Golpe al Parlamento británico
Miles de británicos, como era ciertamente de esperar, salieron masivamente a las calles de Londres y de otras 32 ciudades de su país para protestar, con justificada indignación, contra la cuestionable decisión de su cada vez más controvertido primer ministro, Boris Johnson, de acortar caprichosamente el plazo del período de las actividades parlamentarias y tratar de evitar así la intervención legislativa en el espinoso tema de la salida británica de la Unión Europea (Brexit), prevista para el 31 de octubre, sin poder lograr acuerdos previos sobre sus términos y alcances.
Las protestas consideran con buenas razones que las autoritarias decisiones del primer ministro Johnson asestan un verdadero golpe al corazón mismo de la democracia parlamentaria británica.
Pese al escaso tiempo ahora disponible, que es de apenas una semana, es aún teóricamente factible que el Parlamento británico pueda frenar lo que puede ser una salida desordenada y sin acuerdos básicos de la Unión Europea, como parece pretender Johnson. Ello supondría, previsiblemente, extender unilateralmente el plazo de las negociaciones, para poder trabajar sin que los tiempos presionen y perturben en demasía las tratativas, incluyendo la posibilidad de convocar a un segundo referendo.
La decisión parlamentaria se ha tomado ante la circunstancia de que, paradójicamente, ni la designación de Johnson ni la grave decisión de abandonar la Unión Europea sin acuerdos previos fueron decididas con la participación del pueblo británico de modo directo.
Tanto Escocia como Irlanda del Norte han iniciado, en paralelo, acciones legales que van en la misma dirección por ante los tribunales del Reino Unido. Quienes protestan piden, entre otras cosas, que se convoque a un referendo adicional, antes de decidir definitivamente la delicada cuestión.