El proyecto Parrilli para destruir el Tribunal Fiscal

Un tan repudiable como disparatado proyecto de ley fue presentado a fin del año pasado por el senador Oscar Parrilli para modificar el procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN). Su objetivo es adelantar la recaudación de tributos y multas, suprimiendo el actual efecto suspensivo del recurso de apelación ante el TFN para sustituirlo por el efecto devolutivo.

El TFN es un organismo jurisdiccional independiente, con más de 60 años, encargado de resolver los conflictos contenciosos entre la AFIP y los contribuyentes. Se encuentra organizado en cuatro salas impositivas y tres aduaneras, integradas por vocales –abogados y contadores– especializados en la materia. No pertenece al Poder Judicial, pero sus jueces se encuentran equiparados por ley con los camaristas federales en cuanto a su remuneración, estabilidad e incompatibilidades funcionales.

Cuando la AFIP cuestiona las liquidaciones de impuestos o tributos aduaneros se puede recurrir ante el TFN con efecto suspensivo, esto es, sin que resulte exigible el pago previo de los impuestos determinados por el fisco. El efecto suspensivo del recurso de apelación subsiste hasta que el TFN dicta sentencia, la que resulta ejecutable únicamente en la parte que favorece a la AFIP. Los contribuyentes cuentan con una opción alternativa –que excluye al TFN– de recurrir las determinaciones de impuestos, con efecto suspensivo, ante la propia AFIP. Se trata, sin embargo, de una opción pocas veces usada, pues implica someterse al criterio del mismo organismo que dictó la resolución que los agravia y es muy raro que la AFIP modifique su posición.

Lo que se pretende suprimir hace a la esencia del TFN y fue la razón fundamental para su creación, a instancias del presidente Arturo Frondizi, en 1960. Se definió entonces al tribunal fiscal como un verdadero tribunal de justicia. Con el efecto suspensivo se limita –en línea con el derecho comparado, la doctrina mayoritaria de nuestro país y los tratados internacionales vigentes– el viejo principio solve et repete (pague primero, discuta después) que atenta contra el derecho de defensa en juicio de los contribuyentes.

Lo más nefasto del proyecto es que dispone que también en los juicios actualmente en trámite ante el TFN se suprima el efecto suspensivo. Ello operará a partir de los 90 días de aprobarse la nueva ley. Esto significa que, transcurrido ese plazo, las resoluciones de la AFIP hoy apeladas ante el TFN serán inmediatamente ejecutables por el organismo recaudador, debiendo pagarse por los contribuyentes la deuda impositiva en discusión con los intereses devengados hasta la cancelación, conforme las normas de la ley 11683.

En esta última cuestión radica una de las violaciones constitucionales más escandalosas y evidentes del proyecto de Parrilli. Los contribuyentes que ya apelaron ante el TFN, con juicios actualmente radicados, ya fueron beneficiados con el efecto suspensivo, de manera que lo han incorporado como un derecho a su patrimonio. El contribuyente que apeló ante el TFN, lo hizo bajo la garantía legal de que su deuda no se ejecutaría hasta el dictado de una sentencia definitiva, con el debido proceso previo. La eventual e intempestiva modificación de ese derecho patrimonial conferido al contribuyente, lo torna indefectiblemente inconstitucional, por violar palmariamente la propiedad y el derecho de defensa en juicio.

Según Parrilli, tramitarían actualmente en el TFN más de 12.000 causas por una suma litigiosa total que rondaría los 5300 millones de dólares en concepto de capital, intereses y multas. De ser cierta esa cifra, representaría una verdadera fortuna en recursos inmovilizados en procesos administrativos, fortuna que el oficialismo pretende apropiarse de inmediato mediante la aprobación del proyecto. Sin embargo, conforme fuentes del propio TFN, tales cifras son completamente erróneas y exageradas, habiendo sido informadas de mala fe por algunas autoridades del TFN que, claramente estarían detrás del aberrante proyecto. De modo interesado pretendieron generar en el actual oficialismo la expectativa de una enorme recaudación inmediata de impuestos que, en verdad, no guarda ninguna correspondencia con la realidad de los montos actualmente en discusión ante el tribunal fiscal.

No menor preocupación que todo lo expuesto merecen las previsiones respecto a la remoción de los vocales del TFN, mediante la reducción de diez a tres en los incumplimientos de los plazos para dictar sentencia. Tal control, además, se coloca en cabeza de un funcionario político del Ministerio de Economía que, por primera vez en la historia del tribunal, se inmiscuirá en sus funciones estrictamente jurisdiccionales. Esto no es otra cosa que el sello de fábrica del kirchnerismo, afinar y crear nuevas herramientas para perseguir y someter a los jueces independientes.

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