Impunidad a cualquier precio
Pese a las deshonestas maniobras a las que el juez Martínez de Giorgi ha accedido vergonzosamente, la causa Cuadernos acredita pruebas contundentes
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LA NACION
Desde que una de las causas judiciales más emblemáticas de la era de corrupción kirchnerista, como la de los cuadernos de las coimas, comenzó a avanzar hasta encontrarse lista para ser tratada en un juicio oral, muchos de sus imputados pugnan por desarmar el expediente al precio que sea en procura de impunidad. Una reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, absurda por donde se la quiera analizar, va en ese sentido.
El citado magistrado –a quien oportunamente comparamos con el tristemente recordado Norberto Oyarbide por el arbitrario modo de llevar las causas sensibles al poder político y económico– procesó días atrás a Jorge Bacigalupo, el amigo del chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno por cuyas manos pasaron los referidos cuadernos en los que este último dio pormenorizadamente cuenta de todas las veces que llevó a funcionarios a retirar sobornos de empresarios que eran concesionarios de obras públicas. Si bien no se le impuso prisión preventiva, sin fundamentos que lo justifiquen se le prohibió salir del país y se le trabó un embargo de 80 millones de pesos, por encubrimiento agravado en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público.
La denuncia contra Bacigalupo había sido impulsada por el empresario Armando Loson, quien en su momento confesó ante la Justicia, en calidad de arrepentido, haber pagado sobornos en el marco de la causa por los cuadernos. Loson, al frente del grupo empresario Albanesi, que llegó a comercializar la décima parte del gas natural que se consume en la Argentina, aseguró en su denuncia que había encargado un peritaje privado sobre las fotocopias de los cuadernos que había detectado irregularidades en parte de los escritos en los cuales se aludía a él. Por ejemplo, que se había escrito “Armando” en reemplazo de “Marcelo”, además de otras tachaduras y enmiendas, que no parecen ser otra cosa que correcciones menores que no deberían tener impacto procesal.
El peritaje caligráfico, que curiosamente no fue solicitado al intachable cuerpo de peritos calígrafos del Poder Judicial de la Nación, sembró sospechas sobre la posibilidad de que Bacigalupo hubiese alterado los manuscritos de Centeno. El imputado negó rotundamente haber sido el autor de esas supuestas adulteraciones y solicitó el inmediato archivo de la actuaciones, por cuanto aquellas ni siquiera configuran tipo penal alguno. Sin embargo, el juez Martínez de Giorgi rechazó esos argumentos y lo procesó, sosteniendo temerariamente que hubo “un claro objetivo de ayudar, al menos a una persona que habría respondido al nombre de Marcelo, de quien, hasta aquí, se desconocen otros datos, sin perjuicio de que el devenir del proceso permita develar su identidad”.
Resulta inexplicable que el juez recogiera favorablemente la denuncia de Loson sobre enmiendas que en nada cambian la situación de los acusados de pagar sobornos a funcionarios kirchneristas. Ninguna de esas enmiendas alcanzaría, de cualquier modo, para alterar el resto de la prueba en una causa donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita integrada por funcionarios que recaudaban coimas entre empresarios.
Es que, al margen de la anotaciones de Centeno, algunas de las declaraciones de los empresarios involucrados, en carácter de arrepentidos, hablan por sí solas. La declaración de Loson, registrada en 2018, es particularmente contundente, ya que reconoció que pagaba a funcionarios que siempre venían en un Toyota Corolla gris a cobrarle. Centeno, precisamente, manejaba un automóvil similar.
“Nosotros cobrábamos por factura de Cammesa (...). Pero desde ahí pasamos a depender directamente del Ministerio de Planificación. Es decir, el ministerio tomó la batuta. Decía quién cobraba y quién no (...). Por el hecho de ser una empresa importante aunque no perteneciéramos a la obra pública, fuimos víctimas de requerimientos de dinero, sobre todo para las campañas, por eso las fechas que se me imputan son durante los años 2013 y 2015″, reconoció el citado empresario en sede judicial.
Loson también dio detalles, en esa declaración como arrepentido, de los requerimientos concretos de dinero que le hacían funcionarios kirchneristas. “En una de las reuniones que asiduamente teníamos en el Ministerio de Planificación por temas energéticos, (Roberto) Baratta pide verme aparte y me escribe en un papelito tipo block 1.800.000 pesos, lo que quería decir que debíamos colaborar con esa cifra. La segunda vez me lo dijo personalmente y me pidió 50.000 pesos. La verdad no estoy seguro ni me consta que ese dinero haya ido para la campaña”, afirmó.
Las pruebas del pedido de coimas por parte de funcionarios y de su pago por empresarios son contundentes y solo estamos ante manotazos de ahogado de quienes se aferran a cualquier elemento para nulificar las anotaciones de Centeno y entorpecer o demorar la causa, pese a que lo que está escrito en los cuadernos ya ni siquiera es necesario para probar los delitos que se imputan, por cuanto eso ha sido largamente superado por múltiples evidencias posteriores.
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