Independencia de los fiscales, una obligación republicana
La embestida del oficialismo contra el procurador general de la Nación es un nuevo atropello a las instituciones para garantizar impunidad a los corruptos
- 5 minutos de lectura'
Los ciudadanos tenemos una idea bastante clara sobre lo que implica la división de poderes, de funciones o competencias, intrínsecamente asociada a la forma republicana de gobierno. Sin embargo, reina mayormente un preocupante desconocimiento acerca de la importancia y las funciones que cumple un órgano como el Ministerio Público Fiscal.
Esta institución, incorporada por la reforma constitucional de 1994, es integrada por la Procuraduría General de la Nación, que aglutina a los fiscales, y por la Defensoría General, que agrupa a los defensores. Se trata de un órgano independiente de los demás poderes del Estado, constituido en defensa de la sociedad, del bien común y del interés público, por cuanto resulta fundamental a la hora de investigar las conductas irregulares y las transgresiones a la ley.
El futuro ministro de Justicia, Martín Soria, se prepara para intensificar la campaña que, a lo largo de más de 15 meses, se viene librando contra el actual procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, designado en reemplazo de la renunciante procuradora Alejandra Gils Carbó, con el fin de derribarlo.
Soria ha dicho que Casal, está “atornillado a la silla” y que, al no haber sido elegido, debe ser removido, olvidando que fue la ley la que estipuló que Casal debía ocupar el cargo en forma interina. Esto significa que deberá ser reemplazado solo cuando el Senado nombre un nuevo procurador general.
El próximo ministro anunció que tratará de conseguir los votos requeridos en la Cámara de Diputados para lograr la aprobación de una nueva ley del Ministerio Público Fiscal que le permita designar al procurador general por simple mayoría.
El problema que plantea una nueva norma legal que no demande una mayoría de dos tercios de los votos para nombrar al jefe de los fiscales es que coloca a este órgano independiente del Estado democrático en situación de dependencia de una mayoría netamente ocasional, quedando subordinado así a esta. La Federación Latinoamericana de Fiscales, que agrupa a representantes de los ministerios públicos de 11 países, ha denunciado en estos días “los ataques a la independencia e imparcialidad” de los magistrados en la Argentina, invitándolos a reclamar ante organismos internacionales de derechos humanos si prosperaran las reformas. Un importante funcionario ha expresado que una ley como la que se propone actuaría como un pelotón de fusilamiento para los fiscales.
Paralelamente, el oficialismo viene llevando adelante una estrategia para colonizar el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público, encargado de las causas disciplinarias contra los fiscales, aunque no contra el procurador general, como la ley lo establece claramente. La ley de Ministerio Público vigente establece que el jefe de los fiscales solo puede ser removido por un juicio político en el Senado, en las mismas condiciones que un juez de la Corte Suprema. Sin embargo, todo indicaría que, más allá del texto y de la interpretación de la Constitución, el oficialismo buscaría destituir a Casal por la cuestionable vía del tribunal de enjuiciamiento.
Soria, aun antes de asumir, ha anticipado sin ambages que entre sus objetivos se encuentran lograr la impunidad para Cristina Kirchner; subordinar al Poder Judicial y al Ministerio Público, y atacar y remover al procurador Casal. Se propone, citando sus propias palabras, “comenzar la transformación del Poder Judicial”, “liberar de culpa y cargo” a la vicepresidenta, “nombrar un nuevo procurador” e imponerle una “nueva dinámica” a la Corte Suprema. La profunda vocación autoritaria del futuro ministro, secundado por alfiles tan militantes como él, lo ha llevado a anunciar que avanzará con un pedido de audiencia a la Corte “para saber qué piensa” sobre sus proyectos de ley. Es la primera vez que se advierte que un mero funcionario administrativo –por cuanto un ministro del Ejecutivo no es más que eso– salta el cerco para dirigirse oficialmente a la cabeza del Poder Judicial, aduciendo querer conocer su pensamiento. ¿Cómo podría la Corte acceder a dicho pedido, sin precisamente comprometer su opinión y su independencia?
El procurador Casal ha dicho muy claramente que el problema no es personal, sino institucional. De eso se trata, nada más y nada menos. Se podrá ser todo lo militante que se quiera, pero de ninguna manera se puede avasallar las instituciones democráticas y republicanas, haciendo caso omiso del principio que sostiene la división de poderes. El cúmulo de situaciones anómalas a las que se pretende acostumbrar a la ciudadanía desde el Gobierno no hace más que confirmar que estamos frente a una “demodictadura”, esto es la instauración de un poder consolidado a partir del voto democrático, que en claro abuso de sus funciones incurre en severas violaciones a las instituciones de una democracia republicana. Y para peor, actuando convencidos de que el haber sido elegidos por el voto popular los habilita y justifica en su inconstitucional proceder.
El rumbo elegido pone en peligro las libertades. Confiamos en que el mismo sistema que el oficialismo pretende violentar pueda limitar los abusos para que podamos transitar lo que resta de este mandato, más allá del disenso en las ideas, por un camino de respeto a las instituciones y alejado de las imposiciones para continuar pisoteando los principios constitucionales y garantizar impunidad a los corruptos.
LA NACIONConforme a los criterios de
Conocé The Trust Project
