Inconcebibles anomalías para lograr impunidad
Mientras senadores del oficialismo buscan forzar la continuidad de la jueza Figueroa, esta sigue incurriendo en inadmisibles y escandalosos procederes
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LA NACION
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido absolutamente clara, en su fallo sobre el caso Schiffrin, al establecer que cuando un magistrado cumpla 75 años cesará en sus funciones en forma automática, a menos que cuente con un acuerdo del Senado que antes de la fecha límite prorrogue su mandato. La doctora Ana María Figueroa, jueza de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) desde el año 2011, cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, por lo que alcanzó ese día el límite etario que el máximo tribunal restableció en su interpretación de la Constitución Nacional.
Dicho en otras palabras, un juez es juez hasta que cumple 75 años de edad, salvo que haya logrado obtener un nuevo acuerdo del Senado antes de ese momento. En el caso del pliego de la doctora Figueroa, el Senado fracasó en dos intentos por reunir quorum y aprobar su continuidad en el cargo.
El secretario de Justicia, Juan Martin Mena, solicitó recientemente por escrito al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que sostenga a Figueroa en el cargo ante similares antecedentes que se resolvieron luego en el Senado. Por su parte, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio pidió en estos días a Cristina Kirchner que archive el pedido de acuerdo a la prórroga excepcional para que se les permita abocarse a la agenda del país.
La doctora Figueroa, designada presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal para el año 2023, había ya decidido unilateralmente que hasta la finalización del año legislativo y mientras aguarda el acuerdo del Senado que no obtuvo, seguiría en su sitial sin firmar resoluciones jurisdiccionales vinculadas con las causas en trámite, ni cuestiones de la presidencia del cuerpo. El vicepresidente primero de la CFCP, doctor Mariano Hernán Borinsky, asumió las tareas de la presidencia, a pedido de sus colegas.
El indecoroso comportamiento de la doctora Figueroa quedó también de manifiesto la semana última, cuando se hizo presente en el acto por el 92° aniversario de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, al que por compromisos del ámbito judicial no pudo asistir el juez Borinsky. Figueroa se presentó como presidenta del máximo tribunal penal y pronunció un discurso en calidad de tal, en medio de la sorpresa de los asistentes a ese encuentro.
La decisión de Figueroa de aferrarse a su cargo de magistrada, que le valió ya dos denuncias penales, resulta inaceptable y deja en una situación de indefinición muchas causas en las que intervenía como jueza de la Sala I, entre ellas la del caso Hotesur-Los Sauces y la del Memorandum con Irán, en las cuales se investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esas causas llevan más de dos años en trámite ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, un tribunal colegiado integrado además por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
La decisión de la doctora Figueroa de aferrarse a su cargo de magistrada, que le valió ya dos denuncias penales, resulta inaceptable y deja en una situación de indefinición muchas causas en las que intervenía
El impropio proceder de la doctora Figueroa no tiene precedentes entre los jueces del Poder Judicial de la Nación. Por un lado, normativamente cesó en sus funciones como jueza al cumplir los 75 años de edad. Por el otro, se niega a aceptar la situación y decide permanecer en el cargo. A su vez, dispuso que no ejercería aquellas funciones que en realidad aspira a mantener con el argumento de “evitar suspicacias”, lo que deviene en una situación tan grave como anómala. Constituye una flagrante contradicción pretender seguir siendo jueza habiendo resuelto no asumir las responsabilidades que corresponden al cargo.
Las causas mencionadas, entre otras, se han vuelto rehenes de la magistrada porque ella participó como jueza en audiencias públicas ya celebradas y estudió los expedientes, pero no firmó la decisión definitiva. Al no asumir que no es más jueza de la CFCP tampoco habilita a otro magistrado para que subrogue su vocalía, lo que permitiría destrabar la situación y avanzar con el trámite de la causa, respetando los principios de juez natural y celeridad en el proceso penal.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires fijó taxativamente su posición e instó a que se convoque a concurso para cubrir la vacante. Afirmó que la pretensión de la jueza resulta “inadmisible y genera escándalo jurídico al vulnerar un precepto constitucional que no admite más que la interpretación que surge de su claro texto, sin perjuicio de las sanciones penales cuya conducta reticente pudiera generar”. Con acierto señaló también que los jueces, encargados de aplicar el derecho, “son los primeros que se deben someter a él” y advirtió que tolerar esta situación “potenciaría el descrédito de nuestras instituciones, ya bastante transitadas por constantes ejercicios de abuso de poder”.
No es tampoco la primera vez que la magistrada burla las normas. A pesar de la inhabilitación que pesaba sobre ella para actuar en delitos de lesa humanidad, apartada por sus colegas por haber oficiado de querellante en delitos así encuadrados en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, aprovechó una vacante en la Sala 1 de la referida CFCP y logró, merced a sus aceitados vínculos, que el Ejecutivo, violando la Constitución nacional, saneara mágicamente sus títulos. La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, en el rol de “amicus curiae”, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que anule, por “anómala y escandalosa”, la sentencia dictada con su participación por dicha sala en la causa “Campos, Rodolfo y otros s/recursos extraordinarios”, donde se condena a militares, policías y civiles por hechos de la década del 70′.
Entretanto, senadores del oficialismo intentan condicionar el tratamiento de la reforma de la ley de alquileres –a la que la Cámara de Diputados dio media sanción una semana atrás– a la aprobación del pliego que extiende por cinco años el mandato de la jueza Figueroa, pese a que ya se ha vencido el plazo para eso, además de las designaciones de unos 75 jueces y fiscales, entre los cuales hay no pocos candidatos afines al kirchnerismo. La búsqueda de impunidad para la vicepresidenta de la Nación y otros funcionarios acusados por hechos de corrupción surge como el principal objetivo de esa maniobra de chantaje político.
Se espera que el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de garantizar la eficaz prestación del servicio de justicia, defina prontamente una situación a todas luces tan irregular como la de la doctora Figueroa, poniendo fin a la incertidumbre que impacta sobre algunas de las causas más importantes que debe resolver sin más demoras la Justicia de nuestro país.
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