Ficha limpia: Mendoza da el ejemplo
LA NACION
Avanza en la Legislatura provincial la ley por la que se prohíbe que ocupen cargos públicos electivos y ejecutivos los condenados por diversos delitos
Mendoza es una de las provincias con instituciones más vigorosas de la Argentina. Comparada con el Estado nacional o con los sistemas feudales que arrasan con las instituciones de la democracia en muchos de los estados provinciales, comenzando por la vecina provincia de San Luis, en manos de una dinastía familiar desde 1983, esta cualidad es digna de ser destacada, pues tiene mucho de mérito propio.
Por un lado, la Constitución provincial prohíbe la reelección del gobernador y que lo sucedan su esposa, hijos o hermanos, con lo que garantiza la sana alternancia en el ejercicio del poder; por el otro, la provincia es cuna de una cultura institucionalista basada en la imperiosa necesidad de administrar de manera democrática los recursos escasos, incluida el agua.
La activa sociedad civil mendocina ha sabido incidir en diversos ámbitos, desde impedir avasallamientos al ambiente hasta organizar debates con los candidatos a gobernador durante las elecciones.
El valioso antecedente de Mendoza debería servir como impulso al Congreso Nacional para sancionar su propia ley de ficha limpia
Esta vez fue el Poder Legislativo provincial el que dio pasos firmes hacia la sanción de una ley denominada de ficha limpia, fundamental para evitar que condenados por corrupción y otros delitos se presenten a competir por cargos electivos u ocupen puestos de gobierno.
El proyecto fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados mendocina, por 48 votos positivos y uno negativo de la representante de la izquierda política, y fue enviado en revisión al Senado. Contempla que no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni postulantes en comicios generales a cargos públicos, ni funcionarios estatales las personas que se encuentren condenadas, en juicio oral y público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por delitos contra la administración pública, es decir, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. Durante la sesión de ayer se incorporó, además, la prohibición de acceder a esas candidaturas y cargos a los condenados por delitos económicos y contra la integridad sexual, la libertad y el estado civil de las personas.
Además, se determinó que los funcionarios públicos deberán presentar ante la Oficina Anticorrupción del distrito un certificado que acredite que no poseen antecedentes penales y, una vez que hayan asumido sus cargos, se les exigirá mantener una conducta acorde con el cumplimiento de las gestiones que se les asignen.
Los legisladores nacionales ya cuentan con una petición ciudadana de la plataforma Change.org, avalada por casi 360.000 firmas, para legislar sobre la materia
El proyecto había sido presentado por la diputada radical María José Sanz y contó con el apoyo de miembros de su bloque y de la amplia mayoría del resto de las bancadas, que realizaron aportes, tanto en comisión como en el recinto, los que fueron aceptados por el oficialismo. Sin embargo, durante la discusión en particular, la oposición representada por el justicialismo y el Frente de Todos se abstuvo de votar el inciso por el que se decidió no esperar hasta las sentencias firmes.
El amplio apoyo registrado ayer en el recinto demuestra que, cuando hay iniciativas que hacen a la esencia del fortalecimiento del sistema democrático, las diferencias partidarias pueden y deben ser superadas. Lo que procura evitar el sistema de ficha limpia es que dirigentes corruptos busquen fueros mediante el acceso a cargos electivos o hallen protección e impunidad al asumir funciones ejecutivas.
Esta construcción de acuerdos no solo sienta un interesante precedente en Mendoza, sino que también marca el camino que debería seguir el Congreso Nacional, que desde hace tiempo ignora una petición ciudadana en este sentido, impulsada por la plataforma Change.org, que reúne ya casi 360.000 firmas y que fue presentada en 2019 al entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro-Ciudad de Buenos Aires), quien fue uno de los autores de un proyecto de ley en ese sentido.
Laura Muñoz, testigo clave en la causa Ciccone, que involucra al exvicepresidente Amado Boudou, y quien al día de hoy aún vive con custodia, compromete fuertemente su apoyo a esta iniciativa. Muñoz conoce muy bien el daño que puede causar la corrupción en el poder y el riesgo que corren los ciudadanos que se atreven a denunciar la corrupción estatal.
Ejemplos como los de Carlos Menem, quien se amparó en sus fueros legislativos a pesar de haber sido condenado por tráfico de armas, continúan irritando a una ciudadanía que reconoce en la ausencia de una ley de ficha limpia la victoria de la impunidad. "Hay personas que no debieron haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva. Me refiero a la vicepresidenta electa", expresó Elisa Carrió en su momento respecto de los 13 procesamientos y los siete pedidos de prisión preventiva que pesaban sobre la mandataria.
Existen ejemplos de ficha limpia en países vecinos como Brasil, donde más de 1,3 millones de ciudadanos apoyaron un petitorio que condujo, en 2010, a la sanción de la ley que impidió a Lula da Silva presentarse como candidato por hallarse condenado en la causa Lava Jato.
Mendoza fue la primera provincia en sancionar su Constitución, luego de la jura de la nacional, en 1853. En 1895, reforma constitucional mediante, incorporó la cláusula contra el nepotismo al prohibir la sucesión inmediata del gobernador por parte de sus familiares. Un ejemplo que hoy se preserva y que se ubica en las antípodas de distritos como Catamarca, Formosa y Santa Cruz, que mantienen hasta nuestros días la reelección indefinida de sus gobernantes.
Con la aprobación parlamentaria de ayer, que esperamos sean ratificada por el Senado provincial, ha quedado confirmada en Mendoza su extensa tradición republicana. Es esa solidez institucional, junto a la cultura del esfuerzo y el trabajo, lo que ha hecho posible su progreso, a pesar de ser la más discriminada, después del distrito bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la distribución de los recursos de la coparticipación federal de impuestos.
Celebramos el ejemplo de Mendoza –pueblo tan alabado por José de San Martín– en estos tiempos oscuros en los que se ciernen tormentas amenazantes sobre los pilares fundantes de la Nación.
No solo se ha constituido en la provincia argentina pionera en avanzar hacia la sanción de una norma de estas características, sino que sentará un valioso precedente para impulsarla a nivel nacional, además de ratificar su compromiso con la lucha por una democracia libre de corrupción, sin políticos sucios.
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