Graves irregularidades en la Justicia
Un Consejo de la Magistratura paralizado, mero espacio de intercambio de favores entre políticos y jueces, pierde su imprescindible independencia y su valor
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LA NACION
La Justicia es pilar de una sociedad con normas que posibilitan la convivencia civilizada fundada en los principios de libertad, equidad e igualdad. Su integración con funcionarios y magistrados de sólida formación académica y moral intachable resulta tan fundamental como su independencia de los poderes de turno.
La reforma constitucional de 1994 introdujo como instituto el Consejo de la Magistratura, organismo permanente y auxiliar para la administración del Poder Judicial. Una de sus funciones esenciales es designar, supervisar y remover jueces con el fin de asegurar procesos independientes de las injerencias de la política partidista, al establecer para ello concursos y criterios objetivos para las designaciones. En 1997 se aprobó la ley que determinó su estructura y funciones, y en 1998 comenzó a funcionar.
Urge erradicar de la Justicia los concursos viciados y las prácticas nefastas que persiguen la impunidad minando la confianza ciudadana en la Justicia
Con la posterior reforma de 2006, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, el Consejo de la Magistratura modificó su composición y distorsionó los propósitos de quienes lo habían ideado, al incrementarse la representación de los partidos políticos en la integración del organismo. Así, el Consejo de la Magistratura no ha respondido a las aspiraciones de quienes propiciaron su incorporación a la Constitución nacional. Basta repasar solo algunos personajes nefastos de una Justicia Federal complaciente con la corrupción y el servilismo hacia quienes ejercían o ejercen el poder político.
En numerosas ocasiones se designa jueces y fiscales a personas reprobadas en los exámenes, pero que cuentan con el auspicio de gobernadores o dirigentes políticos que buscan impunidad a sus demasías.
El Consejo de la Magistratura no debería seguir siendo un organismo burocrático más dedicado a engrosar sus plantas de personal con familiares de la dirigencia política o judicial
Escandalosos personajes de una Justicia degradada, como el recientemente fallecido Norberto Oyarbide o el jubilado Rodolfo Canicoba Corral, salieron siempre indemnes de las numerosas y fundadas denuncias que recibieron tanto por sus gravísimas inconductas como por la tan inexplicable como vergonzosa evolución de sus patrimonios.
Asistimos atónitos hoy al caso del juez federal Walter Bento, de Mendoza, cuyos procesamiento y prisión preventiva fueron ordenados en primera instancia y confirmados por la Cámara Federal de ese distrito, aunque aquella no se efectivizó por los fueros que tiene el magistrado, creados para un propósito totalmente distinto al de evitar rendir cuentas ante la Justicia.
Bento, acusado en mayo pasado de cobrar coimas para liberar a presos, está procesado por los delitos de asociación y enriquecimiento ilícitos, lavado de activos, seis hechos de cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, una causa con 24 imputados, incluidos varios abogados y oficiales de la policía, de los cuales diez ya fueron detenidos. Sus bienes y los de su esposa, suspendida en su cargo de empleada judicial, fueron embargados. Sin embargo, sin importarle el inconmensurable daño que casos como estos infligen a toda la Justicia, el Consejo de la Magistratura rechazó el pedido del diputado Pablo Tonelli (Pro-Capital), postergando el desafuero y la suspensión del juez con el argumento de que aún no ha sido condenado. Podría admitirse que no fuera aún destituido, pero no se explica, salvo por la protección política del oficialismo, que este magistrado acusado de ser un delincuente contumaz no haya sido aún suspendido en el cargo.
Estas aberraciones propias de organismos subordinados al poder político contrastan con la celeridad evidenciada a la hora de actuar contra magistrados independientes y probos que fueron capaces de resistir las enormes presiones del oficialismo en sus inclaudicables esfuerzos por salir impune de los delitos de corrupción cometidos durante sus gestiones.
El principio republicano de división de poderes debe priorizarse para que la Justicia no termine de convertirse en un mero apéndice del poder político
No se puede obviar otra situación igualmente escandalosa: la del fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, actualmente de licencia, quien fue procesado recientemente y embargado por 2000 millones de pesos, acusado de ser el jefe de una organización criminal que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de drogas a bandas de narcotraficantes.
Hasta julio del año pasado, Scapolan se desempeñaba como titular del área Ejecutiva de Inteligencia Criminal de San Isidro. Fue acusado de liderar una banda de policías, funcionarios judiciales y abogados corruptos. Un año después, 53 personas han sido imputadas, 32 están procesadas y quedan cinco prófugos.
Otro caso vergonzoso es el del juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, quien, en un trámite exprés, absolvió a Karina Moyano, hija del sindicalista Hugo Moyano, y le reintegró 500.000 dólares cuya tenencia y origen la mujer no pudo explicar.
Que importantes magistrados ligados a delitos gravísimos sigan en el cargo no solo preocupa, sino que también mina la confianza ciudadana en la Justicia.
No menos graves resultan las alteraciones de los órdenes de méritos de los concursos o las subrogancias a cargo de quienes han obtenido pésimas notas en aquellos. En los últimos días se conoció que el juez Martín Bava, al frente de un juzgado federal de Azul desde hace una década y hoy subrogante del de Dolores, había sacado en 2008 el puntaje más bajo, equivalente a un dos, siendo cuestionado un año después por el Colegio de Abogados de Azul, que no logró evitar su designación. A las numerosas críticas de su mal desempeño, que incluyen una supuesta falsificación de un acta en un juicio oral en estudio del Consejo, se suman las que surgen de la politizada citación a indagatoria y prohibición para salir del país decretada a Mauricio Macri.
El Consejo de la Magistratura no debería seguir siendo un organismo burocrático más dedicado a engrosar sus plantas de personal con familiares de la dirigencia política o judicial, ni mucho menos funcionar como moneda de cambio de favores entre políticos o integrantes del Poder Judicial.
El principio republicano de división de poderes debe priorizarse para que la Justicia no termine de convertirse en un apéndice del poder político. Para evitar la degradación a la que el oficialismo busca someterla, se impone reformar el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema tiene a su consideración un caso que plantea la inconstitucionalidad de la malhadada reforma de 2006; su resolución sobre ese caso podría comenzar a encarrilar estos peligrosos desvíos.
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