Hidrovía: otra licitación manchada por viejos vicios
Una de las más importantes concesiones del país se halla sospechada de un escandaloso direccionamiento en favor de una empresa
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Es de público conocimiento la importancia que representa para nuestro país el dragado de la Hidrovía, la vía navegable por donde salen al mundo casi el 80% de las exportaciones de productos argentinos, entre los que se encuentran mayoritariamente las del agro y la minería, así como llegan las importaciones del gas natural licuado. Además, la Hidrovía es utilizada por países limítrofes como Brasil, Paraguay y Bolivia.
El dragado y balizamiento de esta vía es fundamental para que los buques puedan transitarla, ya que la alta sedimentación característica del río Paraná, sumada al mayor calado que requieren los buques de carga para tener fletes competitivos, hace necesario realizar nuevas obras de profundización de los canales.
Lamentablemente, la Hidrovía ha ganado fama también como una arteria que se ha convertido en una de las principales rutas para enviar a Europa grandes cantidades de cocaína.
Recientemente se ha hecho público el pliego de la licitación pública nacional e internacional para concesionar el dragado de esta vía navegable por un plazo de 30 años, más 30 de prórroga. El procedimiento ha generado grandes cuestionamientos y denuncias, a raíz de varias cláusulas que determinan un claro direccionamiento hacia la empresa belga Jan De Nul, que actualmente desarrolla las tareas de dragado con un contrato provisorio con la Administración General de Puertos (AGP), lo que desalienta toda competencia en el marco de esta contratación, que se estima alcanzaría un valor económico de unos 20.000 millones de dólares.
La Hidrovía ha ganado fama también como una de las principales rutas para enviar grandes cantidades de cocaína a Europa
Cabe aclarar que la empresa Jan De Nul se encuentra dragando la Hidrovía desde 1995 en forma ininterrumpida. Comenzó a través de la empresa Hidrovía SA –conformada junto con la empresa local Emepa, del empresario Gabriel Romero–, a la que se le adjudicó la obra de dragado y balizamiento a través de contrato de concesión por peaje, que fue objeto de numerosos cuestionamientos y denuncias, de los que se dio cuenta en varias oportunidades en esta columna. Una prematura renegociación durante la gestión menemista, a tan solo dos años de su vigencia, le permitió en 1997 obtener 8 años adicionales de concesión a los 10 fijados inicialmente, un aumento de la tarifa de peaje y otros beneficios no contemplados originalmente. Luego, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que en 2001 pesificó todas las tarifas de servicios públicos, logró no solo mantener dolarizado el valor del peaje por el uso de la vía navegable, sino también obtener incomprensiblemente un incremento del 45% en el valor de dicha tarifa.
Finalmente, ya en la gestión de Néstor Kirchner, consiguió un nuevo incremento tarifario del 36% en dólares, totalizando un incremento del 81% en la misma moneda desde que se declaró la emergencia en los contratos de servicios públicos, mientras todos los demás servicios permanecían con tarifas en pesos y casi congeladas. Por si fuera poco, en el marco de otra renegociación contractual, durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2009, se suscribió un acta acuerdo ratificada por el PEN un año después, por medio de la cual se mantuvieron dolarizadas las tarifas y se le acordó a la empresa una nueva extensión del plazo de concesión por otros 8 años. Corresponde recordar que, por la suscripción de tal acta acuerdo, Romero reconoció ante la Justicia, en la causa Cuadernos, que pagó a funcionarios públicos argentinos la suma de 600.000 dólares que le habrían exigido para que la entonces presidenta de la Nación firmase el decreto aprobatorio. A lo escandaloso de este proceso se suma la declaración en la citada causa judicial del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien confesó que durante años recibió mensualmente dinero de la empresa concesionaria. Sin embargo, ningún juez ni fiscal interrogó a los directivos de Jan De Nul, que tenía el 50% de la empresa.
