El primer año de Milei
El Presidente deberá demostrar que defiende las instituciones con el mismo afán con el que logró grandes resultados frente al déficit fiscal y la inflación
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A escasos días de que concluya 2024, es oportuno efectuar un balance del primer año de gestión de Javier Milei y trazar las perspectivas que puede depararles a los argentinos el año que está a punto de iniciarse. El presente macroeconómico justifica que tanto los sondeos de opinión pública como los informes de influyentes consultoras internacionales le sonrían al presidente argentino. Del mismo modo, el controvertido estilo del primer mandatario, signado por la crispación y por cierta intolerancia hacia la crítica del periodismo, enciende lógicas señales de alarma en un buen porcentaje de ciudadanos convencidos de que el buen funcionamiento de la república, además de números favorables, exige instituciones sólidas.
Cierto es que el actual jefe del Estado asumió en circunstancias más que singulares. No solo por la catastrófica herencia que dejó el último gobierno kirchnerista, con un país al borde de la hiperinflación, con reservas negativas, una economía estancada y un elevado déficit fiscal, en el que el manejo discrecional de los recursos públicos y la corrupción hicieron lo suyo. También, porque llegó a la Casa Rosada con una exigua cantidad de legisladores propios, equivalente al 15% de los diputados y al 10% de los senadores de la Nación.
En tales circunstancias políticas, puede considerarse virtualmente milagroso que el Gobierno haya podido sancionar una importante megainiciativa como la llamada Ley Bases; mantener una férrea disciplina fiscal, alejada de los cantos de sirena del populismo que anida en buena parte de la oposición, y avanzar por el camino de un audaz proceso de desregulación económica y de transformación del Estado.
Milei se fijó como meta equilibrar las cuentas públicas desde el primer día de su gestión y lo consiguió. Se alcanzó un superávit fiscal desde su primer mes de mandato hasta hoy. Como consecuencia de eso, se puso fin a las expectativas inflacionarias. La inflación pasó del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,4% en noviembre último, llegando a su nivel mensual más bajo desde julio de 2020. Más aún, se puede esperar que siga cayendo en 2025, a juzgar por los pronósticos de las principales consultoras económicas del país.
También el riesgo país llegó a su menor nivel de los últimos cinco años. Rondaba los 2000 puntos básicos cuando asumió Milei y hoy se ubica en 627, abriendo la posibilidad de que la Argentina pueda volver en breve a los mercados internacionales de crédito, como ya lo vienen haciendo no pocas empresas que han podido colocar obligaciones negociables a tasas más que razonables para la historia reciente del país. Y, como corolario de estos logros, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado que se negocia un nuevo programa con la Argentina, que podría derivar en el envío de fondos frescos que le permitan al equipo económico anticipar el levantamiento del cepo cambiario y avanzar hacia un sistema de flotación.
Para que la Argentina pueda alcanzar un crecimiento económico sostenido es necesario avanzar en otras reformas estructurales. Una de las más relevantes pasa por una reforma laboral
Sin dudas, hay margen para la esperanza desde el momento en que, por primera vez, un presidente anuncia que está dispuesto a profundizar el ajuste en un año electoral. La buena noticia, entonces, es que, partiendo de la base de que la estabilidad económica y el crecimiento del país dependerán de que se siga recortando el gasto público improductivo, se avance en la privatización de empresas públicas y se garantice el equilibrio fiscal, la máxima autoridad del país promete mantener el rumbo o incluso ahondarlo.
Pero no bastará con cuidar las cuentas fiscales. Para que la Argentina pueda alcanzar un crecimiento económico sostenido es necesario avanzar en otras reformas estructurales. Una de las más relevantes pasa por una reforma laboral, más profunda que la que hasta el momento pudo encarar el Gobierno. Es menester flexibilizar las relaciones laborales para incentivar la contratación formal de trabajadores. Y es imprescindible también reducir los impuestos al trabajo y el costo de las indemnizaciones por despido de quienes se incorporen al mercado laboral.
Otra reforma estructural tiene que ver con un sistema previsional que está desfinanciado por la existencia de una desproporcionada ecuación entre trabajadores activos formales, que efectúan regularmente aportes previsionales, y jubilados.
El último desafío estructural debe pasar por una adecuada reforma tributaria, que avance hacia una simplificación impositiva y elimine tributos claramente distorsivos.
Estas asignaturas pendientes requerirán de consensos que se traduzcan en leyes que deberá aprobar el Congreso. De ahí la importancia de la cintura política de los representantes del oficialismo, no solo para evitar como hasta ahora que la oposición les voltee los decretos de necesidad y urgencia, sino también para articular acuerdos.
Los diez puntos del Pacto de Mayo deberían constituir la línea de partida para la construcción de los necesarios consensos políticos que permitan edificar políticas de Estado
Junto con la Ley Bases, aprobada parlamentariamente después de largas negociaciones, uno de los acuerdos más relevantes de esta gestión gubernamental ha sido la firma del llamado Pacto de Mayo, celebrado por el Poder Ejecutivo Nacional y la mayoría de los gobernadores provinciales. Sus diez puntos, entre los que figuran la innegociabilidad del equilibrio fiscal, la inviolabilidad de la propiedad privada, la necesidad de una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, una reforma laboral moderna, una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y una educación con alfabetización plena y sin abandono escolar, deberían constituir la línea de partida para la construcción de los necesarios consensos políticos y sociales que permitan edificar políticas de Estado.
Cuanto antes se encare ese proceso, más rápidamente podrá el país superar el atraso y avanzar hacia un crecimiento sostenible. Pero para avanzar por ese sendero es imprescindible abandonar las habituales mezquindades partidarias y dejar de gobernar desde el resentimiento.
Milei se impuso en las elecciones presidenciales de 2023 seduciendo a una vasta porción del electorado con un mensaje que, además de poner orden en la economía del país, proponía terminar con los privilegios de la casta política y con la corrupción en la administración pública, al tiempo que advertía que la Argentina no podría dejar atrás su crisis con los mismos de siempre.
No es poco lo que hizo en su primer año de mandato. Pero algunas señales confunden y deslucen su gestión. La insistencia en nombrar en la Corte Suprema de Justicia a un juez como Ariel Lijo, que es la antítesis de la probidad; las marchas y contramarchas desde el oficialismo para la sanción de la ley de ficha limpia en el Congreso, y la llamativa actitud del Gobierno de mirar para otro lado frente al escándalo de un jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) que no declaró parte de su millonario patrimonio ante la Oficina Anticorrupción no pueden menos que sembrar dudas acerca de cuán genuina es la lucha del actual gobierno contra la corrupción. Los habituales insultos presidenciales contra periodistas provocan también inquietud, tratándose la libertad de prensa de un pilar del sistema republicano.
Como ha señalado recientemente el premio Nobel de Economía Paul Krugman, “si bien el resentimiento alcanza para llevar a alguien al poder, a la larga no alcanza para que lo conserve”. En tal sentido, el Presidente deberá demostrar que defiende las instituciones con el mismo afán con que lucha por imponer sus ideas económicas.
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