El Nacional, despojo consumado
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LA NACION
En un tan clandestino como irregular remate judicial, contraviniendo todas las reglas procesales que la ley venezolana dispone para este tipo de actos, un tribunal de Caracas adjudicó la propiedad de la sede del diario El Nacional y los lotes de terreno sobre los que se encuentra construido al líder chavista Diosdado Cabello Rondón, número dos del régimen.
La jueza interviniente, que casualmente es la hermana del auditor general de Nicolás Maduro, llevó adelante el proceso sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que deben informarse públicamente día, hora y monto mínimo para que los interesados hagan sus ofertas. Lo ejecutó de espaldas a El Nacional y a su representante judicial y sin la presencia de ningún testigo con excepción del abogado del demandante.
El origen de la ilegítima maniobra nos remonta al juicio por difamación iniciado en 2015 y al embargo por daño moral de 2021 luego de que el diario compartió una nota publicada por el periódico ABC de España en la que se informaba que el poderoso chavista Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, era investigado en Nueva York por vínculos con el narcotráfico. Demandas similares contra medios de España y Estados Unidos fueron desestimadas. Cabe recordar que la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estableció una recompensa de diez millones de dólares para aquella persona que colaborase con la captura de Cabello.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, condenó la “consumación del robo del siglo al periodismo independiente, algo que –dijo– solo puede pasar en una dictadura”. Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del diario La Voz del Interior de Córdoba, manifestó: “Sin ningún pudor, de forma abusiva y de espaldas a lo que dicta la ley, [la confiscación] satisface la pretensión de un político que venía fervientemente amenazando con hacer desaparecer al diario”.
El gobierno de Maduro frecuentemente recurre a señalamientos y hostigamientos para amedrentar e intentar silenciar las críticas de la prensa independiente cuando expresa ideas contrarias a sus políticas o denuncia violaciones a los derechos humanos, atentando contra el derecho a la libertad de expresión. Más de un centenar de medios desde la instauración del régimen de Maduro han debido cerrar. No hay periódicos independientes que se impriman en Venezuela.
El furioso despotismo chavista ha coartado todo tipo de libertades. Su último acto ha sido este robo judicial por el cual se apropió de la sede del diario El Nacional, fundado en 1943. Sin embargo, esa aberración no impedirá, sino que seguirá alentando con mayor ímpetu a que, desde su sitio web, ese medio continúe con sus valientes editoriales y sus incondicionales columnistas denunciando los delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos del sufrido pueblo venezolano.
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