El tratado con Irán buscó encubrir delitos de lesa humanidad
Se cumplirá una década sin resolver la denuncia que fue preludio del aún impune crimen del fiscal Alberto Nisman
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El 14 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia por la cual acusaba a Cristina Kirchner, entonces presidenta de la Nación, de orquestar un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los iraníes acusados de volar la AMIA en 1994.
Entre los imputados por Nisman que hoy están procesados se hallan el senador nacional Oscar Parrilli y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Ambos fueron nombrados director y subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pocos meses después de la denuncia de Nisman. Fue esa una indisimulable mancha: el poder acusado de encubrimiento respondía asignándole la inteligencia estatal a dos imputados por el encubrimiento denunciado.
La lista de de los poderosos acusados por Nisman es más larga, pero con solo mencionar a la entonces presidenta y a quienes ocuparían la AFI basta para advertir que su denuncia tocaba los nervios más sensibles del poder. Además, entre los iraníes que se beneficiaban con el encubrimiento estaba Ahmad Vahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA, ministro de Defensa cuando se firmó el memorándum y hasta hace poco ministro del Interior de Irán.
Nisman no solamente desafió al poder local sino también al iraní. Cuatro días después de presentada la denuncia, el fiscal fue encontrado muerto en su departamento y la causa de su homicidio sigue sin esclarecerse. Sin duda, descubrir cómo murió tiene una importancia humana, social, institucional y política indiscutible. También la tiene que la Justicia resuelva la acusación de encubrimiento que fue la antesala de su muerte. Son dos cuestiones independientes que adrede se intenta unir para que la complejidad de saber qué sucedió cuando murió nuble la posibilidad de encontrar responsabilidades por hechos claramente más sencillos de probar. Es fácil advertir la dificultad en encontrar al asesino, no así saber si su denuncia era el camino para determinar las responsabilidades por la maniobra tendiente a proteger a los posibles responsables del homicidio de 85 víctimas inocentes.
La Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a principios del año que termina debido a la vergonzosa ineficiencia de la Justicia en la investigación del atentado y su encubrimiento. Se sostuvo en tal sentencia que continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los que lo perpetraron ni para los responsables de encubrirlos. En varios párrafos de esa condena se menciona la hasta ahora frustrada investigación sobre la trama que llevaría a la determinación del delito de encubrimiento a partir del memorándum con Irán.
No se han escuchado hasta ahora voces que hablen del lawfare en la actuación de la Corte Interamericana. El Estado debería tomar seriamente esa sentencia del tribunal internacional que compromete su responsabilidad, la de todos nosotros.
La Corte Suprema acaba de rechazar el último recurso de Cristina Kirchner. Esa decisión vuelve la causa al estado en que se encontraba en marzo de 2019, cuando también el máximo tribunal rechazó los recursos contra la decisión que confirmaba los procesamientos de los denunciados por Nisman por encubrimiento, lo cual debía conducir a un juicio oral y público en el que los acusados pudieran defenderse.
Se emplearon cuatro años en la etapa que culminó con el procesamiento de los acusados (2015-2019). La sentencia de los integrantes del Tribunal Federal Nº 8, que extrañamente sobreseyó a los procesados, en lugar de convocar al proceso oral y público en el cual se deben dilucidar las responsabilidades penales, demandó la intervención de la Cámara de Casación Penal y de la Corte. La discusión de esa decisión demandó otros cinco años.
La estrategia de la defensa de los procesados fue siempre idéntica. Consistió en utilizar todos los resortes y chicanas que les brinda el poder para lanzar mentiras y dilatar el juicio. Los hechos no son complejos. La trama fue desarrollada en la denuncia de Nisman. En la etapa previa al debate oral se reunió muchísima prueba sobre los hechos que explica cómo el poder urdió el memorándum.
La debilidad del denunciante muerto y la fortaleza efectiva de los denunciados vivos encaramados en posiciones de mando real en el control de los resortes formales e informales del Estado explica muchas cuestiones que son sencillas de percibir.
La Justicia es uno de los pilares de la democracia y del Estado de Derecho. Con su denuncia, Nisman procuró que ella jugara un papel destacado en el plano institucional. Le tocaba dilucidar un presumible intento de favorecer a los imputados por el atentado. Su voz fue acallada, pero sigue buscando respuesta. Toca ahora a los jueces que integren el tribunal oral dar vida a un proceso.
No será sencillo. Hace pocos días cuando Parrilli debía explicar cómo sigue siendo senador estando procesado por la denuncia de Nisman, la mayoría del Senado prefirió protegerlo mientras expulsaba a uno de sus miembros por un hecho escandaloso pero incomparable con la dilucidación sobre si se encubrió a terroristas.
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