Feroz avanzada política para asegurarse impunidad
LA NACION
La embestida kirchnerista para someter a la Procuración General es solo una de las muchas estratégicamente dirigidas a controlar la Justicia
La aprobación por parte del Senado del proyecto de ley que somete al procurador general de la Nación y al cuerpo de fiscales a las necesidades del oficialismo ha sido el último paso de una alevosa escalada de nefastas acciones orientada a controlar la Justicia y consagrar la impunidad de la actual vicepresidenta y de un grupo de exfuncionarios acusados de comprobados actos de corrupción.
Es alarmante que, aun cuando en la instrucción de esas causas los jueces que intervinieron coincidieran sobre la existencia de pruebas suficientes como para abrir diversos juicios orales que afanosamente se intenta frenar, la vicepresidenta de la Nación dirija las sesiones del Senado en las cuales se discute cómo se designará al jefe de los fiscales que tendrá en sus manos la llave de su propia acusación criminal. También lo es que el senador Oscar Parrilli, procesado por encubrimiento de los imputados del atentado más feroz sufrido por nuestro país y a la espera de defenderse en el juicio oral, en el que también se encuentra acusada la vicepresidenta, presida la Comisión de Justicia de la Cámara alta. Resulta evidente el conflicto de intereses entre la defensa de los derechos de la ciudadanía contra el delito y la simple maniobra política para lograr impunidad. Ambos, en tándem, monopolizan la opinión de la mayoría kirchnerista del Senado.
El presidente Alberto Fernández, a pesar de que la estrategia del kirchnerismo significó en los hechos restarle total apoyo a su propuesta de nombrar a Daniel Rafecas, un candidato que había demostrado acabadamente no reunir las condiciones éticas, terminó por reconocer la derrota. Primero dijo que Rafecas era un principista y que designarlo era una mera cuestión práctica. En otras palabras, la designación del procurador general responde al plan de impunidad y en ese sentido se debe ser práctico. Tan práctico que, dejando los principios de lado, incluyó el proyecto de ley para nombrar a antojo de la fracción mayoritaria y sin consenso al procurador general en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados. Poco importó que esa iniciativa no estuviera destinada a remediar una situación grave de orden o progreso como lo impone la Constitución nacional para extraordinarias. Otro detalle inconstitucional en el cual pareciera no reparar para justificarse.
Resulta hoy evidente el conflicto de intereses entre la defensa de los derechos de la ciudadanía contra el delito y la simple maniobra política para lograr impunidad
Pero la jugada, si sale bien en Diputados, además propone someter a los fiscales a un fácil trámite de suspensión en casos en los que investiguen delitos vinculados con los gobiernos. Implicaría, ni más ni menos, que ponerlos en comisión y supeditar al Ministerio Público Fiscal al arbitrio de una mayoría no calificada de legisladores. Según denunció, con toda razón, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), Carlos Rívolo, la ley derivará en "un sometimiento del Ministerio Público al Senado".
Muchas de estas arremetidas contra la Justicia se aceleraron durante los últimos meses, luego del freno inicial que impuso la pandemia de coronavirus. Desde el comienzo de la cuarentena estricta, hacia fines de marzo pasado, ya había comenzado a verificarse una serie de abusos por parte del Poder Ejecutivo nacional y de muchos distritales que, en nombre de la emergencia y de la excepcionalidad de la hora, empezaron a limitar derechos como el de libre circulación por el país, consagrado por la Constitución nacional. Una afrenta a la Justicia, pero también a las leyes de la República.
El primer paso lo dio el presidente Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando anunció su intención de enviar un proyecto de reforma de la Justicia Federal junto a una promesa que, a todas luces, se está contrariando además de incumpliendo. "Vengo a asumir un compromiso inquebrantable: ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza", dijo el jefe del Estado el 1° de marzo. El proyecto de reforma del fuero federal es otra de las iniciativas fuertemente criticadas por poner en riesgo una verdadera reforma que consolide el sistema acusatorio, en lugar de superpoblar el país con nuevos jueces en un intento por licuar el poder concentrado de Comodoro Py. Esa reforma, que cuenta con la aprobación del Senado, espera ser debatida en Diputados, al igual que el proyecto modificatorio del Ministerio Público Fiscal.