Tras generar esta concesión ganancias millonarias durante 25 años para Hidrovía SA, y por llegar a su fin la vigencia del contrato, en septiembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández le cedió esa obra a la AGP, que adjudicó los trabajos de dragado en forma directa y sin licitación nuevamente a Jan De Nul, por un plazo de 12 meses o hasta tanto se llamase a nueva licitación, pese a que otras empresas presentaron cotizaciones con precios hasta un 30% inferiores. Otro hecho que no ha pasado inadvertido fue que la AGP resolvió aumentar el precio de la contratación directa en más de un 30%.
Hace tres años, la AGP buscó consolidar la situación irregular de Jan De Nul mediante el dictado de una licitación “corta” que permitiera legitimar a dicha empresa hasta la convocatoria a una licitación “larga”. Ese proceso devino en un escándalo, y tuvo que intervenir la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que, a raíz de varias denuncias, dictaminó que el procedimiento poseía graves inconsistencias y debían adecuarse los pliegos. Estas irregularidades en la licitación motivaron que se abrieran investigaciones contra la cúpula de la AGP, entre ellos, Cristian Rigueiro y Ariel Cherubini, quienes hoy son parte, como si nada hubiese pasado, de la comisión evaluadora de ofertas de la nueva licitación.
Se han detectado graves irregularidades en la Administración General de Puertos que justifican el anuncio oficial sobre su liquidación
La AGP y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Iñaki Arreseygor, están sospechados de direccionamiento. Miembros de la Coalición Cívica presentaron una denuncia formal ante la PIA donde remarcaron el riesgo de llevar a cabo una licitación tal como se encuentra redactada, sosteniendo que va en contra de los principios de igualdad y máxima concurrencia de ofertas. En igual sentido, el diputado Nicolás Massot solicitó al presidente de la Cámara baja que convoque a las autoridades que participaron en la confección de los documentos para aclarar ciertas cuestiones. Sin embargo, nada ocurrió.
En este contexto, dos empresas dragadoras internacionales, la danesa Rhode Nielsen y la belga Deme, presentaron contundentes impugnaciones a los pliegos, sobre la base de que fueron confeccionados para favorecer a Jan De Nul. Se espera que los funcionarios que recibieron estas denuncias, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, hayan tomado nota de ellas para actuar en consecuencia dando en su caso la debida intervención a la Justicia Penal.
Recientemente, una resolución de la Oficina Nacional de Contrataciones dispuso la confidencialidad hasta mediados de 2025 del registro de eventuales oferentes de este tipo de licitaciones. Algo que lleva a pensar en la intención de ocultar información.
Informes periodísticos dan cuenta de varias irregularidades en el seno de la AGP, como sueldos estrafalarios, proyectos faraónicos y licitaciones direccionadas. Según fuentes periodísticas muy reconocidas, se ha detectado un negocio millonario con la “caja chica”, fondeada con el peaje del dragado, que se utiliza de manera discrecional para gastos injustificados. Según ha trascendido, detrás de la AGP se encuentran los cuestionados hermanos Diego y Leonardo Salom, con nexos con Gustavo “Turco” Elías, sindicado como presunto testaferro de Hugo Moyano, investigado por la Justicia por lavado de dinero, y con lazos con Sergio Massa. Estos personajes se encuentran hoy parapetados en la AGP con cargos gerenciales dentro de dicha empresa estatal, y se encuentran manejando la licitación de la Hidrovía junto a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Se justifica, entonces, el anuncio del gobierno nacional sobre la próxima liquidación de la AGP y de esa subsecretaría. Es inaceptable que existan irregularidades de semejante entidad en uno de los contratos públicos más importantes del país, donde el corazón de nuestra economía se verá puesto en juego por favorecer a una empresa extranjera de dudosas credenciales éticas, con un contrato multimillonario, a costa de la sociedad argentina, afectando gravemente la competitividad de todo el sector exportador e importador. Una nueva licitación que mantiene viejos vicios.
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