El regreso de los muertos vivos
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LA NACION
Aunque pueda asemejarse a las grotescas escenas de una bizarra película de terror, la provocadora reaparición en la escena pública del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y del piquetero Luis D’Elía es una triste e inquietante realidad. El protagonismo que, en distintas circunstancias, han vuelto a cobrar estos dos nefastos personajes de conductas políticas y gremiales violentas y extorsivas fuerza a preguntarnos cómo podemos socialmente continuar consintiendo un sistema de impunidad que ampare a tan siniestros individuos.
Días atrás, D’Elía celebró en un acto público en La Matanza el fin de su detención domiciliaria, luego de que la jueza Sabrina Namer le concediera la libertad condicional en la causa por la toma de la comisaría de La Boca por la que había sido condenado a tres años y nueve meses de prisión.
En ese encuentro, D’Elía celebró cortar públicamente con una tijera su tobillera electrónica, cuando esta debió ser quitada mediante un dispositivo especial por el Servicio Penitenciario Federal, para que pudiera ser usada por otro detenido. Un acto que podría valerle a D’Elía una nueva causa judicial y que algunos asimilaron a la quema del cajón realizada años atrás por Herminio Iglesias.
El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata se encuentra a cargo del caso en el que Medina está acusado por los delitos de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada. Por estos hechos, fue detenido por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en 2017; sin embargo, el proceso oral aún no tiene una fecha prevista y, por ende, al cumplir tres años en la cárcel, el exsecretario general de la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) fue beneficiado con la prisión domiciliaria a partir de febrero de 2020. Una vez más, la lentitud de la Justicia conspira contra su eficiencia.
El Pata Medina, a pesar de las vigentes restricciones que aún pesan sobre él, cometió un virtual desacato cuando encabezó un masivo acto político gremial en La Plata. Desafió así a la Justicia, que limita sus actuaciones en estos ámbitos y su salida del país. Por tal motivo, Medina fue citado a declarar, vía Zoom, por el juez federal Alejandro Esmoris, quien quien ayer ordenó que el gremialista siga recluido con prisión domiciliaria.
Horas antes de la audiencia con el juez, un grupo de hombres encapuchados y con armas, que afirmaron ser seguidores del sindicalista, amenazaron a través de un video a un juez, a un fiscal, a sus familiares y a miembros de una facción gremial opositora. Medina aseguró no tener nada que ver con esos personajes y repudió su mensaje.
El Pata Medina comenzó a ser conocido por la opinión pública el 17 de octubre de 2006. Ese día, una facción de la Uocra platense, que él lideraba, se enfrentó en un tiroteo con un grupo del gremio de los camioneros, que conducía Hugo Moyano. El hecho se produjo durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón a la quinta de San Vicente. También fue cuestionado su manejo interno del gremio que condujo casi 20 años, por protagonizar hechos de violencia y por presuntos pedidos de “coimas” a empresarios de la construcción.
La falta de cumplimiento por parte del gremialista de las restricciones que le fueron impuestas agravan una situación que, tras su juzgamiento, debería ponerlo de nuevo tras las rejas. De no ser así, estaríamos ante una claudicación en la búsqueda de justicia y frente a un aliciente más para quienes entienden al poder y la fuerza como pasaportes de impunidad.
Más allá de las conocidas y lamentables dilaciones de los procesos judiciales, admitir gestos de provocación por parte de dos personajes de actitudes turbias, violentas y mafiosas daría una prueba más de cuán cuestionable y poco ejemplificadora puede ser la acción de la Justicia.
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