Idas y venidas con el impuesto a las ganancias
Cualquier reforma tributaria debe ser el producto de un debate serio y no el resultado de un toma y daca o de meras especulaciones electoralistas
LA NACION
El gobierno nacional ha anunciado la intención de enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso con el propósito de dejar sin efecto la eximición del impuesto a las ganancias para los asalariados que había dispuesto meses atrás el Poder Legislativo por impulso del entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
En aquella oportunidad, señalamos desde este espacio editorial que la alegría de los beneficiarios de esa medida tributaria –que abarca hasta hoy a quienes perciben mensualmente el equivalente a 15 salarios mínimos– iba a durar muy poco tiempo si, como tantas otras decisiones demagógicas del último gobierno kirchnerista, era financiada con más y más emisión monetaria. Y es probable que no nos hayamos equivocado.
El beneficio concedido a los asalariados encuentra algún fundamento razonable, por cuanto el salario no debería ser considerado ganancia y, en todo caso, debería hablarse de un impuesto al ingreso. Por otro lado, el deterioro del poder adquisitivo que venían sufriendo los salarios por el crecimiento de la inflación obligaba a contemplar subas en el mínimo no imponible, para que los salarios más rezagados no siguieran siendo castigados con mayor presión tributaria. A lo largo de muchos años, del mismo modo, la falta de una apropiada actualización de las deducciones permitidas ha hecho que cada vez más modestos salarios pasasen a ser alcanzados por ese impuesto.
Sin embargo, en lugar de avanzar hacia un debate serio y sereno sobre la forma de encarar esta cuestión, el populismo electoralista llevó a Massa y a los legisladores que lo acompañaron a decidir una amplia exención del impuesto sin evaluar la forma en que se podría compensar el costo fiscal que tal medida implicaría.
El festival demagógico también corrió por cuenta de algunos gobernadores provinciales que hoy, curiosamente, se quejan por la pérdida de una fuente de ingresos para sus distritos, a la luz de que el impuesto a las ganancias es coparticipable, pese a que en su momento apoyaron la iniciativa propuesta por Massa por un mero cálculo electoral.
El propio presidente Javier Milei estaría incurriendo en una contradicción al proponer ahora la reinstalación de ese tributo sobre los salarios, teniendo en cuenta sus dichos como diputado de la Nación en el momento de discutirse y sancionarse la norma en el Congreso. En aquella ocasión, Milei votó a favor de la reforma pedida por Massa y calificó de “aberrante” el impuesto a las ganancias. “El Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y, por lo tanto, los impuestos son un robo y con cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos yo voy a estar de acuerdo”, afirmó el por entonces diputado de La Libertad Avanza, el 19 de septiembre último.
Más aún, Milei consideró que tal tributo “penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Nos encontramos –dijo– frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto este impuesto, además, es inmundo y tiene que ser eliminado”.
Frente al reclamo de los gobernadores provinciales, que temen un desfinanciamiento como producto de la menor percepción de fondos coparticipables, como la que se deriva de la exención del impuesto a las ganancias sobre la llamada cuarta categoría, el gobierno nacional propuso reinstalar ese impuesto, siempre y cuando los mandatarios de las provincias contribuyan a la aprobación de la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo Nacional acaba de enviar al Congreso.
Queda demostrado que, muchas veces, la desesperación electoralista lleva a manotazos de populismo cuyas consecuencias no son meditadas ni siquiera por quienes podrían llegar a sufrirlas, como sería el caso de los gobernadores provinciales peronistas que acompañaron la iniciativa impulsada por Massa.
Cualquier asalariado podría hoy preguntarse con derecho por qué él tendría que financiar con su sueldo el déficit fiscal de provincias que son administradas irresponsablemente por sus gobernantes, en no pocos casos verdaderos señores feudales que se alimentan del clientelismo y del empleo público. El presente siglo ha sido testigo de un notable aumento del porcentaje de empleados públicos, muy superior a la propia tasa de crecimiento poblacional.
Es menester que los principales actores políticos entiendan que su palabra no puede ser una herramienta de canje que se adapta o modifica de acuerdo con las circunstancias.
Una reforma tributaria, sin dudas necesaria, debe ser el fruto de un debate serio, de tal modo que no sea objeto de ajustes a los pocos meses de su sanción. La Argentina precisa de seguridad jurídica y previsibilidad económica para avanzar hacia el camino del crecimiento. Los cambios permanentes en las reglas impositivas, al igual que los tributos sancionados con carácter extraordinario y temporario que pronto se convierten en eternos, distan de ser la vía para alcanzar la normalidad económica.
LA NACIONConforme a los criterios de
Conocé The Trust Project
