El nuevo cronograma electoral
Más allá de las dudas que pueda despertar la postergación por un mes de los comicios, resulta tranquilizador que sea el fruto de un consenso parlamentario
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LA NACION
Después de no pocos cabildeos, el gobierno nacional y el principal bloque parlamentario de la oposición alcanzaron un acuerdo para modificar el cronograma electoral mediante una ley que deberá ser aprobada por el Congreso. Si bien los fundamentos de este cambio, basados en la crisis sanitaria, pueden generar dudas, es saludable que, al menos en esta oportunidad, se haya adoptado una decisión trascendente para la vida institucional a través del consenso político.
El acuerdo fue alcanzado entre los jefes de los bloques de diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, junto con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y posibilitaría diferir la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) al 12 de septiembre y las elecciones legislativas generales, al 14 de noviembre.
Según voceros del Gobierno, este diferimiento permitiría ganar alrededor de un mes para avanzar con el lento programa de vacunación contra el coronavirus.
Como ya hemos señalado desde esta columna editorial, suponer que la postergación del proceso electoral por un mes permitirá reducir el peligro de contagios ante la movilización masiva de ciudadanos a los lugares de votación es una simple conjetura, por cuanto nadie está en condiciones de saber cuál será el estado general de la crisis sanitaria que viviremos los argentinos dentro de cuatro meses.
Sorprende, en cambio, que si la preocupación fundamental del Gobierno por diferir las elecciones pasa por evitar más contagios, no se haya considerado discutir en la esfera parlamentaria alguna de las iniciativas legales para introducir el sistema de boleta única en papel. Este mecanismo, alentado desde distintas organizaciones de la sociedad civil, como la Red de Acción Política (RAP), y diversos legisladores nacionales del oficialismo y de la oposición, contribuiría a disminuir la propagación del Covid al limitar al máximo la manipulación de papeletas y sobres en las mesas de votación. Además, permitiría avanzar hacia un sistema electoral más transparente, que impida conocidas maniobras fraudulentas, y un importante ahorro de recursos presupuestarios en impresión de boletas electorales. Esta modalidad, que ya ha sido aplicada exitosamente en provincias como Córdoba y Santa Fe, determinaría, según un estudio de RAP, un ahorro de unos 3000 millones de pesos, con el cual se podrían adquirir tres millones de dosis de vacunas Sputnik V, por citar solo un ejemplo.
La modificación del calendario electoral debe ser entendida como una medida excepcional. El consenso político alcanzado parecería dejar atrás algunos temores asociados a la búsqueda de un rédito electoral para el oficialismo, algunos de cuyos dirigentes pretendían directamente suspender las PASO o incluso realizarlas en forma conjunta con los comicios generales, en un mismo día, lo que hubiera significado un auténtico mamarracho institucional.
Merced a la insistencia de los dirigentes de Juntos por el Cambio, se acordó incluir en el proyecto de ley una “cláusula cerrojo”, con el fin de bloquear la posibilidad de que se suspendan las primarias abiertas o de que se pretenda introducir nuevas modificaciones en el cronograma.
El sistema electoral es uno de los pilares en los que se sustenta una democracia y no debería ser puesto jamás en peligro por especulaciones partidarias ni por manoseos que afecten su transparencia y previsibilidad.
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