Inédita oportunidad fiscal
Es hora de sanear el sistema impositivo, de darle claridad y de terminar con los eufemismos y las prohibiciones que impiden conocer cuánto se recarga y por qué
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El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) emitió un informe titulado “El peso de los tributos - vademécum tributario argentino de personas humanas”, cuyas conclusiones son elocuentes: un ciudadano paga entre 23 y 48 tributos distintos, siendo menos o más según el patrimonio y las actividades que realice. Los 48 tributos de máxima se distribuyen en 27 nacionales, 7 provinciales y 14 municipales. Pero, por alguna razón, si les pidiéramos a los argentinos que los enumeren, muy pocos llegarían a cinco.
Recordemos el contexto: la Argentina es el país con los impuestos más altos del mundo, según surge de investigaciones realizadas por el Banco Mundial y la Unión Industrial Argentina aplicando tres metodologías diferentes. Pero el informe del Iaraf agrega otra faceta: la complejidad de nuestro sistema tributario. A lo que se suma la ineficiencia. Según sus cálculos, solo 10 de los 148 tributos totales del país concentran más del 90% de la recaudación.
El informe destaca que un sistema tributario debe ser sencillo y perceptible, fácil de entender por las personas. El nuestro es todo lo contrario: es tan gravoso como complejo y los impuestos ni se dejan ver.
Lógica, la ONG que se dedica a generar conciencia fiscal en toda la sociedad sostiene que una de las causas principales de la terminal crisis económica del país es, precisamente, la falta de conciencia fiscal de la ciudadanía, generada por un régimen que oculta de forma sistemática los impuestos. Una encuesta de Poliarquia reveló que el 94% de la población está de acuerdo con que se informen los impuestos que pagan los bienes que consumen. La dirigencia política se ha profesionalizado en la artimaña de esconder impuestos. Señala que el caso más brutal es el artículo 39 de la ley de IVA, que, a contramano del mundo, prohíbe que un vendedor visibilice ese impuesto en los tickets de consumo, con la connivencia de las normas de la AFIP que sancionan al que viole dicha prohibición. Hoy esa sanción es genérica, pero por años rigió la resolución general 4333 de la DGI, que incluía una específica para el vendedor que mostrara el IVA al ciudadano. Esta prohibición legal cumplió el mes pasado 50 años y ya desde aquel debate parlamentario de 1973 el diputado Héctor Sandler criticaba que se pusiera el IVA en la “clandestinidad”. Otras formas son más sutiles y arteras: se esconden impuestos indirectos detrás del “árbol” del vendedor para luego ser naturalmente trasladados al consumidor, tales como ingresos brutos, internos, tasas municipales, débitos y créditos, entre otros. También en los en los salarios en blanco, con aportes y contribuciones.
Si se llevara la cuestión al extremo de la simplicidad, con el IVA como único impuesto, y se pretendiera aplicar una alícuota superior al 40% o 50%, la ciudadanía se opondría tajantemente. Pues, entonces, dividamos ese único impuesto entre 48 tributos repartidos entre los tres niveles del Estado y prohibamos que el ciudadano pueda verlos. Así la ciudadanía no tiene idea de que en el precio final está afrontando un 42% de tributos en alimentos o 48% en bebidas, 50,3% en indumentaria, 48% en pasajes de avión, 54% en autos, entre otros.
La contracara de la falta de conciencia fiscal de los argentinos es la inconsciencia fiscal del sector político. La complejidad del sistema tributario y el ocultamiento de los impuestos han sido las dos armas que necesitaba la política para dar rienda suelta al gasto público más irracional, casi duplicado en las últimas dos décadas, provocando más del 40% de pobreza y un país estancado desde hace 12 años. Nunca la Argentina hubiera llegado a tener los impuestos más altos ni ese nivel de gasto de haber tenido un sistema simple, en el que cada creación o suba de impuestos se hubiera mostrado al consumidor. En algún momento, la ciudadanía habría reaccionado.
Ha comenzado un nuevo ciclo de gobierno y la cuestión de la austeridad fiscal, tanto en el gasto público como en el sistema tributario, ha sido central en la campaña de Javier Milei, además de haber firmado el compromiso propuesto por la ONG Lógica de impulsar una norma de transparencia fiscal al consumidor que visibilice todos los impuestos en el ticket, siguiendo el modelo brasileño. En cuanto al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, la ley ómnibus que incluía originalmente la exposición del IVA, dando vuelta la añeja prohibición, ha sumado “otros impuestos nacionales indirectos” y la invitación a que las provincias adhieran al régimen dando visibilidad a la incidencia de ingresos brutos y tasas municipales. Se espera que ese compromiso sea honrado. Un mérito mayúsculo ha tenido el nuevo presidente en instalar los temas fiscales en la agenda. Pero enorme error será si la ciudadanía identifica la racionalidad fiscal con una ideología o partido.
Cambiar la cultura tributaria será también comenzar a cambiar la cultura política. Hasta ahora, las cuestiones fiscales se han mantenido exclusivamente en el laberinto político. Así, en 2019, sucedió que, por identificarse las bajas fiscales con el signo de Cambiemos, el gobierno de los Fernández no solo derogó aquellas reformas proinversión sino que, en represalia, aumentó fuertemente los impuestos, seguido por provincias y municipios, pero siendo los 46 millones de argentinos los que –sin saberlo– los afrontaron. La falta de raíces en la gente fue funcional a que esas reformas volaran ante el primer viento.
El gran desafío es que la ciudadanía pueda meter su cuña en la cuestión fiscal para que, a partir de la toma de conciencia de los impuestos que paga, se involucre y exija al sector político tener lógica en su sistema tributario y, principalmente, en su gasto público, más allá del signo político que gobierne. En este sentido, mucho tenemos para inspirarnos sobre los cambios de conciencia exitosos que tuvimos en materia de consolidación de la democracia o igualdad de género. Solo cuando nos hemos involucrado como ciudadanos es que las cuestiones se han comenzado a resolver.
Es hora de aprovechar esta oportunidad, tan inédita como irrepetible, para que lo fiscal deje de ser una cuestión política para convertirse en una cuestión ciudadana. Al decir de Victor Hugo, “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.