar la ley es que los requisitos eran tan exigentes para estas como para las pymes. Otro razonamiento falaz: la simplificación y digitalización de la burocracia del proceso de inscripción a quienes primero beneficiaba era a las pymes (las que más habían sufrido los costosos requisitos de la ley de software); por otro lado, sí se habían diferenciado de manera sustancial los requisitos para los emprendedores y las pymes de menos de tres años, y, en cualquier caso, los requisitos eran proporcionales a la facturación y la cantidad de empleados de las empresas, acompañando el crecimiento. Por lo tanto, en términos absolutos, los requisitos eran muy diferentes.

El cuarto argumento es la necesidad de diferenciar el nivel de "economía del conocimiento" de las distintas actividades promocionadas por la ley, para otorgarles beneficios diferentes, y que esta diferenciación la haría el Poder Ejecutivo (mediante un comité). Un peligro. En primer lugar, porque la decisión ya la tomó el legislador, equiparando los distintos subsectores, sin dejar lugar a voluntarismos. Por eso, es considerada una de las legislaciones más modernas e integradas del momento, y está siendo estudiada por varios países. En segundo lugar, porque de parámetros tangibles y transparentes como el 70% de la facturación y requisitos que se miden sobre la masa salarial y la facturación, conforme códigos de actividades de la AFIP, se pasa a flexibilizarlos esgrimiendo la posibilidad de dirimir el ingreso de una empresa o no según la decisión de un comité.

Tampoco es atendible el quinto argumento, respecto de que no estaba claro quién entraba y quien no a la ley, y que podía llegar a entrar, por ejemplo, una cervecería artesanal. Todo lo contrario. La vara del 70% de facturación es bien alta y clara. Se podía estar de acuerdo o no, pero estaba claro. La explicación tiene que ver con la ley de software, en la cual la vara era más baja: 51% de la facturación, los empleados y los sueldos, pero el beneficio se otorgaba solo por la parte "promocionada", lo cual lo hacía difícil de acreditar y también de auditar, con un muy amplio margen de interpretaciones para un lado y para el otro. Esto es lo que se buscó evitar, otorgando el beneficio sobre la totalidad de la empresa, en caso de superar una vara más alta.

Por eso, tampoco tendría sentido bajar el requisito del 70% solo para la industria 4.0. Además, ¿por qué solo a esta industria? ¿No estaríamos además, al bajar la vara, aumentando el costo fiscal que tanto preocupa? Así, se correría el riesgo de fomentar empresas que marginalmente realicen esta actividad y que nunca terminen migrando a un modelo 4.0.

La ley se trabajó durante casi dos años con el sector, con el que se logró un consenso poco habitual en el ámbito privado. Pareciera que con varios de estos cambios se estuviera buscando generar otra grieta.

Otros temas que se mencionan por supuesto que son atendibles: reforzar las mejoras que ya se introdujeron en materia de capacitación, reducción de la brecha de género y federalismo, entre otros. Pero, en cualquier caso, eran mejoras para debatir con tiempo sin suspender la ley. Por ello, creemos que, con excepción de la modificación que sí es necesario realizar para corregir el beneficio sobre contribuciones patronales afectado por la ley de solidaridad, los demás puntos parecen más bien maquillaje para justificar la reforma profunda que se busca hacer, en la que el principal peligro es la discrecionalidad que se quiere otorgar al Poder Ejecutivo. Ya sabemos cómo termina ese cuento, lamentablemente. Sobran los ejemplos.

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