Impuestos contra el avance tecnológico
Mientras no haya medidas estructurales efectivas, seguirán apareciendo iniciativas cuyos efectos nunca serán beneficiosos para el conjunto social
LA NACION
El gravamen sobre las transacciones financieras, conocido como " impuesto al cheque ", afecta, como todo otro tributo, la operación y el desarrollo de nuevas inversiones. Pero el peor de sus efectos es el de desalentar el uso del sistema bancario y, por lo tanto, promover la informalidad y la evasión. Sus efectos quedan en evidencia cuando se compara el grado de bancarización de la Argentina (25%) contra 68% de Chile y 35% de Brasil. De esta forma, se explica el raquitismo del crédito y el elevado nivel de la tasa de interés.
Mientras se observan estas limitaciones, ha crecido rápidamente el uso de las plataformas virtuales para efectuar pagos y realizar transacciones. En competencia con las instituciones tradicionales del sistema financiero han surgido firmas como Mercado Pago, Todo Pago y Prisma, entre otras. Esta tendencia hacia el crecimiento exponencial de nuevas tecnologías es similar a la observada en el resto del mundo. Toda medida o regulación que las impida resulta lo mismo que escupir al cielo: va en perjuicio de la sociedad.
Estas causas y efectos no son desconocidos por el actual gobierno. Hace un par de años, voceros oficiales explicaban las razones de excluir a las plataformas virtuales del impuesto al cheque. Hacían justamente hincapié en no impedir el avance tecnológico. Ahora se transita en sentido inverso y se decide aplicarles ese impuesto y también dejarán de estar exentas de efectuar retenciones de Ganancias e IVA.
El propio titular de la AFIP , Leandro Cuccioli , ha declarado que las operaciones virtuales habían sido antes eximidas porque el Gobierno buscaba fomentar estas modalidades de pago.
La medida solo alcanzará a empresas y personas jurídicas y no a personas físicas. Además, dentro de las primeras no abarcará a las que tengan una facturación anual menor de 23,5 millones de pesos si venden bienes o 6,8 millones si proveen servicios. Pero es justamente en las empresas medianas y grandes donde los efectos son mayores. Se afectará su competitividad frente al exterior y en la medida en que impactará sobre gran parte del aparato productivo, incluyendo importaciones, finalmente lo terminarán pagando los consumidores.
El argumento esgrimido para justificar este paso es que debe darse un trato homogéneo a sistemas que compiten. En todo caso, parece más realista interpretarlo como un eslabón más de voracidad fiscal. La reducción del gasto público lleva un ritmo cansino a nivel nacional y es compensada por su expansión en provincias y municipios. Mientras no se lleven adelante medidas estructurales más efectivas, veremos iniciativas impositivas de las que nunca resultarán efectos beneficiosos para el futuro del conjunto social.
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