El sideral costo de la TV Pública
Sumamente costoso y totalmente acrítico sobre los actos de gobierno, el canal oficial elude a la oposición y da amplio espacio a condenados del oficialismo
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LA NACION
Dos legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron ya hace un tiempo que se presente en el Congreso la titular de Radio Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, para que informe sobre varios temas: la cobertura del Olivosgate, los gastos por la cobertura del Mundial de Qatar, la millonaria indemnización de Orlando Barone, el escandaloso retiro de bolsas con 11 millones de pesos, la denuncia por abuso sexual de un empleado y la renuncia del director Leo Flores.
A esa lista habría que agregar en lugar prioritario, si no en el primero, una explicación que justifique haberle regalado cincuenta minutos de la pantalla de la TV Pública –es decir, de todos los argentinos– al exjefe montonero Fernando Vaca Narvaja, que reivindicó como una gesta los luctuosos hechos sucedidos hace cincuenta años en Rawson y Trelew, que incluyeron, además, el secuestro de un avión de línea de Aerolíneas Argentinas. Asombró que el entrevistador no le hiciera ni una sola pregunta incisiva ni, mucho menos, una repregunta, por lo cual todo el envío (en verdad, casi un monótono y larguísimo monólogo del exterrorista) resultó apologético de aquella etapa tremebunda de los sangrientos años setenta. La señora Lufrano debería argumentar largamente ante los representantes del pueblo en el Parlamento las razones de esa incomprensible difusión, que extendió, con envíos del mismo tenor, a otros medios oficiales bajo su órbita, como Radio Nacional.
Por lo que esta funcionaria ni siquiera se toma el trabajo de ocultar, su suerte en lo más alto de la administración pública está en todo momento íntimamente ligada a Alberto Fernández. De hecho, encabeza con una foto de ambos su cuenta de Twitter. No es para menos: cuando el actual presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, y ella dirigía la TV Pública, abandonó ese puesto en 2008, en coincidencia con el alejamiento de Fernández, quien a partir de ese momento, tras el conflicto con el campo y durante diez años, se convirtió en furibundo crítico del kirchnerismo. Lufrano volvió a un cargo superior, como titular de RTA, que conduce junto con la TV Pública, la red de emisoras de Radio Nacional y el Canal 12, de Trenque Lauquen, al mismo tiempo que Alberto Fernández se convirtió en presidente de la Nación.
Entre un destino y otro, la actual mandamás de los contenidos audiovisuales públicos cobró del Estado una suculenta indemnización que, no obstante, no le impidió volver a la misma estructura estatal con un sueldo superior.
Junto con su segundo en el directorio de RTA, el actor Osvaldo Santoro, recibió a una delegación de funcionarios de la cancillería cubana y, según se informa en el sitio web del holding estatal se “evaluaron posibilidades de intercambio”. Hay que reconocerle cierta coherencia ideológica a la señora Lufrano: Vaca Narvaja y sus secuaces, luego de sus violentas andanzas de hace medio siglo, se refugiaron en la isla caribeña que el castrismo retiene con mano militar desde hace 63 años. ¿Qué tipo de materiales valiosos puede brindar un país sojuzgado hace tanto tiempo por un implacable autoritarismo vitalicio a una democracia, como la nuestra, que el año que viene cumplirá cuarenta años de vigencia sin interrupciones?
La inclinación de la pantalla estatal por darles vidriera a personajes condenados por la Justicia (lo es Vaca Narvaja, sentencia que no borró el indulto que el presidente Carlos Menem otorgó en 1990 a jefes militares y guerrilleros) se constata en la atención periódica y acrítica que les brinda a otros sentenciados en distintos tribunales, como Milagro Sala y Amado Boudou.
Recientemente, LA NACION publicó un pormenorizado informe que demostró cómo los dirigentes de la oposición son muy esporádicos convidados de piedra en la TV Pública, mientras se realzan de manera abrumadora la mayoría de las actividades del oficialismo. En el primer semestre de 2022, la TVP gastó un 114% más que el año pasado (es decir que superó ampliamente la inflación acumulada en el mismo período). El Estado destina actualmente 14 mil millones de pesos anuales a mantener el canal oficial (para 2023, el Gobierno prevé llevar el presupuesto a 25 mil millones), un costo sideral que de ningún modo justifica las contraprestaciones descriptas.
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