Incaa: más cine, menos burocracia
El despropósito de subsidios destinados a financiar películas que nadie veía o las billeteras de artistas militantes no ha hecho más que profundizar la crisis
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En la senda del “no hay plata”, el Gobierno apuntó ahora contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), un organismo autárquico que no debería ser financiado con recursos del Tesoro Nacional y que, desde abril pasado, está cerrado por reestructuración y achicamiento.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, anunció que “el Gobierno decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores”. Los dos subsidios principales eran el de “taquilla”, que beneficiaba a las producciones exitosas hasta un tope, y “por medios electrónicos”, un porcentaje del 35% del costo medio de una película que se otorgaba según su calificación para financiar el rodaje de un proyecto clasificado como “de interés”.
El trámite de solicitud de subsidio demandará la presentación de un plan completo y detallado de producción que será evaluado como corresponde. El flamante decreto 662 dispuso que las producciones deberán contar con una financiación privada equivalente al subsidio por lo que este no podrá superar el 50 por ciento del costo total de producción del proyecto; tampoco podrán asignarse dos años seguidos.
El Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), creado en 1994 y fuente principal del financiamiento del Incaa, se integra en un 30 por ciento con la venta de entradas (10 por ciento de impuesto) y el 70% restante proviene del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que le deriva el 25 por ciento del impuesto a la facturación de los canales de televisión y cable. El FFC pasa a tener un tope del 20%, ya no del 50% como había dispuesto el gobierno de Alberto Fernández, para producción y exhibición de películas nacionales de largometraje.
Los cambios introducidos surgieron del trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura y el Incaa. La nueva reglamentación dispone que el 60 por ciento de los recursos del organismo “queda liberado para dar créditos, organizar concursos como el ya tradicional Gleyzer, sostener el Gaumont, la Enerc, Desarrollar la Cinemateca, el festival de Mar del Playa y el mercado de Ventana Sur”. De esta manera, los gastos corrientes, de estructura y de funcionamiento del Incaa deberán comenzar a cubrirse con el 20 por ciento restante del FFC, liberando recursos para construir una industria audiovisual competitiva.
En 2000, el Incaa tenía 90 empleados que, al asumir Milei, eran 730. Los retiros voluntarios y las no renovaciones de contratos redujeron la planta a 392. El déficit de ejecución del ejercicio 2023 fue de 2600 millones de pesos. La deuda por la gestión anterior en subsidios es de 14.000 millones de pesos.
El presidente del Incaa, el economista Carlos Pirovano, había tuiteado que “el cine no se promueve repartiendo plata; el cine se fomenta construyendo talento”. En esa dirección, además de transparentar y ordenar los gastos, se promoverá la escuela de cine, la búsqueda de talentos y una producción audiovisual competitiva.
La llamada cuota de pantalla –que obligaba a proyectar una película nacional por sala, en la mitad de las funciones, al menos por una semana y por cada trimestre– se va a mantener, pero con diferencias que las autoridades se comprometieron a dar a conocer en breve.
El cambio de hábitos, la proliferación de plataformas y opciones de entretenimiento, sumados a la crisis, condujeron al derrumbe del 72 por ciento en la cantidad de espectadores que concurrieron a salas para ver cine local en el primer semestre del año. Se estrenaron 102 películas argentinas, 71 de las cuales tenía subsidio. El 50% tuvo menos de 1000 espectadores, 17 menos de 500 y 6 menos de 200.
La Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) que nuclea a las productoras más importantes del país responsabilizó al decreto de conducir a “un daño irreparable al tejido productivo cinematográfico”, de desalentar también las producciones internacionales y el ingreso de capitales. Otras asociaciones (Asociación de Directores y Productores del Cine Documental Independiente de Argentina, Colectivo de Cineastas, Directores Independientes de Cine, Documentalistas Argentinos, DAC Documentales, Red Argentina de Documentalistas y Realizadores Integrales de Cine Documental) firmaron una declaración titulada “Sin cine, por decreto” cuestionando duramente la gestión de Pirovano, los despidos y recortes. No hay voces que se hagan cargo de los privilegios y enormes beneficios que significaron amiguismos e identificaciones ideológicas. Entre 2020 y 2023 se estrenaron 682 películas subsidiadas; el 95 por ciento tuvo menos de 10.000 espectadores, 24 solo convocaron a 10 y 3 a apenas a 2. Los realizadores no afrontaron riesgos. Hoy se prevé también que si una película no tiene buena recepción, el productor deberá devolver el dinero.
Las presencias estelares subsidiadas no garantizan recaudación, pero sí buen dinero cuando en el desmanejo del Estado vale todo. El actor Juan Acosta habló de “el gran curro del Incaa…” y lo definió como “un kiosco de amigos”. El fomento del cine argentino que cosechó valiosos éxitos no puede seguir subordinado a caprichos culturales ni a irresponsables gestiones. Para que vuelva a estar en el centro de la escena, era tiempo de que alguien dijera ¡corten!
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