El Olivosgate, lejos de acallarse
Resulta preocupante la constante reticencia del Gobierno a rendir cuentas de sus actos, contradiciendo las leyes y desobedeciendo a la Justicia
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LA NACION
La arremetida gubernamental por negar que la acuciante realidad sea producto de su pésima gestión y por atacar a la Justicia cuando revela groseros actos de corrupción de funcionarios públicos, desconociendo sus fallos y convocando a instalar un clima de inexplicable rebeldía, suma cada día lamentables capítulos. En esta oportunidad, el Gobierno ha decidido que los ciudadanos no tienen derecho a conocer el uso que hace de fondos públicos la pareja del Presidente, Fabiola Yañez.
La Secretaría General de la Presidencia, que conduce Julio Vitobello, apeló la decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 6 para que proporcione toda la información que, desde hace más de un año, viene reclamando la diputada nacional Karina Banfi.
Sin embargo, no es esta la primera negativa del Gobierno sobre el asunto. Tras conocerse la foto de lo que fue denominado Olivosgate, el provocador festejo del cumpleaños de la primera dama, realizado en la residencia presidencial de Olivos el 14 de julio de 2020, en plena prohibición de encuentros sociales impuesta por la pandemia, la diputada Banfi realizó un pedido de acceso a la información pública requiriendo precisiones no solo sobre los ingresos a la quinta presidencial mientras el resto de los ciudadanos permanecían confinados en sus casas, sino detalles de la agenda de la señora Yañez, de sus actividades y empleados y con cuántos fondos y de qué procedencia abona sus servicios. No le respondieron. Hizo un reclamo al haberse vencido todos los plazos legales y obtuvo idéntica negativa. Debió recurrir entonces a presentar un amparo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, tras lo cual el Estado le brindó una información insuficiente, por cuanto le respondió que la primera dama no tiene agenda porque no es funcionaria. Sin embargo, es presidenta honoraria de la Fundación Banco de la Nación Argentina y viaja por el país –lo hizo incluso durante el momento más restrictivo de la pandemia– como parte de actos protocolares de diversas áreas.
Paralelamente, la diputada sostiene que, basándose en que la causa del Olivosgate estaba judicializada, se le brindó deliberadamente información confusa sobre personas que reconocieron públicamente haber sido empleadas de la primera dama.
Como ha dicho la Corte Suprema, “la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no debe ser una gracia del Gobierno”
El derrotero siguió. La agencia le dio la razón a la legisladora y le ordenó a la dependencia de Vitobello entregar “información clara, oportuna y completa”. Una vez más, no lo hizo. Eso derivó en que Banfi presentara un amparo judicial, basándose en que, como ha dicho la Corte Suprema, “la información no es propiedad del Estado y que el acceso a ella no debe ser una gracia del Gobierno, que tiene la información solo en cuanto representante de los individuos”. El juez Enrique Lavié Pico hizo lugar al amparo y fue contundente en su fallo al ordenar al Estado que proporcione la información pública, teniendo en cuenta que “el libre acceso a ella es un derecho fundamental” y que “no se puede soslayar que la denegatoria a brindarla implica un acto arbitrario e ilegítimo que desconoce los principios y derechos consagrados por la ley y la jurisprudencia”. Sin embargo, nuevamente, el Gobierno no solo se desentendió, sino que apeló la decisión del magistrado.
No puede menos que causar indignación el proceder de las autoridades en este caso y en tantísimos otros en los que el Poder Ejecutivo se cree con facultades para imponerse por sobre el Judicial, desacatando sus fallos, tal vez inspirado el gobierno de Alberto Fernández en la vieja y nefasta escuela de los Kirchner en Santa Cruz, cuando desoyeron sentencias de la Corte Suprema en orden a reponer al procurador provincial, Eduardo Sosa.
Debe creer el matrimonio Fernández que haber conseguido un a todas luces improcedente sobreseimiento judicial con el pago irrisorio de 3 millones de pesos, hará que quede en el olvido la escandalosa fiesta en Olivos durante la pandemia. Y que esa dispensa judicial los exime de tener que seguir dando explicaciones. La conciencia social no los ha exculpado de sus responsabilidades. Varias de las víctimas se han presentado recientemente ante la Justicia para pedir que se revise aquella decisión, que no se homologue el ofrecimiento económico y que la causa se reabra para que los acepten como parte querellante. La Cámara Federal de San Martín avaló los recursos y ahora debe decidir Casación.
Entre quienes reclaman esa posibilidad está Pablo Muse, papá de Solange, la joven que murió en soledad, sin que él pudiera cruzar una frontera provincial para acompañarla en sus últimos minutos de vida.
Resulta tan indignante como contradictorio que quienes se muestran como adalides y ampliadores de derechos sean precisamente quienes obstruyan desde sus sitiales de poder el derecho a la información que asiste a una ciudadanía cansada de sus abusos.
LA NACION
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