Si bien el Gobierno deslindó su responsabilidad en la masiva liberación de presos comunes, decisión que correspondió a los jueces, no puede dejar de mencionarse la presión política que ejerció para que pasaran a cumplir prisión domiciliaria exfuncionarios condenados por corrupción, como es el caso del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, quien deberá regresar a prisión luego de que horas atrás la Corte Suprema confirmara su condena.
Otro jalón en la despiadada saga de aprietes judiciales lo constituyó la presentación por parte del kirchnerismo de un pedido de juicio político contra el actual procurador general, Eduardo Casal, a quien acusa de proteger a investigadores en la causa conocida como "Los cuadernos de las coimas", que compromete seriamente a anteriores y a actuales funcionarios del Gobierno, entre ellos, a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y no menos criticable resulta haber puesto al abogado de la expresidenta Carlos Beraldi como miembro de la "comisión asesora" encargada de convalidar la mayoría sin consenso para nombrar al procurador general, que definió con una mayoría de un voto. Es fácil adivinar cómo votaron Beraldi y otros de los integrantes de la comisión celosamente escogidos para esa tarea.
La ciudadanía expresa hoy decepción, pena y desazón por la pérdida de valores de la República
No corren mejor suerte la independencia y ejecutividad de los organismos de control. Es el caso de la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Félix Crous, quien ha decidido desistir de ser parte querellante en todos los procesos penales por corrupción, que precisamente involucran a muchos dirigentes kirchneristas. La justificación de Crous es tan absurda como provocadora. Adujo no tener recursos ni gente suficientes para seguir adelante con esa tarea.
Mientras la Agencia Federal de inteligencia (AFI) se aboca a acusar a exfuncionarios opositores y a perseguir periodistas, crece la influencia de numerosos magistrados afines al kirchnerismo. Tal el caso del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, acusado por el grueso de la oposición de intentar perjudicar la causa de los cuadernos de las coimas y propuesto por el Presidente para ocupar el estratégico juzgado federal con competencia electoral de La Plata. No es un detalle que su pliego haya entrado en el Senado casi en puntas de pie, mientras la mayoría de la opinión pública concentraba su interés en las imágenes asociadas a la muerte de Diego Maradona, reproducidas casi en cadena nacional.
No está de más recordar el atropello político del que siguen siendo víctimas los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, saldado parcialmente por la Corte Suprema con una increíble reinterpretación de su propia jurisprudencia sobre los casos de traslados de magistrados.
Es hora de que la dirigencia política escuche el reclamo de vastos sectores que exigen el respeto a las leyes y se ponga de una vez por todas a la altura de las circunstancias
El avasallamiento del Gobierno, de manera directa o mediante sus principales espadas legislativas, no se acaba en la Justicia. La prensa independiente vuelve a ser fuertemente amenazada. Basta citar el anuncio de la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, bautizado Nodio, un organismo de supuesto control de noticias falsas, controlado por la Defensoría del Público. En rigor, un esperpento político-ideológico que ha provocado denuncias de numerosos sectores; entre ellos, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que entienden que no hará otra cosa que atentar contra la libertad de expresión.
El profundo y conveniente desprecio por la división de poderes, la defensa de los derechos y el cumplimiento de las leyes es el camino que sin tapujos ni medias tintas elige el poder político.
Es muy importante tomar conciencia de esta nefasta seguidilla de atropellos. Es necesario exigir a los funcionarios la debida rendición de cuentas de sus actos y que, como cualquier ciudadano, paguen por sus errores en la forma en que lo disponga una justicia independiente, sin otra atadura que no sea la de la estricta interpretación de la ley.
Muchas veces se ha recordado, y vale la pena seguir haciéndolo, la nota publicada en LANACION, entonces desde el llano, por el actual presidente de la República, en la que le reclamaba a Cristina Kirchner que escuchara los reclamos por la muerte del fiscal Nisman. Vale la pena volver a hacerlo, ya que la ciudadanía también hoy expresa decepción, pena y desazón por la pérdida de los valores de la República. Es hora de que la dirigencia política escuche el reclamo de vastos sectores que exigen el respeto a las leyes y se ponga a la altura de las circunstancias.
LA NACION
Conforme a los criterios de
