Horror en cárceles de Nicaragua
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LA NACION
Después de haber sido desterrados y despojados de su nacionalidad, algunos opositores nicaragüenses narraron lo que sufrieron en prisión por meses o años solo por oponerse o criticar al tiránico régimen de Daniel Ortega.
Los relatos coinciden en describir aspectos aterradores sobre las inhumanas condiciones que tuvieron que padecer privados injustamente de su libertad. Celdas de dimensiones mínimas, completamente oscuras y con un hoyo en el piso como baño.
Los presos políticos no solo son sometidos al aislamiento físico con prolongados períodos de incomunicación, sino también son víctimas de tortura psicológica, sujetos a entrevistas e interrogatorios diarios y, a quienes tienen hijos menores, no les han permitido verlos durante un año.
Los castigos van desde chantaje emocional, amenazas de trasladarlos a celdas más pequeñas y con peores condiciones y entrega discrecional de los alimentos que les llevan sus familiares, privándolos además de medicamentos y bebidas.
En julio de 2022, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación en Nicaragua en el que denunció el maltrato de los detenidos allí.
Según el documento, se sometió a detenidos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras se realizaron interrogatorios sin presencia de abogados en los que, en ocasiones, hubo palizas, amenazas y privación de sueño, hasta negarles el acceso a servicios médicos.
Victoria Cárdenas, esposa del líder opositor y precandidato a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro, denunció las pésimas condiciones de las cárceles. Su conclusión fue contundente: “Nicaragua es una gran cárcel porque las personas, si no están en las cárceles o en el exilio, dentro de Nicaragua están con terror y silenciadas”.
El matrimonio Ortega-Murillo ha decidido institucionalizar un estado policial en Nicaragua mediante la aprobación de leyes que limitan el ejercicio de derechos fundamentales, la normalización de la vigilancia y el control y el autoaislamiento. Solo una presión internacional firme y sostenida forzará al gobierno de Ortega a adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Aún quedan tras las rejas muchísimos presos políticos de cuya suerte nada no se sabe.
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