Idoneidad y moral en la función pública

La decisión de la presidencia del Senado, que apoyamos, de prohibir el canje por dinero de los pasajes al que tradicionalmente tenían derecho los integrantes del cuerpo ha removido una vieja cuestión: ¿cuál debe ser la remuneración de las autoridades de los poderes del Estado?

La Constitución nacional nada dice al respecto, pero el sano criterio que emana de la interpretación de nuestro ordenamiento legal nos está diciendo que esa remuneración debe ajustarse a la jerarquía de las funciones; a la idoneidad que se espera de los gobernantes, legisladores y jueces, y a la dignidad que encierran los cargos en juego. Que haya habido ineptos en las más altas posiciones del Estado, y hasta quienes las abordaron por el voto popular o por meros nombramientos administrativos con ánimo de esquilmar para sucios intereses personales los bienes públicos, no altera la sustancia del planteo.

Las conductas delictivas están tipificadas en el Código Penal, con rangos de sanciones según la gravedad de los hechos cometidos, y la sociedad dispone en cada elección, además, de la posibilidad de castigar a quienes hayan delinquido en la función pública privándolos de su voto.

Hace pocos días, la vicepresidenta Gabriela Michetti, en su carácter de titular del Senado, resolvió que los pasajes acreditados a favor de los senadores que se domicilian en un radio superior a los 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires son para viajar, no para convertirlos en dinero efectivo. Otro tanto había hecho el año anterior el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, respecto de los miembros de ese otro cuerpo. Michetti redujo además a la mitad el número de pasajes por avión, ómnibus o por los medios que fueren que estaban a disposición de los senadores.

En la última sesión de la Cámara alta, muchos legisladores dejaron expuesto su malestar respecto de esos recortes y reclamaron que se postergue la fecha de su entrada en vigor. Algunos, como el formoseño José Mayans, vicepresidente del bloque justicialista, acusaron a Michetti de usar esa decisión para hacer campaña electoral, de pretender mostrarse ante la sociedad como una "heroína" que pone freno a los senadores.

Los indicadores internacionales de transparencia reportan que en estos tres últimos años el país ha mejorado respecto de un pasado reciente y tenebroso. Las decisiones que comentamos, aunque parezcan poco frente a delitos de gravedad abrumadora contra los intereses generales del país, resultan indispensables para recuperar la honorabilidad del Estado argentino entre nosotros y en el ámbito internacional. Desde luego que el involucramiento de funcionarios públicos en casos de cohecho y extorsión está incluido entre las conductas deleznables que pueden esperarse dentro de las instituciones del Estado.

Algo bien distinto es interesarse porque el Estado se halle en condición de captar a los mejores recursos humanos a fin de ponerlos a su servicio y, en definitiva, al servicio de todos. ¿Está bien que el sueldo de un ministro, el de un legislador o el del propio presidente superen los 200.000 pesos? Puede parecer demasiado, según el nivel en que uno se encuentre en los escalafones de la actividad privada, pero muchos economistas, abogados y empresarios de algún éxito perciben ingresos más elevados. Cualquier jugador de fútbol de cierta categoría rehusaría salir a una cancha por una suma similar.

El Estado, en cuya demolición se aplicaron con esmero sucesivos gobiernos hasta encontrarnos con la experiencia superlativa del kirchnerismo, debe lograr una eficiencia comparable a la de los países más desarrollados. No lo ha de lograr con la dilapidación de recursos en improductivas estructuras elefantiásicas, pero sí con los recursos humanos más altamente calificados y, por ello, dignos de mejor compensación.

En ese sentido, no le queda a nuestro esquilmado Estado otra alternativa que competir con el sector privado por captar a los más idóneos, a los mejores. Y los mejores de verdad, en el más estricto sentido de la palabra, han de ser no solo sensibles a la seguridad económica que puede brindar un cargo, sino, por sobre todo, a las garantías de honra que trabajar para el Estado supone. La vocación de servicio empeñada en una función pública por los mejores debe recibir, cuanto menos, una paga razonable y suficiente. Por derecha. Sin argucias ni atajos como aquellos de los pasajes. Que así no sea nos sume en el peligro, largamente conocido, de que quienes ingresan en las estructuras públicas lo hagan con el mero afán de enriquecimiento personal a cualquier precio y predispuestos a todo tipo de componendas con los graves perjuicios que ya conocemos para las castigadas arcas del Estado y el honor de la República.