Elección popular de jueces
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Los vientos populistas en América Latina se han concentrado desde hace tiempo en la designación de los jueces, proponiendo sustituir la selección efectuada por cuerpos especializados por una elección por voto popular. Así ocurrió en Bolivia en 2009 y ahora está ocurriendo en México, donde esto implicó la separación de unos 1700 magistrados en el nivel federal, incluidos los de la Corte Suprema.
En muchos países de América Latina existe una percepción de la Justicia como una herencia colonial, lo que por cierto no es el caso de nuestro país. Pero aun así en la Argentina no hemos sido inmunes a este tsunami de populismo: en 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner presentó su plan de “democratización de la Justicia” que proponía, en este caso, la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, es decir, del organismo responsable de la selección y el control disciplinario de los jueces inferiores. Para los candidatos a ingresar al sistema judicial proponía un sorteo por la Lotería Nacional que en su concepto garantizaría un ingreso “democrático”.
Las reacciones adversas que provocaron las propuestas de Cristina Kirchner las llevaron al fracaso, pero en 2020 insistió a través del presidente Alberto Fernández, proponiendo la creación de un consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Apelar al voto ciudadano para la selección de funcionarios técnicos y profesionales requiere que quienes votan tengan un acabado conocimiento de las virtudes específicas de cada candidato. Por ello, hay un total desinterés en la ciudadanía para intervenir en estas elecciones. En Bolivia, por caso, este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 el 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%.
Lo que queda en claro es la conveniencia de un buen sistema de selección de magistrados y de su constante entrenamiento. En nuestro caso, el sistema puede y debe ser mejorado, sin tocar la Constitución, pero sí mejorando las leyes.
La elección de jueces vitalicios exige un eficaz sistema de sanción, con un verdadero control y no un sistema de protección de los malos magistrados. Nuestro Jurado de Enjuiciamiento, introducido por la reforma constitucional de 1994, no ha resultado efectivo, en parte porque es el organismo convocante el que, en los hechos, se ha arrogado el enorme poder de supervisar a los magistrados y esto ha desfigurado la idea que acertadamente promovía la reforma.
Modelos como el boliviano o el mexicano son malas respuestas a propósitos virtuosos como contar con una Justicia confiable.
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Tipo de trabajo:
opinión
