¡Fuera del gobierno de Venezuela, dictador Maduro!
La comunidad internacional debe acompañar el veredicto electoral del pueblo venezolano y presionar para que se vaya quien usurpa el poder
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El dictador Nicolás Maduro se propone reasumir mañana como presidente de Venezuela sin haber podido demostrar su victoria electoral y sin reconocimiento internacional de peso. Su principal rival en las urnas, Edmundo González Urrutia, contundente ganador en los comicios del 28 de julio del año último, mostró en cambio copia de las actas que ratifican su triunfo y ha prometido regresar al país para asumir el cargo.
Maduro ratificó el carácter “popular, militar y policial” de su gobierno y, en un tono violento, advirtió a sus adversarios que nunca entregará el bastón de mando como comandante en jefe de la Fuerza Armada venezolana. En paralelo, el número dos del régimen, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, anticipó que González Urrutia –por quien se ofrece una recompensa de 100.000 dólares a quien conduzca a su captura– no podrá ingresar a Venezuela sin ser detenido de inmediato. El yerno del legítimo presidente electo fue recientemente apresado. Actualmente 125 extranjeros de diferentes nacionalidades está encerrados en prisiones de máxima seguridad, y otros siete han sido capturados por el régimen venezolano en los últimos días, probablemente como potenciales prendas de canje de cara a un eventual escape forzado del dictador.
El chavismo ha militarizado aún más las calles y convocó a sus militantes a masivas marchas en Caracas y en cinco regiones de Venezuela para cuando Maduro acuda al Parlamento a jurar para su tercer mandato consecutivo como jefe de Estado, acto que gran parte de la comunidad internacional ya adelantó que no reconocerá.
Por su parte, la líder en la clandestinidad María Corina Machado, a través de redes sociales, convocó al mundo a marchar desde hoy por Venezuela. Aseguró que el final de la presidencia de Maduro está muy cerca y destacó que derrotar a una tiranía cruel en las calles de todo el país con los votos del pueblo es una hazaña épica.
La Argentina vive el proceso electoral venezolano con particular interés debido a dos situaciones definitivamente contrarias al derecho internacional que la involucran directamente. En primer lugar, la de la embajada argentina en Caracas, actualmente custodiada por Brasil, bajo asedio permanente por parte de fuerzas de seguridad venezolanas a asesores de campaña de María Corina Machado allí refugiados. Nuestro país condenó enérgicamente los actos de hostigamiento e intimidación y el despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de la sede diplomática y otras maniobras que constituyen una perturbación de la seguridad. Sin luz, sin agua y con escasos alimentos, el acoso a la embajada argentina no ha cesado en ningún momento. Maduro se negó a entregarles un salvoconducto, pese a las reiteradas peticiones del gobierno de Lula da Silva. Tampoco respondió a la enérgica condena del gobierno de los Estados Unidos, que calificó estas acciones de una “grave violación del derecho internacional”, que compromete la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, e instó a respetar sus obligaciones internacionales y a detener las acciones intimidatorias.
El segundo hecho tiene como protagonista a Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino que fue ilegalmente detenido en Venezuela cuando iba a visitar a su pareja y a su hijo de dos años. El siniestro fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó que se lo acusa de haber intentado ingresar de manera irregular y de estar vinculado a acciones terroristas en ese país, además de pretender asesinar a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Una acusación tan absurda como temeraria, que choca con la documentación oficial difundida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que demuestra que el régimen chavista había formalmente autorizado el ingreso de Gallo a Venezuela a fines de noviembre pasado.
La Justicia argentina exhortó a Venezuela a informar, por vía diplomática, el paradero del gendarme. Se solicitó conocer el lugar de detención y los motivos de su arresto, quién es el juez que lo mantiene detenido y que se le permita designar a un abogado y trabar contacto con su familia. Se presentó, además, una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de desaparición forzada de persona.
La preocupación por la detención del gendarme escaló a nivel internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció que el caso constituye un crimen de lesa humanidad y reclamó la inmediata liberación del uniformado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al régimen de Maduro una serie de informes sobre su situación. Para reafirmar el compromiso de la Argentina con los valores democráticos y la libertad en la región, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a González Urrutia, quien también recibió el apoyo de Joe Biden en Estados Unidos.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de redoblar sus esfuerzos para que Venezuela regrese a la plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho, presionando para que el dictador Maduro deje el poder. Las voces de todos los países deben resonar con fuerza para evitar este nuevo atropello que castiga al pueblo venezolano y a la región. El silencio y la inacción no son otra cosa que complicidad.