Gobernadores: menos reclamos y más responsabilidad
Nadie habla de eliminar la coparticipación federal, sino de generar incentivos que ayuden a ordenar los gastos provinciales
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LA NACION
En los últimos días los gobernadores han expresado preocupación por la eventual quita de fondos recibidos de la Nación luego del cambio de gobierno.
Algunos de los mandatarios provinciales que apoyaron en el balotaje al candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, incorporaron el tema a la campaña del miedo: “Si gana Milei, suprimirá la coparticipación y no podré pagar los sueldos”. La magnitud del supuesto daño de esa tenebrosa premonición la hizo poco creíble. Sin embargo, sin esa mala intención, los gobernadores de la coalición de Juntos por el Cambio también reclaman que el próximo programa económico no los afecte.
La realidad es que el presidente electo, Javier Milei, no incorporó a su programa la eliminación de la coparticipación federal de impuestos. Lo que efectivamente han analizado, tanto algunos miembros de sus equipos como de otros centros de estudios, es una transformación del régimen de coparticipación para generar mejores incentivos que ayuden a ordenar el tantas veces desorbitado gasto provincial, alejándolo también de ser instrumento de alineamiento político. El propósito de esos cambios sería lograr mayor ligazón entre lo que se gasta y el esfuerzo aplicado para recaudar los fondos necesarios. Es lo que en la jerga económica se denomina correspondencia fiscal.
Debe lograrse correspondencia fiscal entre lo que gastan las provincias y el esfuerzo aplicado a recaudar los fondos necesarios
Más de una vez hemos señalado al régimen de coparticipación federal de impuestos como un elemento inductor de la irresponsabilidad fiscal de los gobernadores. Es una consecuencia de que la mayor parte de su gasto lo hacen con fondos que recauda el gobierno nacional, o sea que gastan con billetera ajena. Tienen el beneficio político de incrementar con distintos fines la planta de empleados públicos, realizar obra pública de dudosa utilidad o simplemente gastar sin pagar nunca el costo político de tener que aumentar los impuestos a sus coprovincianos.
La transferencia de fondos recaudados por el gobierno nacional cubre dos tercios del gasto provincial conjunto y en algunas provincias supera el 90%. Se da el caso de que a los gobernadores puede convenirles que se evadan los impuestos nacionales en sus provincias, ya que ese dinero queda así en su totalidad para ser gastado en sus territorios, mientras que si se pagan retornan por la vía de la coparticipación en un porcentaje menor. Esta situación ha generado a lo largo de los años una tendencia a gastar más y peor, aumentando las burocracias y los gastos corrientes. Los incentivos juegan en ese sentido y el fenómeno se viene observando desde la aparición de la coparticipación, en 1934.
La revisión de régimen no consistiría obviamente en quitar los fondos a las provincias, sino en devolverles potestades tributarias para lograr la mayor aproximación posible a la correspondencia fiscal. Esto es que quien gaste recaude. De esta forma los propios ciudadanos de cada provincia se preocuparían por presionar a su gobernador para que gaste menos y mejor. Los incentivos operarían en igual sentido que el interés del conjunto social. Esta es la forma eficiente de lograr un objetivo. No lo han sido los acuerdos federales ni las leyes de responsabilidad fiscal, que nunca se han cumplido al no ser aplicables penalidades personales. Ocurre que los gobernadores gastan mucho de su tiempo en la ciudad de Buenos Aires, presionando por fondos que no les corresponden por la distribución automática, cuando la costumbre de gastar sin recaudar los impulsa.
Bien harían los mandatarios provinciales en buscar junto al gobierno nacional una forma de perfeccionar el régimen impositivo para reducir el gasto y consolidar el federalismo
El actual régimen de coparticipación incorpora un mecanismo de distribución entre provincias que favorece a las menos desarrolladas, con la intención de nivelarlas. Aunque ello no se haya logrado, debe reconocerse la licitud de la resistencia de esas provincias a una correspondencia fiscal pura. Esto se resolvería con un fondo de redistribución entre provincias, auditado por ellas mismas, que permitiera un empalme con la distribución vigente. Claro que a partir de allí las compensaciones no debieran variar para que efectivamente aquel gobernador que quiera aumentar su gasto tenga que aumentar sus propios impuestos. Esto llevaría a un federalismo auténtico, como ocurre en los Estados Unidos, donde si un gobernador quiere atraer industrias o habitantes, debe ser más eficiente y reducir sus impuestos.
Estamos en el inicio de un nuevo gobierno que llega al poder con la consigna del cambio. Debe enfrentar una gravísima situación cuya génesis está en el exceso crónico del gasto público. Las provincias y municipios erogan la mitad del gasto público del país y además lo han hecho crecer en las últimas décadas a mayor ritmo que la Nación. Bien harían los mandatarios provinciales en reducir sus reclamos y buscar junto al gobierno nacional una forma de perfeccionar el régimen impositivo para promover la reducción del gasto, consolidar el federalismo y beneficiar al conjunto del país.
Debería irse incluso más lejos. No solo correspondería corregir la distorsión existente, sino también aquellos factores que han inducido el crónico aumento del gasto provincial.
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