El impuesto a los ingresos brutos
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Mucho se ha dicho sobre el impuesto a los ingresos brutos que aplican todas las provincias, dados sus perniciosos efectos económicos y su aplicación piramidal y distorsiva.
El impacto más negativo es producto de los regímenes de retención y percepción que sufren los contribuyentes, generando una importante deuda pública para las provincias, ante la generalización de los saldos a favor. Se percibe el impuesto al importarse un producto y al comprarse un bien, se retiene en oportunidad de la venta y se acredita en cuentas bancarias o billeteras virtuales. Así, una operación de compraventa puede sufrir el impacto de los regímenes de recaudación provincial por operación, considerando las percepciones efectuadas por los proveedores de servicios.
De nada han servido los intentos de solucionar el tema, a través de los consensos fiscales de 2017 y 2021. Los contribuyentes se someten a una presión fiscal por demás importante y nociva, que se acrecienta con los desmedidos costos de administración del perverso sistema.
Las empresas despliegan un arsenal de medidas para lograr de las respectivas direcciones de Rentas una atenuación de las alícuotas de retención o percepción, o bien, en el mejor de los casos, un sistema de exclusión que se tramitan en cada una de las jurisdicciones intervinientes. Estos complejos procesos administrativos terminan generalmente en tareas de inspección con resultados inciertos.
Ante una respuesta negativa, los contribuyentes se encuentran obligados a solicitar la devolución de los saldos a favor, para lo cual también deben enfrentar procesos tan complejos como interminables. En uno u otro caso, el contribuyente se ve obligado a recurrir a la Justicia local, con los costos que ello requiere.
El panorama es por demás desalentador en cuestiones vinculadas al procedimiento de recaudación entre las jurisdicciones, como es el del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb), reglado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. La mayoría de las salas de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha aceptado su competencia, por lo que se inicia así un largo proceso judicial que incluye la concesión de medidas cautelares que tienen por objeto suspender el Sircreb.
Sin embargo, un proceso efectivo y coordinado entre el gobierno nacional y las provincias deberá imponerse para lograr una armonización fiscal.
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