Errar el enemigo
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LA NACION
El caos de tránsito del sábado último, generado a raíz de las medidas unilaterales y restrictivas de la libertad de circulación impuestas por la provincia de Buenos Aires durante el horario habilitado para transitar por accesos que unen la Capital con el distrito comandado por Axel Kicillof, ha sido otra muestra tan grotesca como peligrosa de hasta dónde pretenden llegar quienes se creen dueños del poder público.
Las autoridades bonaerenses intentaron justificar las exigencias extras –pedir certificados de circulación y tomar la temperatura a los conductores de vehículos y sus acompañantes– amparadas en el resguardo de la salud de los ciudadanos, aunque, por lo que se vio, fue solo en resguardo de los bonaerenses, ya que quienes se veían impedidos de acceder a ese distrito eran básicamente quienes se trasladaban desde la Capital: un claro cierre temporal de la frontera al “enemigo político” y no al virus.
El colapso de tránsito sobre la ruta Panamericana, el Acceso Oeste y el cruce de la avenida General Paz principalmente provocó demoras de varias horas para miles de automovilistas. La imagen de las rutas saturadas de vehículos sin poder moverse remitió por momentos al inhumano e inconstitucional cierre de fronteras formoseñas a cargo del gobernador feudal Gildo Insfrán.
No es exagerada la referencia. Es un absurdo por donde se lo mire. En primer lugar, porque el decreto presidencial por el que se endurecieron hasta el 21 del actual algunas medidas a raíz del crecimiento de casos de Covid y la saturación de los sistemas de salud había sido publicado la noche anterior. En segundo término, porque el desproporcionado operativo bonaerense se hizo dentro del horario en el que no había obligación de presentar documentación exclusiva ni de controlar parámetros de salud. La restricción de tránsito rige desde las 20 hasta las 6.
Ya se ha señalado hasta el hartazgo que mientras se cometen excesos en controles que se llevan adelante en algunos puntos como la ciudad de Buenos Aires, se descuidan tremendos focos de contagio como las ferias multitudinarias que se realizan en innumerables tramos del conurbano bonaerense y de muchas otras zonas de nuestro país; que mientras se impide acudir a las escuelas, se escatiman testeos y, con ello, la posibilidad de aislar a quienes podrían provocar contagios en cadena; que al tiempo que se gastan fortunas en publicidad callejera y se imprimen folletos con información política capciosa, se va a la más ominosa de las retaguardias en la carrera para conseguir vacunas.
Todo eso ha sido dicho. Sin embargo, resulta imperioso repetirlo. De lo contrario, corremos el riesgo de que no solo nos quieran hacer olvidar de los vacunatorios vip, del robo de inoculantes, de la vacunación a adolescentes salteando lugares en la fila o de presuntos negociados con testeos en las puertas mismas del ingreso al país por vía aérea, entre otros tantos delitos y aberraciones éticas.
Es necesario recordar que la inmensa mayoría de los ciudadanos que perdieron seres queridos –y no solo por Covid– no pudieron ni siquiera despedirlos, mientras que oficialmente se convocaron multitudes para idolatrar al mito deportivo muerto o se permitieron inhumaciones con mucha más gente de la habilitada por protocolo cuando quienes sintieron la necesidad de dar un último adiós fueron funcionarios públicos.
Estamos ante la presencia de una concepción autoritaria que nos hace caminar por la cornisa entre la democracia y aquello que no lo es. Ningún ciudadano está por encima de la Constitución y nadie se puede arrogar castigos que el propio Código Penal o los contravencionales no prevén. No hay seres superiores entre los habitantes de una nación. El poder es conferido y quien lo ostenta lo hace en calidad de inquilino.
La tendencia de los gobiernos a imponer determinadas restricciones a los derechos en virtud de un estado excepcional como es una pandemia demanda controles estrictos de modo de advertir si la restricción que se busca aplicar no es peor que el mal que se procura evitar.
Conferir a un Poder Ejecutivo, cualquiera sea la jurisdicción, la suma del poder público es despojar a nuestra democracia de su principal ingrediente republicano.
Es de esperar que las autoridades adopten el camino de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos por igual y se concentren, frente a la epidemia de coronavirus, en realizarles más testeos, garantizarles los debidos seguimientos sanitarios, proveerles las suficientes vacunas repartiéndolas de manera transparente, apuntalar el sistema de salud tanto en lo humano como en infraestructura y, desde ya, en seguir reclamando la responsabilidad individual. Una responsabilidad que es mucho mayor para los que deben dar el ejemplo.
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