Espionaje ilegal: una lacra dispuesta a destruir todo
Usurpar la identidad de jueces para muy probablemente inventar diálogos con el fin de comprometerlos constituye una gravísima intimidación
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La noticia referida a que ya son nueve los magistrados afectados por espionaje ilegal en nuestro país es de una gravedad inusitada que demanda una investigación profunda y una condena ejemplar.
Que los perjudicados sean jueces que condenaron a Cristina Kirchner, un fiscal que la investigó y tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son datos que no deben ser soslayados, como tampoco el hecho de que los agentes inorgánicos que suelen habitar las cloacas de la inteligencia ilegal hayan perfeccionado sus deleznables armas y afinado sus viles propósitos con el claro objetivo de salvar el pellejo disparando arteramente al corazón de la institucionalidad democrática.
Entre otras cuestiones de importancia, se trata esta vez de una inédita arremetida por el grado de sofisticación de las tareas paraoficiales. El espionaje ilegal ha pasado de los escandalosos carpetazos, mediante los cuales se intentó muchas veces desacreditar con burdas mentiras a personas de alguna u otra manera vinculadas con el poder, a contratar empresas privadas y hasta a pequeños “cuentapropistas” con los conocimientos tecnológicos necesarios para la realización de esos trabajos sucios, disipando huellas y escondiendo la identidad de los verdaderos promotores de semejantes delitos.
Es lo que ha ocurrido precisamente con estos nueve magistrados. El ataque, que tiene como epicentro la provincia de Misiones, incluyó la habilitación de líneas de teléfonos celulares a nombre de los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el caso de Rosatti fueron cinco las líneas que se abrieron: la última fue habilitada cuando faltaba un día para que la Corte firmara el fallo sobre coparticipación federal de impuestos dando la razón al reclamo de las autoridades porteñas, que fue interpretado por funcionarios nacionales como un ataque directo al Gobierno.
Tampoco resulta casual para los investigadores que el espionaje ilegal sobre jueces tenga como punto de partida geográfico la provincia de Misiones, donde existen antecedentes de otra de las deleznables maniobras que derivaron en el hackeo de teléfonos de los exministros de Seguridad porteños Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli.
En todos estos casos actuó el hacker misionero de Eldorado Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de 22 años, quien admitió ante la Justicia que le encomendaron robar identidades, desviar mensajes y apropiarse de conversaciones privadas que, se sabe, fueron luego difundidas y, según denunciaron los afectados, editadas con el fin de perjudicarlos aún más. A ello hay que sumar que parte de esa maniobra fue pagada mediante criptomonedas en una cuenta a nombre de una ciudadana de la provincia de Buenos Aires cuya identidad fue usada ilegalmente para conformar la billetera virtual.
Apenas un día después de que Nuñes Pinheiro confesó haber hackeado el teléfono de D’Alessandro y acusó a una empresa privada de haberle pagado por el “trabajo”, representantes legales de esa firma se presentaron ante la Justicia para desmentirlo y aportar información referida a intentos previos del diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade –quien antes trabajó para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ahora integra la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso– para vincularla con una denuncia de presunta persecución durante el gobierno de Cambiemos.
Los jueces de instancias inferiores a la Corte cuyas líneas telefónicas fueron clonadas ahora son dos de los que condenaron a la vicepresidenta de la Nación en la causa por corrupción en la obra pública: Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. También fueron afectados los jueces de la Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y el fiscal Ignacio Mahiques, coautor junto con Gerardo Pollicita de la investigación contra Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado analiza por estas horas más de 106.000 comunicaciones efectuadas durante un cuatrimestre, varias de las cuales fueron hechas desde las líneas que se abrieron a nombre del juez Rosatti, una cifra escandalosa que da la pauta de la avidez de los delincuentes por provocar daños dificultando la tarea de los investigadores.
Usurpar la identidad de jueces para muy probablemente inventar comunicaciones con el fin de comprometerlos representa una intimidación inaceptable que debe preocuparnos seriamente a todos como sociedad. Se trata de un delito gravísimo en el orden penal, pero también para la salud de la república. No debemos naturalizar que sigan sucediéndose y perfeccionándose este tipo de acciones. La condena social debe ser clara y contundente. La Justicia tiene por delante un arduo e inestimable camino para llegar a la verdad y empezar a depurar esta verdadera lacra de delincuentes dispuestos a destruirlo todo.
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