Haití: detener el colapso
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Según la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), más de 5600 personas fueron reportadas como asesinadas en Haití el año pasado, un 20% más que en todo 2023. Además, se contabilizaron más de 2200 personas heridas y casi 1500 secuestradas. La violencia descontrolada generada por las bandas armadas que dominan las principales vías del país y el 80 % de la capital, Puerto Príncipe, no pueden ser controladas por unas esmirriadas fuerzas de seguridad sin equipamiento.
La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés) calcula que la violencia impuesta por las pandillas se tradujo en más de 1700 muertos para el último trimestre de 2024, incluidos 75 niños, y 411 heridos, de los cuales 22 son menores de edad. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha confirmado que más de un millón y medio de personas han sido desplazadas. En tanto 5,4 millones de personas luchan por alimentarse a sí mismas y a sus familias todos los días, lo que representa una de las proporciones más altas de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en cualquier crisis mundial. La crisis se extiende a un sistema sanitario tan exiguo como frágil y al borde del colapso con 6 de cada 10 hospitales apenas operativos y sin suministros básicos para atender a los niños, según denuncia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Un solo hospital funciona en la zona metropolitana; los demás fueron incendiados por grupos terroristas. En una sola semana, tres estaciones de radio y televisión fueron destruidas.
Habrá quienes opinen que la comunidad internacional no tiene ninguna responsabilidad respecto del país más pobre de América Latina y del Caribe, con una tasa de pobreza estimada en un 60% y la mayoría de su población en condiciones de pobreza extrema. Pero no es así. Tal como denunciáramos anteriormente desde esta columna editorial, las armas y municiones que utilizan las bandas criminales que asolan el territorio haitiano provienen de Estados Unidos y han debido atravesar la República Dominicana para llegar a destino. En octubre de 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dispuso el embargo de armas y equipos conexos para intentar reducir la violencia de las pandillas, con un alcance que supuestamente se ha ampliado a partir de entonces. La débil, casi nula, implementación del embargo se comprueba en las calles: las pandillas cuentan hoy con ametralladoras Barrett, potentes armas de precisión utilizadas por el ejército estadounidense. Cualquiera podría preguntarse cómo se insiste en ejercer el control de ingreso de bienes ilegales al territorio norteamericano y se descuida tan livianamente la salida de armas de destrucción hacia territorios como Haití.
Hace ya más de dos años que, oficialmente, el gobierno haitiano de entonces pedía el apoyo de las Naciones Unidas para combatir a las bandas criminales. De hecho, el Consejo de Seguridad autorizó el envío de fuerzas para apoyar a la policía nacional. Sin embargo, con menos de mil efectivos es imposible enfrentar a las populosas bandas y las masacres se repiten sin cesar, con aumento de número de muertos y desplazados.
Según la BINUH, la violencia en la isla caribeña se consolida sobre tres bases: las actividades criminales de las bandas, las operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas y las acciones de grupos de autodefensa. Haití ha dejado de ser un Estado fallido para convertirse en algo peor: una nación sin Estado. Con aeropuertos cerrados, falta de alimentos y medicinas, saqueos, abusos y violaciones sexuales, extorsiones y secuestros, las bandas criminales han ocupado el vacío de poder, convirtiendo barrios enteros en zonas de guerra.
Las Naciones Unidas han fallado en su intento por proteger a los haitianos. Hay que decirlo. Tampoco pareciera que la comunidad internacional se esté esforzando por encontrar salidas solidarias y acciones concretas que lleven a una sustancial mejora de la seguridad de esta población. Hoy el pueblo haitiano pareciera no existir para nadie. Este largo abandono debe revertirse sin más demoras para evitar que se consolide en la región un nuevo narcoestado. Urge apoyar militarmente el restablecimiento del respeto por los derechos humanos y las instituciones democráticas ante una catástrofe humanitaria que se agrava día tras día.
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opinión
