Indebida utilización de la equidad de género

La ley recientemente sancionada con vistas a la promoción de la equidad de género en los medios de comunicación, que contó con el aval exclusivo del oficialismo y sus aliados, dispone que ese principio sea obligatorio para el total de la planta de empleados, incluidos los jerarquizados, de los servicios de gestión estatal. Paralelamente, establece que una proporción no menor al 1% deberá estar integrada por personas transexuales, travestis, transgénero e intersex y que, respecto de los privados, se creará un registro de tales incorporaciones y se extenderán certificados de equidad que les permitirán tener preferencia en el otorgamiento de publicidad oficial.

Incluir una perspectiva de diversidad sexual, se piense como se piense sobre este particular en cualquier actividad, no es en sí misma una iniciativa objetable. En nuestra opinión, reiteradamente reflejada en estas columnas, el género no debería ser el modo de asegurarse un cupo en las empresas o instituciones, sino que a los empleos se debe llegar por la capacidad que demuestre el postulante, conforme al requisito constitucional que considera la idoneidad como única exigencia para acceder a los cargos, respetando así la garantía de la igualdad.

El problema de fondo radica en la nefasta concepción de que la publicidad oficial es una suerte de propiedad del elenco gobernante, que sirve para premiar o castigar a los medios de prensa: beneficios para los alineados políticamente y represalia para el periodismo independiente

La norma es amplia, abierta a que el Poder Ejecutivo designe la autoridad de aplicación y la reglamente. Precisamente, el grueso del bloque de Juntos por el Cambio se retiró del recinto a la hora de la votación en Diputados por entender que la norma atenta contra la libertad de expresión al condicionar el reparto de publicidad estatal a la obtención del referido certificado. Un mecanismo de clara extorsión.

El problema de fondo radica en la nefasta concepción de que la publicidad oficial es una suerte de propiedad del elenco gobernante, que sirve para premiar o castigar a los medios de prensa. Beneficios para los alineados políticamente, represalia para el periodismo independiente.

La única medida válida para la contratación de un espacio de publicidad, de un contrato con un medio –pues de eso se trata–, es la mayor o menor capacidad para alcanzar destinatarios, objetivo de la difusión de un mensaje comercial o institucional. Pero de ello ya se ha ocupado otra ley que, con mayor o menor acierto y algunas excepciones de difusión cultural, respeta el mencionado principio.

En esta oportunidad, se trata ni más ni menos que de habilitar la violación del principio del soberano del respeto por la libertad de expresión y de pensamiento garantizados por nuestra Constitución y por todos los tratados internacionales a los que nuestro país ha adherido.

Tan absurdas resultan algunas de las exigencias de la norma sancionada que bastará que algún medio pequeño no pueda cumplir con la regla de la equidad de género para obtener su certificado y, por ende, se lo prive de publicidad oficial. O que un medio afín al pensamiento oficial, de poca circulación y ningún prestigio, pueda crecer económicamente, incorporando personas de diverso género hasta alcanzar la equidad requerida para beneficiarse así con el certificado y los ingresos por publicidad oficial.

Ya hemos padecido tan burda manipulación en la materia: medios con una tirada de 15.000 ejemplares recibían 40 millones anuales de pauta, y otros con más de 150.000, obtenían 800.000 pesos. Obviamente, el primero repetía el discurso oficial y el segundo ejercía su sana y normal independencia de criterio.

También sería muy fácil generar maliciosamente un despido con el fin de desequilibrar la ansiada equidad para impedir el acceso al certificado en cuestión, con el fin exprofeso de excluir a un medio de la asignación de la pauta oficial.

Vulnerar la libertad de expresión privando a las empresas periodísticas del ingreso por publicidad estatal, violando incluso la libertad de trabajo y de contratación, forma parte de la indisimulable y creciente embestida contra los medios independientes por parte de un gobierno afecto a acallar las críticas y a fomentar un seguidismo ciego.

Una vez más se utiliza un principio valioso como la no discriminación por género para lograr un resultado tan disvalioso como peligroso. Atentar contra la libertad de expresión es atentar contra la sociedad en su conjunto.

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